Nunca falta el defensor de la participación ciudadana que en época de discusión del presupuesto alce la voz sobre la importancia de involucrarse en el debate público. La Ley de Leyes efectivamente ordena las posibilidades de acción de un gobierno y, por supuesto, es uno de los mayores insumos para describir objetivamente el perfil de una administración.
La frustración de estos paladines de la participación se concentra en la apatía de los ciudadanos/votantes a involucrarse en la discusión del presupuesto nacional. Sin embargo, la rosca del Congreso convoca la atención de todos los principales medios del país, mientras que en la sección de legislaturas provinciales reina el silencio.
En las últimas semanas se presentaron los presupuestos subnacionales cuyas directrices condicionarán las políticas públicas provinciales en 2023. A pesar de que nuestra Constitución nos organiza como un federalismo; social y culturalmente padecemos del centralismo. Este, causado fundamentalmente por la distribución demográfica, tiene como efecto adverso la nacionalización de los debates porteños. Los principales medios de comunicación; gráficos, televisivos y digitales, no solo están emplazados en la ciudad capital, sino que la mayoría de su contenido no va más allá de la General Paz. La prensa especializada provincial lucha contra esta hegemonía de las noticias nacionales en una cancha, más que inclinada, vertical.
Esta sobredimensión otorgada, social y mediáticamente, a los asuntos nacionales está relacionada con la competencia estatal de los mayores problemas de todos los argentinos. Siendo la política monetaria y fiscal responsabilidad cuasi exclusiva del Gobierno federal, queda poca atención del votante a los temas de competencia provincial, al menos mientras conviva con tres dígitos de inflación. Sin embargo, a pesar de que más del 80% de los recursos tributarios argentinos son recaudados por el Estado Nacional, el gasto se divide en partes iguales con las provincias. Esto hace que las unidades subnacionales sean igual de responsables de una de las caras de la política fiscal.
El consenso suscripto por las provincias en 2017 trató de abrir una etapa de responsabilidad en las cuentas locales. La baja paulatina de Ingresos Brutos, unos de los tributos más perjudiciales para la actividad económica, y la tendencia hacia el equilibrio financiero son los dos ejes fundamentales de este pacto. La pandemia llevó a rever algunos de los objetivos, dado que muchos distritos se vieron obligados a aumentar alícuotas de IIBB y endeudarse fuera de lo previsto. A partir de los datos del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial publicado por CIPPEC se puede ver que en 2021 se recuperó la tendencia a los datos abiertos en materia de finanzas públicas subnacionales, iniciado en 2014 e interrumpido únicamente en el año del comienzo de la pandemia.
La publicación de la información presupuestaria es una condición necesaria para hablar de participación social en el proceso de definición de prioridades gubernamentales. A partir de ello es que conocemos la mejora de la situación financiera provincial, que al 2022 terminan en su conjunto con un total de 89.000 millones de superávit financiero (IARAF). Siendo este un tercio del resultado primario, contrasta con las proyecciones nacionales para el año que viene, donde se estima un déficit financiero de 6 billones.
Para el 2023, en promedio, las provincias prevén mejorar aún más su situación fiscal, producto principalmente de estimaciones de aumento de recaudación sobre la inflación. La principal causa de las mayores posibilidades de equilibrio de los estados subnacionales frente al federal es el "ahorro" de gastos corrientes producto del atraso salarial en contexto inflacionario. Mientras que a nivel provincial las remuneraciones al personal en todos los casos superan el tercio de los gastos y en promedio se ubican en el 50%, en el Estado Nacional rondan el 10% del total.
Hay una gran excepción cuando se repasa el equilibrio fiscal de los principales distritos argentinos: la Provincia de Buenos Aires. Entre las cinco principales, en población y economía, el hegemón nacional es la única que tiene déficit financiero (y qué déficit). La administración bonaerense estima terminar el año electoral con un resultado negativo de 249.000 millones (3,7% de los ingresos) que es compensado casi en partes iguales por endeudamiento interno y externo. Esta situación contrasta con el superávit de Mendoza (12mm), Córdoba (10mm), CABA (9mm) y Santa Fe (2mm). Estas cinco provincias agrupan el 68% de la población y el 75% de las exportaciones, por lo que sus resultados condicionan el balance subnacional.
La responsabilidad fiscal parece no discriminar entre colores políticos, como tampoco lo hace el nivel general de gastos. La información presupuestaria es útil para describir a las administraciones y su afiliación partidaria. Porque más allá del resultado financiero, el grado de expansión del gasto en relación con las necesidades y demandas ciudadanas determina el perfil político del Ejecutivo.
Los 5 distritos con más peso a nivel nacional tienen grandes diferencias si hablamos de ingresos per cápita y presión impositiva provincial. El gráfico muestra los ingresos corrientes estimados para 2023 por los presupuestos locales, y para poder realizar la comparación se ignoraron los recursos "municipales" de la Ciudad de Buenos Aires. El distrito capital cuenta con un 80% más de recursos per cápita que su populoso vecino. Un atenuante para esta relación podría ser la cantidad de residentes pasajeros de la Ciudad, aunque este argumento queda contrarrestado por la mínima extensión del distrito, lo que reduce significativamente las necesidades de gasto.
Es paradójico que la única provincia gobernada por el PRO tenga semejante nivel de gasto per cápita, justificado por una de las alícuotas efectivas de IIBB más altas del país. En cuanto a este último indicador, se toma la recaudación por ese impuesto con relación a la totalidad de la base imponible y se observa como la Ciudad es una de las únicas tres provincias que aumentó la presión tributaria en los últimos 5 años. Mientras que la variación nacional promedio entre la firma del consenso fiscal y este año que termina es del -14%, el distrito capital aumentó un 6% su alícuota efectiva.
Aunque los presupuestos provinciales, desde su magnitud, composición y distribución, son el insumo principal para evaluar a las administraciones locales, las limitaciones de nuestro federalismo centralista obstruyen las posibilidades de que los ejecutivos exploten su libertad. Argentina parece avanzar hacia el fortalecimiento de la centralización de la recaudación mientras que no cede la dependencia de las provincias a los recursos nacionales. Mientras las unidades políticas originarias de nuestra nación no tengan incentivos políticos para estimular la actividad económica formal en sus distritos, difícilmente se solucionará el problema crónico de la insolvencia fiscal. Llama la atención que, en un contexto de crisis multidimensional y perdurable del Estado Nacional, no esté en agenda pública la necesidad de descentralizar la política fiscal. Si la única propuesta en esta materia es el traspaso de la asistencia social a la órbita subnacional, sin alterar la incapacidad de las provincias de hacer políticas laborales o tributarias, en vez de encaminarnos hacia la solución seguiríamos cristalizando nuestra decadencia.
