El atentado contra la vicepresidenta y la hipótesis del retorno a formas de terrorismo político puso en boca de varios dirigentes, empezando por Cristina Kirchner y Alberto Fernández, la noción de "ruptura del pacto democrático".
Como si las bases más profundas que permitieron construir la estabilidad política e institucional de Argentina desde 1983 hubieran sufrido el balazo fallido. E hicieron llamados varios a repararlo.
Sin dudas, lo que pasó fue gravísimo, y la Argentina contemporánea no admite ningún tipo de violencia política. Así y todo, la idea del pacto roto resultó incómoda. De hecho, no alcanzó para movilizar al conjunto de la dirigencia detrás de la causa anunciada. No conmovió.
Eso solo ya invita a pensar. Tal vez, una parte importante de la sociedad argentina no creyó que tal pacto se hubiera roto, y por eso la propuesta no prosperó. También, es posible que el pacto ya estuviese roto, y por eso nadie se sorprendió cuando declararon su ruptura; es probable que muchos militantes de la grieta lo vivan así. Y hay otra posibilidad: que el pacto de 1983 nunca fue lo suficientemente sustantivo como para sobrevivir a sus ulteriores invocaciones. Es decir, que fue un pacto liviano, incapaz de seguir conmoviendo.
Al pacto de 1983 lo reconocemos por sus posibles quiebras. Como los motines carapintadas de los '80 y principios de los '90, y la represión policial de la crisis de 2001. En estas ocasiones, aparecieron los actores y garantes del pacto, que son los políticos reunidos, los organismos de derechos humanos, el mito del padre Alfonsín, en cierta medida las religiones tradicionales. Una alianza entre partidos políticos representativos, y actores legítimos de la sociedad civil. Los contenidos del pacto, entonces, serían dos: democracia y no violencia. Paz y elecciones.
El atentado reciente quiso meterse en esa línea: la violencia contra la vicepresidenta pone en riesgo a la democracia, y por eso atenta contra lo construido en estas cuatro décadas. Por eso, los exégetas del pactismo discuten la legitimidad de quienes lo siguen invocando: ¿son lo mismo la banda de los copitos y los carapintadas? ¿Las Abuelas y Madres de esta era son las mismas de ayer? ¿El radicalismo en Cambiemos merece el legado de Alfonsín? ¿La convocatoria de Alberto Fernández se asemeja al balcón de Alfonsín y Cafiero? Y la lista sigue. Es discutir los símbolos del mito en sus propios términos, y con la decepción nostálgica de lo que ya no es. Y partiendo, por supuesto, de la convicción de que el mito sirve y aún convoca.
Sin embargo, frente a otros desastres cotidianos como la pobreza, la indigencia y los ingresos miserables, el pacto no es invocado. Ahí se pone en evidencia que nuestro pacto nunca tuvo un capítulo económico y social. Pudo haberlo tenido: en diferentes transiciones y refundaciones de régimen, sea en Europa mediterránea u oriental, en la Alemania desnazificada, en Corea del Sur o en China, los fundadores del nuevo orden fueron recordados por sus modelos económicos, además de sus garantías de paz y elecciones. El famoso y tan citado Pacto de la Moncloa fue un plan económico. Nuestro pacto de 1983 no tiene su Alfonsín del crecimiento económico ni sus Madres de los servicios públicos de calidad. Las invocaciones al consenso para crecer son siempre vacías y banales porque no remiten a ningún contrato social conocido. Se habla de acordar "cinco o seis puntos fundamentales" y nunca se dice cuáles son. 1983 fue una refundación limitada porque se basó, precisamente, en sólo dos valores. Paz y elecciones. Alfonsín mintió cuando dijo que eso alcanzaba para educar, curar y comer.
¿Y por qué nuestro consenso básico no habló de economía, siendo la nuestra una nación que fue creada por gente que eligió vivir aquí para progresar? Es una pregunta difícil. En mi opinión, en 1983 se omitió la economía porque implicaba discutir los errores institucionales profundos que habían cometido muchos de los partidos políticos que estaban en la mesa firmando el pacto. Los refundadores de 1983 tenían coraje, sí, pero tampoco tanto. Paz y elecciones eran más fáciles de acordar. Y era necesario acordar. Aunque para entonces el estado había extraviado su modelo económico, era incapaz de gobernar la economía, y pese a ello un antiestatalismo furioso se había colado en la mesa. Los actores políticos y sociales que firmaron el pacto estaban allí para reclamarle al estado, no para reconstruirlo. El estado era criminal, unitario, deudor de derechos y de justicia, deudor en general: había que llegar a él para gobernarlo y, desde sus oficinas, reparar a la sociedad. Así llegamos, 40 años después: con paz, con elecciones, y sin Estado.
