Existen elecciones en las que se vota pero no se elige. Son opacas, con autoridades leales al poder, sin alternativas al oficialismo, en las que los medios de comunicación independientes son criminalizados y los ciudadanos disidentes inhabilitados para competir.
Así como en las democracias se trabaja constantemente en su perfeccionamiento, en las autocracias sucede lo propio. Las autoridades continúan innovando para arrebatarle a la población su capacidad de incidir en los asuntos públicos y de ejercer su agencia ciudadana.
Esto es lo que sucede en Cuba: la Constitución cubana prohíbe el pluripartidismo y otras formas de asociación política. El texto establece que Cuba es “un Estado socialista”, de partido único, representado en el Partido Comunista de Cuba (PCC), al que denomina “vanguardia organizada de la nación cubana (...) orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista (...)”.
Aunque en teoría el PCC no propone, nomina, o promueve candidaturas, controla absolutamente todas formas de acceder a los órganos del Poder Popular.
Incluso las autoridades del Consejo Electoral Nacional (CEN) son propuestas por el presidente de la República. Con esta forma de designación, el PCC asegura su dominio y control, de manera que queda en letra muerta el principio constitucional de “independencia funcional respecto a cualquier otro órgano”.
El domingo 25 de septiembre se habrá celebrado el referendo del Código de las Familias de Cuba (al momento de escribir estas líneas aún no se realizó, y cuando el lector encuentre este artículo ya habrá sucedido) y uno puede esperar, de acuerdo a las experiencias plebiscitarias de la Cuba revolucionaria de 1976 y 2019, que se concrete la opción apoyada por el gobierno, en este caso la aprobación de este Código.
¿Por qué esperar este resultado? La élite gobernante ha dispuesto de todos los recursos del Estado para promover la aprobación del Código. Incluso el CNE o la ANPP difunden mensajes desde sus cuentas institucionales invitando a votar a favor de la aprobación de la Ley. También hacen lo propio las cuentas de redes sociales de los ministerios e incluso el mismo Presidente de la República, Miguel Díaz Canel.
Aunque la ley electoral “excluye” todo tipo de propaganda electoral, los medios oficiales han desplegado una campaña a favor de la aprobación y han invisibilizado a los grupos que están en contra, así como los que promueven la abstención o el voto nulo, que tampoco cuentan con espacio en los medios digitales independientes más importantes.
De esta manera, se espera que el Gobierno use toda su estructura para garantizar la aprobación del Código de las Familias este 25 de septiembre, y utilice los datos de participación como un bálsamo legitimador.
Los derechos de las minorías cuyos derechos se regulan en el Código de las Familias se han instrumentalizado a través de este ejercicio y dependerán de la voluntad de una mayoría circunstancial.
