Dos sentencias contradictorias sobre una misma temática tuvieron lugar en los últimos días. En Estados Unidos, un juez consintió a Twitter excluir al expresidente Donald Trump, dado que es una empresa privada y puede hacerlo.
En nuestro país, por el contrario, un tribunal exigió a Instagram reponer dos cuentas en su red, por estar en juego la libertad de expresión. Más allá de las posiciones encontradas, un elemento en común une a estos dos ejemplos: las empresas y los jueces -no los legisladores- son quienes deciden qué voces se excluyen o se permiten en el debate público.
Luego de las últimas elecciones presidenciales celebradas en Estados Unidos, Trump realizó diferentes denuncias de fraude e intentó impedir que el Congreso confirmara los resultados del Colegio Electoral, que consagraron ganador a Joe Biden. Por entonces, sin demasiados eufemismos, arengaba a sus seguidores “...a caminar hasta el Capitolio y a animar a nuestros valientes senadores y congresistas”. Si bien no logró su objetivo, sus partidarios no se privaron de ingresar a la sede del Congreso, destrozar todo a su paso y protagonizar uno de los hechos vandálicos más escandalosos de la historia política norteamericana.
Esas violentas expresiones motivaron que Instagram y Facebook bloquearan sus cuentas. Mark Zuckerberg justificó la decisión afirmando que no podía permitir “....el uso de nuestra plataforma para incitar a una insurrección violenta contra un gobierno elegido democráticamente”. Por su parte, y por similares razones, Twitter, Snapchat y Google también adoptaron medidas restrictivas de ciertas publicaciones de Trump.
Días atrás, el juez de San Francisco, James Donato, decidió rechazar los cuestionamientos formulados a Twitter por parte de los abogados de Trump, que acusaban a esa red de cometer un acto de censura.
El magistrado californiano sostuvo que la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos defiende la libertad de expresión frente a los avances del gobierno y no ante decisiones adoptadas por empresas privadas. En ese carácter, afirmó que Twitter tenía derecho a excluir a Trump por cualquier motivo, o incluso sin ningún motivo.
En nuestro país, la Sala I de la Cámara Civil y Comercial adoptó un criterio decididamente opuesto ante un caso similar. Dos cuentas denominadas herederosdealberdi y herederosdealberdi2 fueron removidas por Instagram, que, al igual que Twitter, también es una empresa privada.
No les resultó nada fácil el pleito a los demandantes. El planteo judicial condujo a un verdadero laberinto procesal, en donde se analizó la compleja relación jurídica entre Instagram, Facebook Arg SRL, Facebook Inc y Meta Platform.
Por un momento, se pensó que el reclamo debía presentarse ante los tribunales del Estado de Delaware, en Estados Unidos, sede del grupo.
Finalmente, el tribunal les otorgó la razón a los demandantes y ordenó a la empresa reponer las mencionadas cuentas. El fallo consideró necesario asegurar el derecho a buscar, difundir y recibir informaciones a través de Internet, estimando que estaba en juego la libertad de expresión.
Ambas sentencias tratan de responder algunas preguntas. ¿Ciertas expresiones deben ser excluidas del debate público? Y, si es así, ¿quién debe hacerlo?
Para el juez californiano, que bien podría ser argentino, las empresas privadas pueden dar respuesta a ambos interrogantes y decidir en consecuencia que se publica y que no. El tribunal local, en cambio, no dudó en limitar las facultades empresarias si estaba comprometida la libertad de expresión.
Más allá de la mayor o menor razonabilidad de los fallos, ambos tienen en común un elemento preocupante. Esa vital libertad, esencial en toda democracia, está en manos de jueces o empresas. Sin hacer una apología de los legisladores, lo cierto es que ellos son quienes mejor representan a la sociedad y deberían regular tal cuestión.
