A pocos días de las elecciones del 14 de noviembre, pocos dudan de la importancia crucial de la nueva prueba de resistencia por la que atravesará el sistema político. Está claro que no hay elecciones irrelevantes para la salud de la política. Los resultados inciden siempre sobre casi todos los aspectos de la dinámica política. Incluso en el caso de ese experimento institucional de las PASO, que ha demostrado ser mucho más que un “ensayo general vestidos” de de ese gran espectáculo que serán las elecciones intermedias.
Conviene refrescar algunos datos. El FdT no solamente perdió 16,6 puntos y 4,8 millones de los votos con los que accedió al Gobierno. En sus núcleos territoriales más firmes el apoyo al Gobierno perdió 1,7 millones de votos, lo cual equivale a un 15,2% del electorado. Sin reponerse aun del todo de su inesperada victoria, las fuerzas de oposición obtuvieron, a su vez, más de 1 millón de votos por sobre su base electoral previa.
Un análisis de los datos, proyectados sobre todo hacia el futuro, demuestra que el oficialismo sufrió ante todo una derrota sociocultural, que tratará de revertir a impulsos de energía y gestión política. La dificultad tal vez insuperable está en la imposibilidad de superar una derrota en los valores, los criterios y los principios. A diferencia de otras situaciones similares, como 1983 o 2009, el Gobierno fue castigado por el nervio más sensible de sus apoyos tradicionales.
Como destacó en una de sus epístolas políticas, Cristina Fernández de Kirchner perdió incluso votos propios que acompañaron al peronismo en sus horas más aciagas de 2017 y que esta vez emigraron.
El resultado general de las PASO evidenció su carácter de “elección crítica”. No solo conmovió los alineamientos y realineamientos políticos tradicionales. Introdujo sobre todo un factor de descompresión de la política argentina que reforzó la despolarización que venía insinuándose después de los excesos de las políticas de polarización forzadas desde las elecciones del 2011 y que alcanzaron su paroxismo en 2015 y 2019. Después de las PASO, el resultado de las elecciones de noviembre ha perdido, en efecto, todo dramatismo.
La posibilidad de una alternancia casi automática en el poder es vista como natural y como una consecuencia lógica y natural de las consecuencias políticas de las gestiones que fracasan. La política pierde así todo contenido emocional. La épica tradicional y los llamados emocionales a batallas terminales han quedado atrás. Algo interesante en un país que clama vivir en la normalidad de las rutinas propias de las democracias consolidadas.
Las principales coaliciones tratan de adaptarse con rapidez a las nuevas condiciones. Pugnan por mimetizarse en un paisaje hostil y erizado de dificultades. El oficialismo no ha dudado en desembarcar de su campaña a las “vanguardias esclarecidas” del kirchnerismo. En sustitución de las comisiones de expertos médicos que dialogan con un Presidente inexperto y a la defensiva surge el conocimiento políticamente más experto en las artes no siempre ejemplares de la política territorial, curtidos en las gestiones gubernamentales del peronismo posmenemista.
Ante la política de flotación y escasa imaginación en la economía, se despega a marchas forzadas la estrategia de “poner plata en el bolsillo de la gente”, ensayada con éxito por la gestión de Hernán Lacunza en las postrimerías del Gobierno de Mauricio Macri, aguardando quizá el mismo efecto milagroso de la campaña de Macri en el periodo posterior a las PASO de 2019. Nada indica que logre traducir estos esfuerzos en cambios efectivos de un clima general de suspicacias y pesimismo
La oposición ha reaccionado, en principio, con cautela. Ante el nivel de incertidumbre que sugiere una economía al borde del cataclismo económico, los candidatos de Juntos han tratado de navegar con las luces apagadas, buscando preservar un inesperado y casi mágico 40% del electorado nacional, hasta ahora unido más por el espanto que por una oferta genuina de ideas, propuestas y liderazgos capaces de renovar la oferta política opositora.
Sin embargo, unos y otros miran más hacia el periodo que se abre luego de las elecciones del 14-N que hacia la coyuntura electoral.
Nada de lo que ocurre es vivido por la sociedad sin un cierto sentimiento de estar repitiendo una vez más un ciclo conocido. No es ésta, en rigor, la primera vez que una coalición electoral imaginativa y exitosa a la hora de las elecciones, se estrella a poco andar contra la dura realidad de los hechos. Lo nuevo es la rapidez vertiginosa del proceso. El ciclo es cada vez más breve y el mecanismo de premios y castigos, cada vez más despiadado. Tras apenas dos años de gestión, los recursos del manual de las excusas absolutorias se han agotado. La denuncia fácil de la “herencia recibida” ya no solo cae en el vacío: genera incluso una reacción adversa de consecuencias imprevisibles. Menos eficacia aun parecería tener la invocación exculpatoria exclusa de la pandemia, en la medida en que al fracaso del principio precautorio se suman el fracaso del Estado y el de “los saberes expertos”. El rechazo social alcanza por igual a funcionarios, médicos, economistas y dirigentes sociales.
A las promesas iniciales de revolución social sucede, casi sin solución de continuidad, la necesidad de acreditar y certificar capacidad efectiva de realizaciones concretas. A la lógica de las promesas, la cooperación y la legitimidad horizontal, sucede, en un viaje sin etapas, la lógica de la emergencia, el encierro, las restricciones arbitrarias y la necesidad de una nueva legitimidad vertical, cada vez más difícil para instituciones desgastadas, que parecen haber agotado su capital inicial.
Si todo funciona, el resultado final en las urnas de noviembre puede llegar a ser lo de menos. Lo que habrá importado realmente es que el sistema ha comenzado a funcionar más allá de las capacidades de sus ocasionales protagonistas y que un Gobierno que ni siquiera ha llegado a la mitad de su mandato logre reconstruir las energías institucionales necesarias. Todo dependerá, en definitiva, de su capacidad y espacio para convocar y concretar una propuesta de concertación política medianamente creíble y ejecutable en lo inmediato.
