Debieran ser transparentes, pero las aguas que serpentean en los tribunales van contaminándose; las sospechas ensucian costas donde debiera reinar, intocada, la virtud.
La República Avergonzada asiste a juicios políticos inaceptables, proyectos disparatados, encuentros secretos, mensajes auto-incriminantes. Un gran riesgo para la relación de confianza indispensable que debe existir entre electores y elegidos. Es decir, para la democracia.
Y parece la cuestión donde la Unión Cívica Radical tenga al mismo tiempo las mayores oportunidades y la más riesgosa de las acechanzas. Su historia emerge como la más rica en la defensa de la institucionalidad y el respeto a la autonomía judicial.
Una deuda peronista
Entre sus ricos éxitos y legados -que los tiene, por cierto- el peronismo nunca se ha destacado por impulsar una relación deseable entre la Casa Rosada y los tribunales. Los radicales lo detectan casi instintivamente y suelen denunciarlo sin dudar, desde los años '40.
La presidencia de Alberto Fernández se llenó de palabras contra los tribunales pero no parece haber avanzado ni un centímetro. Y su carácter de profesor universitario -en una Facultad que dio una docena de presidentes de la Nación- se deshilacha inútilmente con el asombroso proyecto de una Corte Suprema de 24 miembros, capaz de convertir el más alto tribunal del Estado en dependencia de una Junta de Gobernadores. Una especie de Consejo Federal de Inversiones.
El anunciado juicio político a la Corte no sólo es inviable; también perjudica al propio Gobierno. Un conflicto de poderes ahuyenta inversores, destila inseguridad y termina complicando las cuentas públicas con su inevitable efecto sobre la vida de las gentes y, finalmente, el voto ciudadano. A pura pérdida, porque la teatralidad que pueda desfilar por el Congreso terminará frustrada por la imposibilidad de construir una mayoría para juzgar al presidente de la Corte.
La mayoría automática
La revolución llevada a cabo en 1989-99 por la presidencia peronista devino uno de los episodios más inesperados. Una campaña típicamente justicialista, con promesas de redistribución del ingreso combatiendo al capital, defensa de las empresas públicas, crítica a las privatizaciones.
Al llegar, Carlos Menem hizo todo lo contrario. Semejante esfuerzo logró el respaldo inmediato de numerosos factores de poder externos e internos. Sin embargo, las leyes vigentes eran un estorbo para semejante deconstrucción del Estado y la sociedad argentina, su tejido social y económico.
La todavía potente oposición radical había decidido llevar a los tribunales las demasías de ilegalidad y las sospechas de corrupción (se demostró un error, al abjurar de una actividad que debió haber sido centralmente política, ideológica y de movilización).
"Perfecto, que vayan a la justicia. Nosotros pongamos la Corte". Ese sencillo mecanismo permitió la grotesca ampliación de la corte a nueve miembros. Los juristas quedaron en eterna minoría ante Los Cinco. Esa nueva Corte enchastró el prestigio del alto tribunal y falló en todos los casos relevantes detrás de las órdenes del Ejecutivo. Le valió el poco edificante carácter de "La Mayoría Automática". Lo contrario del Derecho.
Así el proyecto menemista logró conformar el nuevo diseño de la Argentina, cuyo tejido social por primera vez desde los tiempos virreinales conoció la desocupación estructural masiva, expandió el trabajo en negro, destruyó el sistema educativo armado por el Estado durante más de un siglo y promovió un bandolerismo desconocido en la historia patria.
El envío de sobresueldos a los altos funcionarios (largamente probado) no fue el único destino de fondos secretos de uso discrecional. Resuelta la última instancia, había que aliviar a la Corte de entender en todos los asuntos. Ganar la buena voluntad de determinados magistrados promovió las recompensas. Una base de seducción, ya que no para la Idea, al menos para la Materia.
¿Y con esto que hacemos?
Algunos gestos del PRO evocan al menemismo. No es casual: allí abrevó parte de su principal dirigencia. Directamente en la política, con negocios comunes o apoyando desde afuera. Se expresa muchas veces en la orientación internacional, la visión sobre el mercado y el Estado. En el fondo, algunos sueñan con una reivindicación de los años noventa. Y una omisión voluntaria y perpetua sobre las demasías menemistas con el derecho. Se embanderan con la defensa actual y militante de la justicia y jamás cuestionan la abyección de las relaciones carnales con la Corte de los noventa.
En las últimas semanas se mezclaron rumores y certezas de encuentros non sanctos entre dirigentes del PRO, magistrados judiciales y operadores mediáticos. Las incompatibilidades se pusieron al rojo vivo y la interminable guerra de servicios de inteligencia no parece tomar senderos deseables.
Los radicales se ufanan de su culto a la transparencia. ¿Deben reclamarle al socio idéntica transparencia? ¿O eso sería hacerle el juego al Frente de Todos?
Una vez más el dilema inevitable entre la ética de los principios y la ética de la responsabilidad. ¿Hasta dónde pueden tensar los principios? ¿En qué lugar ha de primar la responsabilidad?
Dato histórico: el vehemente rechazo radical contra la falta de transparencia no nació contra el justicialismo, sino para denunciar ácidamente las corruptelas de la Generación del 80, cuando Alem e Yrigoyen fustigaron las malas prácticas conservadores. Un combate que arrancó con las armas, siguió con la movilización y no terminó hasta que las fuerzas conservadoras se disolvieron como opción de poder democrático, en 1943. Los radicales nunca callaron. Enfrentaron gestos autoritarios y corruptelas de conservadores, dictaduras militares y justicialistas.
Desde la oportunidad, ¿y si alguna candidata o candidato de Cambiemos decide ganarles de mano?
Y la propia conveniencia. Si la UCR calla, ¿no corre el riesgo de perder una de las banderas que parte del país les sigue reconociendo? ¿Cómo mejorar su rol negociador ante el socio principal si no debate allí donde posee los mejores pergaminos? ¿Qué modelo de país, con qué valores y cuáles banderas aspira el radicalismo a volver al poder?
Da la sensación que el radicalismo no está encontrando el modo -porque no puede, no sabe o no quiere - de articular una posición que conserve la herramienta electoral Juntos por el Cambio y al tiempo le permita disputar poder al PRO.
Por eso, voluntaria o involuntariamente, muchos han archivado los reclamos igualitarios y la defensa del no alineamiento internacional. Podrían conformarse recordando que siempre existió en el radicalismo una corriente -generalmente minoritaria - que concentró su discurso en las instituciones y la República. No lo eran Hipólito Yrigoyen, Arturo Illia, Ricardo Balbín ni RaúlAlfonsín (por no citar a Leopoldo Bard, Moisés Lebensohn o Crisólogo Larralde), pero sí Fernando de la Rúa o Marcelo de Alvear (a quienes ciertos radicales influyentes reivindican como secreta crítica a Yrigoyen y más secreta aún contra Alfonsín).
En el fondo se dibuja el riesgo de convertirse en una suerte de Movimiento Democrático Brasilero (MDB), confinado a aliarse con quien pueda con el propósito parroquial de renovar algunos mandatos legislativos y provincianos, cada vez más lejos de una oferta nacional.
La política y la moral no siempre van en idéntico sentido. Pero si van en direcciones opuestas, un choque de frente hará que el sistema cruja y las gentes vuelvan a preguntarse por el sentido de la vida colectiva en el espacio compartido....
