Luego de la "victoria simbólica" de la oposición en el estado de Barinas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela imposibilitó la convocatoria a un referendo revocatorio para solicitar el cese de la presidencia de Nicolás Maduro.
Si en 2016 la estrategia del CNE fue dilatar y entorpecer el proceso, en esta ocasión se “habilitó” vertiginosamente el proceso de recolección de voluntades, y las condiciones que impuso para este evento hicieron materialmente imposible el cumplimiento de los requisitos mínimos para llevar a cabo el proceso revocatorio.
Pese a que la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) da al CNE la posibilidad de extender el proceso de recolección de firmas por un plazo máximo de tres días, el ente comicial otorgó apenas 12 horas para el recogimiento de las voluntades del 20 % del padrón electoral (por cada distrito).
Esta cifra, que corresponde a 4,2 millones de firmas (equivalentes al 20 % del padrón electoral a nivel nacional) debía recolectarse en ese breve lapso y en apenas 1.200 puntos en todo el país.
Esto suponía que, para alcanzar el objetivo del 20% del padrón nacional, se necesitaba la firma de 5 electores por minuto en todos y cada uno de los centros de recolección durante las 12 horas habilitadas para este fin el pasado 26 de enero.
Cada firmante debía identificarse, mostrar su cédula, firmar y colocar 4 huellas dactilares en tan solo 12 segundos para poder cumplir con el número mínimo de firmantes en el tiempo establecido.
Sumado a estas condiciones, las organizaciones convocantes denunciaron también la falta de garantías en el proceso, sumada a la amenaza que representa para la ciudadanía expresar abiertamente su voluntad bajo un Gobierno que ya ha tomado represalia contra las personas solicitantes en iniciativas anteriores.
Asimismo, las organizaciones políticas y civiles que solicitaron la activación del referendo exigieron al CNE aumentar la cantidad de puntos de recolección de firma y que el 20% de las voluntades se contabilice de forma nacional y no por estado, dado que el cargo que se pretende revocar es nacional.
Las condiciones que impuso el CNE para la recolección de voluntades deja claro que el Gobierno, con su influencia en el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), promovió la participación en las elecciones regionales de 2021 porque consideraba que no arriesgaba el poder político y, de hecho, cuando fue derrotado en el simbólico estado Barinas, usó a la Sala Electoral del máximo tribunal para anular los resultados y repetir ilegalmente la elección.
Aunque la composición del directorio del CNE sea “menos desbalanceada” y se hayan hecho mejoras a nivel técnico, tal como expresó el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en noviembre pasado, en Venezuela hay un profundo “deterioro del estado de Derecho en un contexto de graves violaciones a derechos humanos”, lo que impide el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
