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El censo como garante de proporcionalidad y federalismo

Después de censo, el Congreso actualiza (o debería) la distribución de escaños en la Cámara de Diputados

El censo 2022 y sus implicancias políticas.
El censo 2022 y sus implicancias políticas.
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El censo es una de las políticas públicas de mayor despliegue que puede tener un Estado. Implica una movilización de recursos humanos y materiales de tal magnitud que solo se repite cada 10 años. 

La extensión del operativo requiere una coordinación precisa que, en un país federal, está sostenido territorialmente por las provincias y los municipios. 

Dicho operativo es esencialmente una garantía de federalismo, sus aportes son valiosos en este orden, tanto en el inicio como en sus resultados. 

Empezando por la concepción, el censo involucra en todas las instancias de su proceso la participación de cada una de las unidades componentes del sistema federal, las nacionales y las subnacionales. El Censo Nacional de Población Viviendas y Hogares, bajo la coordinación de la oficina nacional de estadística (Indec) con las dependencias provinciales y sus respectivos municipios, se organiza de manera conjunta con aportes particulares. 

Por ejemplo, desde Indec se articulan las directrices y las cuestiones metodológicas, entre otras cosas, mientras que las provincias aportan la base territorial y un porcentaje de los censistas. Es verdad que son diversas las instancias gubernamentales donde se puede probar la forma federal de un país, pero el censo funciona como un “Aleph” de federalismo, ese punto de espacio-tiempo donde se sintetizan todos los mundos, donde en un solo día se debe coordinar, organizar y dirigir la coreografía de un operativo complejo y exigente.

Más allá de esto, no hay que detenerse solamente en el operativo para hablar de una política estrictamente federal. El foco debe ponerse también en los resultados generales que contribuyen en términos de información y por ende en la conformación de un Estado Nación. Desde la gestión pública, por ejemplo, en políticas habitacionales, educativas o de género, hasta la incidencia en estudios de mercado de privados. Los resultados son información para la toma de decisiones, indiscriminadamente del ejecutor: privado, público, tercer sector, academia o sociedad en general. 

El censo nos va a dar (con dato censal y no por proyección) la cantidad exacta de personas que habitan el país y sus provincias luego de 12 años. Pero, más allá del dato que surja, lo relevante es para qué se va a usar este dato y acá es donde tenemos que cancelar deudas. 

Una de ellas, fundamental para el sistema representativo, data de 1983. 

Allá en el pasado, cuando Argentina todavía no había ganado su segunda Copa del Mundo, fue la última vez que se actualizó la distribución de escaños en la Cámara de Diputados desobedeciendo la razón de representación y llevando a desequilibrios notorios en la Cámara Baja. Por conveniencia o desidia, la desproporcionalidad del sistema electoral argentino es un debate pendiente y ausente en las agendas legislativas. Desde el día de la emisión del decreto 22.847/83, se volvió a la democracia, pasaron 12 presidentes, una reforma constitucional (incluyendo el tercer senador), leyes de reforma electoral y muchas cosas más, pero ninguna actualización de escaños de diputados. 

El método vigente sostiene que, después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación, pudiendo aumentar, pero no disminuir la base expresada para cada diputado. 

El refrito de los discursos disuasivos de la antipolítica, con obviedades reduccionistas y demagógicas como también eficientes, pondrá a prueba a los representantes. Si optan solo por escuchar los sondeos de opinión pública o se inclinan por cumplir con el funcionamiento de las instituciones que dicen representar. 

La ecuación es simple: si no se actualiza, no se representa. El censo debe seguir siendo garante de proporcionalidad y federalismo, no basta con su operativo ni sus resultados, sino con lo que la dirigencia política decida hacer posteriormente. 

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