Gobernar con el 70% de acuerdo social y político puede parecer una utopía, pero es el deseo que ha manifestado el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en reiteradas ocasiones. La Legislatura porteña aprobó el presupuesto que será el último ejecutado bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y es una muestra de su perfil como negociador político y administrador público.
El bloque oficialista en la capital reúne la mayoría absoluta del total de bancas en la legislatura (32/60), por lo que su necesidad de acuerdo parlamentario está limitada a los temas que requieren mayoría especial. Desde que Larreta llegó a la jefatura nunca tuvo que lidiar con una minoría legislativa que ponga en juego su gobernabilidad. Sin embargo, desde este año comenzaron a surgir algunos roces entre los lineamientos políticos de los diversos integrantes de la coalición. La Coalición Cívica y sobre todo Republicanos Unidos coquetearon con la idea de unirse a los bloques de la oposición para impulsar reformas que afectan directamente los objetivos del ejecutivo.
Pero ni aún reuniendo en su coalición al Partido Socialista y a los liberales de López Murphy, Larreta llega a su deseado 70% con el que quiere gobernar. En la discusión por el presupuesto logró ampliar los votos positivos por fuera de los de su coalición. El voto del legislador que llegó por espacio de Roberto Lavagna fue clave para no depender de la voluntad de los liberales de Republicanos Unidos. De cualquier manera, con algunas concesiones de mínimas bajas de impuestos y tasas, los votos de los liberales moderados fueron asegurados con un costo fiscal mínimo.
Las bajas de impuestos acordadas en el debate donde se sancionó el presupuesto representan el 0,04% de los recursos totales, mientras que el aumento nominal del presupuesto para el año que viene es del 86%. Con una estimación de inflación para el 2023 del 60% y un crecimiento esperado del producto del 2%, la proyección presupuestaría estaría aumentando el gasto público un 24% en términos reales.
Este aumento del gasto respeta una tendencia histórica en la Ciudad que se acrecentó desde la llegada al poder del PRO. Paradójicamente, el partido político que se percibe como liberal y anti estatista ha duplicado el peso del gobierno local en el producto. Y aunque esto tenga que ver con el aumento de las responsabilidades del distrito capital, tiene uno de los estados subnacionales más grandes en relación con sus habitantes.
La Ciudad, aparte ser el lugar de trabajo del 58% de la administración pública nacional, tiene el índice de trabajadores provinciales (y municipales) más alto entre las 5 provincias más grandes. Esto tiene su contracara en la presión impositiva, donde el distrito capital fue una de las únicas tres provincias que aumentaron la alícuota efectiva de ingresos brutos entre 2017 y 2022. Este aumento va en contramano de los consensos fiscales acordados y representa una anomalía entre las cinco provincias más pobladas.
Larreta pudo generar consensos al interior de su coalición y dar mínimas concesiones para mantener la unidad. Esa unidad es, en parte, causada por las grandes posibilidades de contención de aliados políticos en la estructura gubernamental de la Ciudad. La superabundancia de recursos del distrito capital es una excepción en nuestro país, y es gracias a ella que el Jefe de Gobierno pudo poner en practica su política de acuerdos tan extensiva. La administración del Estado Nacional dista mucho de esta situación por lo que el mandatario no podría replicar su estrategia. El desafío de unos de los principales precandidatos a suceder al presidente Fernández es acomodar su practica política a unas posibilidades de gestión y contención extremadamente limitadas.
