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Año intenso

Colombia: tecnología y auditabilidad para enfrentar la desconfianza

En tres meses, se renovarán el Legislativo y Ejecutivo, en un país que históricamente tiende a la abstención electoral

Colombia celebra este año un proceso electoral de enorme trascendencia
Colombia celebra este año un proceso electoral de enorme trascendencia
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Colombia celebra este año un proceso electoral de enorme trascendencia, que empezó el 13 de marzo con la renovación de la totalidad de la Cámara de Diputados y de Senadores, y continúa con la elección presidencial el 29 de mayo. Si la persona que resulte ganadora no consigue una mayoría absoluta, se celebrará una segunda vuelta el 19 de junio. 

Esto significa que, en tres meses, se renovarán el Legislativo y Ejecutivo Nacional, en un país que históricamente, y por distintas razones, tiende a la abstención electoral. Mientras que este año la participación en las legislativas alcanzó 47% del padrón electoral, en las de 2018 fue 49% y en 2014, 44%.

Entre las razones que brindan algunos estudios para explicar el fenómeno de la abstención, están la falta de apoyo a la democracia y la desconfianza en las instituciones. Según el Latinobarómetro de 2021, solo 43% de las/os colombianas/os considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.

Sin embargo, de acuerdo al mismo estudio, las/os colombianas/os valoran positivamente sus organismos electorales. En América Latina, 31% tiene confianza en la institución electoral, en el caso de Colombia llega a 54%.

Esto no quiere decir que las organizaciones políticas compartan esa impresión. Es por ello que los organismos electorales están obligados a innovar permanentemente sus procedimientos para hacerlos más transparentes, auditables y confiables.

Los resultados de la elección legislativa han sido cuestionados fuertemente por distintos partidos, y gran parte de los reclamos tienen que ver con el conteo y sobre todo la confección de los documentos electorales.

Una vez cerradas las mesas, los jurados electorales cuentan los votos y completan tres formularios con idéntica información, conocidos como E-14: uno de ellos se usa para el “preconteo”, otro se carga en la web de la Registraduría y el tercero es el que se usa para el escrutinio oficial.

Recordemos que la organización electoral colombiana prevé un proceso de preconteo, que tiene un valor informativo, y consiste en la contabilización de los votos y la transmisión de la información vía telefónica (también por mensaje de texto o fotos) para facilitar la rápida divulgación de los resultados. Esto, entre otros efectos, desincentiva los boca de urna. 

Por otro lado, el escrutinio, de carácter oficial, se hace con los E-14 dispuestos para tal fin, que se digitalizan y transmiten desde las diferentes Comisiones Escrutadoras (municipal, departamental y nacional) para su consolidación nacional.

Es por ello que mientras el preconteo se conoce la misma noche de la elección, el escrutinio definitivo toma varios días e involucra a distintos actores.

La brecha entre el preconteo y el escrutinio oficial fue atípica. Mientras que históricamente era menos de 1%, en este caso fue de 7%, lo que afectó el número de bancas que los partidos obtuvieron entre una y otra instancia. 

Las razones para que esto ocurriera son varias: entre ellas, el formato del formulario E-14. En procesos electorales anteriores partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y especialistas han insistido en la dificultad que representa para los jurados (autoridades de mesa), más aun cuando deben completar, después de una larga jornada, tres formularios con datos idénticos. De hecho, las misiones de observación electoral, entre ellas las de la Unión Europea, se habían pronunciado al respecto y durante su labor recibieron esta advertencia por parte de algunas fuerzas políticas.

Aunado a esto tenemos la complejidad de la elección del Senado. Se elegían 108 senadores (100 por circunscripción nacional, 2 por circunscripción especial por comunidades indígenas, 5 en el marco de los Acuerdos de Paz, y 1 para el candidato presidencial que quede en segundo lugar), con 8 listas abiertas y 8 cerradas, lo que resultaba mucho más desafiante para los jurados en comparación con una elección presidencial, por ejemplo.

Otro punto a destacar es la posición en el E-14 de Pacto Histórico, coalición que recuperó alrededor de 400.000 votos entre el preconteo y el escrutinio. 

Diferentes testimonios han dado cuenta de que su ubicación en la parte inferior (posición que reciben los partidos por sorteo) confundió a los jurados, que podían tomarlo como un pie de página o identificarlo. También es posible que en los casos en los que el preconteo se hizo a través del envío de imágenes de las actas, al momento de capturar la imagen se recortara la parte más baja del documento, quedando fuera el cómputo de esta coalición.

Dada la diferencia entre el preconteo y el escrutinio, y las denuncias por parte de distintos partidos y organizaciones, el Registrador Alexander Vega anunció el lunes 21 que, con el objetivo de brindar confianza y certidumbre, solicitaría un reconteo total para el Senado. Sin embargo, el día siguiente informó que tras una reunión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, los partidos políticos consensuaron continuar con el escrutinio, por lo que descartó el reconteo. 

Más allá de lo relatado, el proceso electoral ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de algunas instancias previstas en la legislación colombiana que pudieran ser ampliamente mejoradas con la incorporación de tecnología para evitar estos percances.

Recordemos que la Registraduría presentó una reforma del Código Electoral que incorpora la modalidad de voto electrónico. De hecho, en noviembre de 2020 las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron la Ley Estatutaria 234 que establecía que el voto presencial contaría con la modalidad manual, electrónica mixta y anticipada (solo para votaciones en el exterior). Los legisladores dejaron por fuera el voto electrónico remoto y voto anticipado electrónico remoto.

El voto electrónico mixto implicaba el empleo de tecnología “en el proceso de emisión y/o en el de conteo del voto”. Si se hubiera implementado para esta elección, no solo se le habría facilitado al electorado la selección de sus candidatos (recordemos que además de las elecciones legislativas también hubo primarias partidarias), sino que los jurados de mesa no habrían tenido que contar los votos y completar los tres formularios después de largas horas de jornada electoral. 

Sin embargo, esto no fue posible en primer lugar porque la Corte Constitucional sigue “estudiando” la reforma, lo que ha impedido su entrada en vigor, y por otra parte, la Ley establece que esta modalidad no podía implementarse antes de las elecciones de 2023.

Pero si la automatización del voto resultaba demasiado ambiciosa, soluciones tecnológicas que asistan al voto manual también pudieran fortalecer el proceso. Por ejemplo, incorporar tecnología en la digitalización y transmisión de las actas desde todos los centros de votación (en vez de transmitirlas vía telefónica o por mensaje de texto) no solo daría mayor celeridad y certidumbre, sino que simplificaría el proceso (en lugar de tener comisiones escrutadoras a nivel municipal, departamental y nacional). 

Las presidenciales del próximo 29 de mayo, al contemplar solo una categoría, no enfrentará las dificultades de las legislativas. Sin embargo, las recientes elecciones han dejado clara la importancia de la innovación en la administración de elecciones. 

En ese sentido, no solo es tarea de las autoridades comiciales, que en la mayoría de los casos conocen a profundidad los problemas a los que se enfrentan y proponen soluciones sino de la clase política (Congreso) y las instituciones, facilitar la implementación de soluciones tecnológicas que den respuestas a los desafíos que enfrenta cada país. 

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