IVE: como en 2018, será el Senado el que defina

Por Miguel Barrientos y Leonardo Mangialavori 

El actual debate sobre el aborto dentro del Congreso Nacional es el resultado de una historia de luchas de un colectivo que supo aprender de sus desaciertos y crecer, que pudo consolidar sus banderas de ampliación de derechos y aglutinar cada vez más voluntades.

Para poner en perspectiva este proceso, es ineludible recordar que, dos décadas atrás, en nuestro país era impensado discutir la legalización del aborto en el ámbito parlamentario, ya que el apoyo social a la iniciativa era muy minoritario, y estaba concentrado principalmente en el gran centro urbano de Buenos Aires. Hoy la marea verde ha sabido aunar voluntades a lo largo y ancho del país, a través de discusiones y búsqueda de consensos. A esto, se sumó la concientización indirecta de muchas y muchos sobre la necesidad de debatir el tema, a costa del casi medio millón de abortos clandestinos (y de los 35 fallecimientos relacionados)[1] cada 365 días, o de prisiones injustas.

Una mirada a los índices de mortalidad permite comprender que, en materia de salud pública y a pesar de los siete intentos de legislar el aborto, nada se ha modificado en la Argentina. Los indicadores no han mejorado después del fallido intento de 2018, cuando los sectores más férreos contra la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) bloquearon el proyecto, argumentando sobre la posibilidad de recurrir a otras alternativas que ayuden a reducir las muertes por abortos clandestinos. No hubo legalización del aborto, pero dos años después tampoco hubo novedades en la materia. Así las cosas, la frase atribuida a Albert Einstein parece muy adecuada a nuestra actualidad: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.

Donde sí hubo cambios profundos en los últimos años fue en el conjunto de la sociedad argentina. Este nuevo proyecto de ley es el corolario de una intensa lucha, un hito y un punto de inflexión. Su derrotero histórico constituye la vigencia del debate y la principal justificación de la ley. Hace solo cuatro años, consultada por Ámbito Financiero, la entonces diputada nacional Myriam Bregman (FIT) decía: «El aborto no es un tema de agenda para el Gobierno. Este Congreso viene marcando el paso alrededor de lo que manda el Poder Ejecutivo. Los temas de la mujer, y del aborto en particular, son completamente ajenos a las decisiones que se vienen tomando en el Congreso». El contraste con la actualidad del tema es incuestionable, y un solo dato basta para evidenciarlo: por primera vez en Argentina, un candidato a presidente -acompañado en la fórmula electoral por una mujer- hizo de la legalización del aborto una promesa de campaña.

Pero es interesante ampliar la mirada para tener un panorama integral de la situación. En 2006, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito elaboró el primer proyecto, luego de distintos encuentros realizados en años previos. El encuentro de Rosario en 2003 es recordado por haber cerrado con el lema “Por el Derecho a Decidir”, convirtiéndose en un paso fundamental de esta lucha que fue creciendo. Esa primera propuesta de legislación entró al Congreso en 2007, con el objetivo de despenalizar y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo antes de las primeras 12 semanas, pero su tratamiento no prosperó.

En 2010, el proyecto fue presentado nuevamente. Esta vez, se avanzó un poco más: sesenta diputados y diputadas de distinto signo político dieron su firma al proyecto que, meses más tarde, redundaría en una jornada de discusión en la Comisión de Legislación Penal. El proyecto, de todos modos, no llegó al recinto.

A pesar de los primeros tropiezos, 2012 fue un año bisagra para la Campaña y para el proyecto: la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló estableciendo pautas para que las mujeres que tuvieran abortos en las situaciones previstas (peligro de vida, violación aún fuera de los supuestos de demencia o idiocia) no sean imputadas penalmente ni discriminadas por eso; asimismo, se solicitaba que el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales establecieran protocolos claros para estos casos. Con ese impulso, el proyecto fue presentado en el Congreso por quinta vez, pero una vez más no consiguió la aprobación.

En marzo de 2018, el entonces Presidente Mauricio Macri habilitó el tratamiento del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo elaborado por la Campaña Nacional, que sumó muchísimos avales entre las y los legisladores nacionales. El expediente tuvo un enorme impulso gracias a las movilizaciones masivas, que acompañaron su aprobación en Diputados el 6 de junio, con un resultado de 129 votos a favor y 125 en contra. Pero el 8 de agosto el proyecto encontró un freno en la votación en la Cámara Alta, donde fue rechazado por una diferencia de 7 votos (38 en contra y 31 a favor).

La maduración de un proceso

El paquete presentado por el Gobierno de Alberto Fernández contempla dos proyectos que garantizan el acompañamiento estatal, tanto para quienes cursan un embarazo y quieren ser gestantes, como para quienes no desean serlo.

El proyecto del que se habla menos es el Plan de los 1.000 Días, que busca generar el cuidado integral de personas gestantes cursando un embarazo y el puerperio, con el objetivo de bajar las tasas de mortalidad, desnutrición y malnutrición de las y los recién nacidos durante los primeros años de vida. La iniciativa también amplía las asignaciones por embarazo y por hijos, y otorga insumos, como medicamentos y vacunas, para las madres y futuras madres. De todas formas, las luces y sombras del debate apuntan a la interrupción voluntaria del embarazo.

La iniciativa por el aborto legal ingresó al Congreso por la Cámara Baja, donde el poroteo inicial era favorable a su aprobación. Allí, el paquete de leyes hizo su camino hacia las comisiones permanentes.

Tras un intenso intercambio de opiniones por parte de especialistas en la temática y de muchas modificaciones con el objetivo de aunar la mayor cantidad de voluntades posibles, se emitió un dictamen de mayoría, que introdujo algunos cambios significativos al proyecto original: la necesidad de consentimiento de las menores de 16 años, así como el hecho de que cuando, por objeción de conciencia, un centro de salud privado o de la seguridad social no cuente con personal disponible, se derivará la prestación a otro centro para que efectivice la práctica quirúrgica. El viernes 11 de diciembre a las 7 de la mañana, tras 22 horas de sesión, la Cámara Baja incorporó los cambios sugeridos y dio media sanción al proyecto de IVE, con 131 votos a favor y 117 en contra.

Así como en 2018, será la Cámara Alta la que defina. El proyecto ya ingresó al Senado y fue girado a las comisiones pertinentes y, luego de obtener dictamen, pasará al recinto. El debate está agendado para el 29 de diciembre.

 

Deudas, demandas y agendas

Ante el inmovilismo institucional, que -hasta ahora- no dio respuestas a un grave problema de salud pública, los movimientos sociales feministas de la Argentina vienen dando una lección de construcción política colectiva para la transformación social, y hoy están más cerca que nunca de lograr uno de sus mayores objetivos en la lucha por el reconocimiento de sus derechos. El triunfo de este proyecto es, sobre todo, el triunfo de nuestra democracia.

La conquista de los movimientos feministas será probablemente uno de los mayores logros de la ciudadanía argentina en lo que va del Siglo XXI, porque esas mujeres supieron sostener su lucha a través del tiempo, construir lazos de solidaridad y sinergia, establecer una estrategia conjunta y, sobre todo, confiar en el camino de la política como herramienta para cambiar las relaciones de poder y lograr una sociedad más libre, justa y equitativa.

Desde hace dos años, los ámbitos de discusión se ampliaron en forma exponencial, superando viejos tabúes. Hoy, el aborto legal se discute en reuniones sociales, entre familias y amistades, en programas de TV y radio, en foros y a través de redes sociales, en lugares de trabajo, de estudio y en espacios de militancia. Fueron esas discusiones las que permitieron visibilizar una cuestión vedada a comienzos de siglo -cuando el tema se circunscribía a un sector reducido del cuerpo social- y lograron instalar en la agenda de la política una demanda ausente en los medios de comunicación masivos, muchas veces silenciada por grupos de interés y prohibida por algunas de las instituciones más poderosas de nuestro país.

Ante el escenario actual, una vez más, el colectivo a favor de la legalización del aborto demostró gran madurez política y entendimiento del momento histórico que atraviesa, al pedir celeridad en el debate en el Congreso, salteando una etapa que la mayoría de las y los dirigentes consideraron superada. La encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) muestra que el respaldo a la legalización del aborto en Argentina creció de manera constante en los últimos años. De acuerdo con sus resultados, el 57% de la población está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. A diferencia del tratamiento del proyecto en 2018, en esta oportunidad es el propio Presidente de la Nación quien pone en juego parte de su capital político para cumplir su promesa de campaña, que -vale la pena recordar- fue votada por una mayoría de argentinas y argentinos.

Que la diferencia en la votación en Diputados haya sido algo más holgada que en 2018 (cuando se logró la media sanción por 4 votos) es un dato significativo a tener en cuenta. La cuestión del aborto fue un tema muy presente en la campaña de 2019, y también en el armado de listas partidarias, por lo que es válido pensar que la actual relación de fuerzas representa más cabalmente la opinión de las y los electores con relación a este debate.

Pero, además, los datos muestran que la iniciativa ganó mucho apoyo entre las legisladoras nacionales. En la Cámara Baja, la aprobación entre las diputadas creció respecto a 2018, ya que esta vez hubo 61 votos femeninos afirmativos y 45 negativos, mientras que hace dos años los números fueron 50-49. En contraste, entre los votantes masculinos se impuso el rechazo al proyecto (69 a favor y 72 en contra), revirtiendo la tendencia a favor de 2018.

De acuerdo con las proyecciones, esa tendencia femenina se replicará en el Senado, donde se espera que, al menos, 16 de las 28 senadoras voten a favor de la IVE. En cuanto a los senadores, el poroteo (descontando los indefinidos) es de 17 a favor y 24 en contra. Si estos números se confirman, estaríamos frente a un escenario tan paradójico como representativo de una situación que debe cambiar: serían los senadores quienes impongan su posición, colocándose en situación de legislar sobre los cuerpos de las mujeres, sin ser ellos quienes arriesgan su integridad física y mental frente a la posibilidad de un embarazo no deseado.

Habrá que observar si los senadores y las senadoras registran ese cambio de época en el que les toca ser protagonistas y le otorgan, al tratamiento del proyecto, la atención que se merece. Se verá, entonces, si la agenda política es capaz, como en otros momentos trascendentales de nuestra historia, de caminar en la misma dirección que la agenda de demandas de la ciudadanía, transformando a la Argentina en el cuarto país latinoamericano en legalizar la práctica del aborto de acuerdo a plazos y no a causas.

[1] El Ministerio de Salud de la Nación contempla un aproximado de 457.553 abortos por año en nuestro país. En cuanto a los fallecimientos a causa de embarazos terminados en abortos, los números oficiales únicamente dan cuenta de 35 defunciones (en 2018) pero, al tratarse de casos decurrentes de una práctica clandestina, se estima que la cifra sea mucho mayor.

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