Según el Índice de democracia 2023 de la publicación británica The Economist, 2024 será un año intenso desde el punto de vista electoral: aproximadamente la mitad de la población mundial estará en condiciones de asistir a las urnas para dirimir elecciones nacionales y locales.
América Latina es parte de este ciclo electoral. Se celebran elecciones presidenciales en 6 países. El Salvador ya tuvo sus comicios, el 4 de febrero, con la reelección de NayibBukele, quien obtuvo el 84,6% de los votos y 54 escaños (sobre 60) en la Asamblea Legislativa. Panamá (5 de mayo), República Dominicana (19 de mayo), México (2 de junio), Uruguay (27 de octubre) y Venezuela (28 de julio), a pesar de que en este último caso es esperable que las elecciones no sean libres y limpias, es decir que no sean democráticas.
Aunque no elige presidente, Brasil celebrará elecciones municipales (6 de octubre), que servirán como termómetro del respaldo al actual gobierno, al igual que las elecciones regionales y municipales de Chile (27 de octubre).
¿Qué podemos esperar de este nuevo ciclo? ¿Cuál es el estado de la democracia en la región?
En cuanto a los resultados, la incógnita principal es siseguirá el panorama de derrotas para el oficialismo, que ha venido prevaleciendo en la región en los últimos años (desde 2018), con 18 alternancias sobre 20 elecciones (las excepciones son la elección de Paraguay en 2023, en las cuales retuvo el poder el Partido Colorado y la reciente reelección de Bukele en El Salvador); o si los partidos en el poder tendrán más oportunidades para retenerlo. Final abierto, aunque hay buenas chances de que los oficialismos en República Dominicana y México, que pueden mostrar resultados económicos y sociales aceptables, consigan un nuevo período.
Cualquiera sea la orientación que tome el ciclo electoral de este año, es indudable que se desarrolla en un contexto adverso para la democracia latinoamericana. Cuatro tendencias son claves en este sentido: desafección democrática, estancamiento económico, crimen organizado y corrupción.
América Latina participa de la recesión democrática que atraviesa el mundo occidental, tal como se señala en diversos informes reciente como Riesgo político América Latina 2024, del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, el Latinobarómetro 2023 y el Democracy Index, de The Economist. En este último, la región marcó su octavo descenso consecutivo 2023 (de 5.79 a 5.68).
Las democracias -con diversidad de adjetivos- todavía son mayoría: 16 frente a 4 regímenes autoritarios (Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití).
Sin embargo, la desafección ciudadana es creciente. Según datos del Latinobarómetro 2023, el 48% de los latinoamericanos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, un retroceso de 15% en relación al momento de mayor apoyo (en el período relevado por este estudio, desde 1995 a la fecha) en 2010, cuando llegó al 63%.
Existen amplias variaciones entre países, que van desde el 70% de apoyo en Uruguay al 32% en Honduras, pero la tendencia descendente es clara y, peor aún, es más marcada en los jóvenes (sólo 43% de la población entre 16 y 25 años apoya la democracia). Yendo al extremo, el 66% de los latinoamericanos está de acuerdo con la afirmación "La democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno" (lo que Latinobarómetro llama "Democracia Churchilliana"), un indicador que mide el acuerdo teórico con la democracia como sistema de gobierno.
Pero si el respaldo a la democracia se sostiene, la disconformidad con sus resultados aumenta. Según el mismo informe, sólo el 28 % de los latinoamericanos está conforme con el desempeño de la democracia, un porcentaje significativamente menor del 46% alcanzado en 2009, el año de mayor respaldo.
Un sendero peligroso: tal como recuerda Juan Linz en un texto clásico (La quiebra de las democracias), legitimidad y eficacia están considerablemente imbricadas: una democracia que no provee soluciones a los problemas básicos que afronta la sociedad, suele ver deteriorada su legitimidad en el tiempo. En otras palabras, si la región quiere evitar la continuidad de la recesión democrática, es importante que los gobiernos democráticos mejoren su delivery, su capacidad para entregar resultados.
Esto nos lleva a un segundo punto: el bajo crecimiento económico, que dificulta el progreso social, es uno de los problemas que contribuyen a la desilusión de los latinoamericanos con el régimen democrático. América Latina ha cerrado una segunda década perdida en materia económica. En el ciclo 2013-2023, el crecimiento económico promedio fue de apenas 0.8%, de acuerdo a cifras de la CEPAL.
Para 2024, el Banco Mundial espera un crecimiento anémico (2,3%) para América Latina y el Caribe, apenas por abajo del promedio mundial (2,4%), pero el más débil entre las economías emergentes (que se espera que alcancen el 3,9%).
Mientras tanto, las desigualdades persisten: según la CEPAL, el decil de mayores ingresos acumuló en 2022 el 34,8% de los ingresos, en tanto que el más pobre alcanzó el 1.7%, cifras similares a las de 2013 (aunque mejores que el 41,2% y 1,1% registrados en el año 2000). La región tampoco ha modificado de manera significativa su estructura productiva, centrada en la producción y exportación de recursos naturales, con escaso agregado de valor.
Otro problema que contribuye a la recesión democrática es el auge del crimen transnacional organizado, en especial del narcotráfico. Más allá del actual recrudecimiento del conflicto fronterizo entre Venezuela y Guyana en la región del Esequibo, América Latina es una región con baja incidencia de los conflictos interestatales (la última guerra fue entre Perú y Ecuador en 1995). Presenta, sin embargo, un importante nivel de violencia intraestatal y transnacional.
Según el IV Estudio Mundial sobre Homicidios de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), en 2021 la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes fue de 9,3 en Sudamérica, 16,9 para Centroamérica, y de 12,7 en el Caribe, muy por encima del promedio mundial de 5,8. El mismo estudio indica que el crimen organizado es responsable de la mitad de los homicidios en la región.
El caso más notorio de incremento de la violencia es Ecuador, que ha visto unalza del 94,7% en su tasa de homicidios entre 2021 y 2022. Más allá de los costos humanos y materiales de laviolencia, y de la extendida percepción de inseguridad que genera en la ciudadanía, el crimen organizado penetra la política, las fuerzas de seguridad y la economía legal de diversas formas, convirtiéndose en un actor clave en el gobierno de la sociedad.
Finalmente, un tercer elemento que contribuye a la desafección ciudadana es la corrupción. La percepción de corrupción es elevada en la región, tal como muestra el índice de Percepción de la Corrupción relevado por la organización Transparencia Internacional. En ese estudio, realizado anualmente, la región obtiene un puntaje significativamente menor al promedio mundial, con tres países -Venezuela, Nicaragua y Haití- entre los 10 lugares más bajos y sólo tres países (Uruguay, Costa Rica y Chile) entre los primeros 50 (Informe 2022).
Adicionalmente, desde el inicio de la transición democrática, en los '80, 22 presidentes han sido condenados por hechos de corrupción en 8 países (Latinobarometro 2023). Resulta innegable que algunas de esas condenas estuvieron débilmente fundadas y tuvieron una intencionalidad política transparente, como la de Lula Da Silva. Pero la tendencia es clara: buena parte de la dirigencia latinoamericana participa de manera directa o está vinculada a prácticas corruptas.
Queda por delante la mayor parte de un año con fuerte actividad electoral. Hasta ahora, las democracias latinoamericanas demuestran su resiliencia en contextos de bajo crecimiento económico, persistente desigualdad, auge del crimen organizado y corrupción endémica.
Con diferencias significativas a nivel subregional y nacional, una mayoría de latinoamericanos continúa respaldando la democracia. Pero las luces de alarma están encendidas: la desafección ciudadana es creciente. A la larga, la democracia -como cualquier otro régimen político-necesita producir resultados valorados por la ciudadanía para sostenerse.
