La administración que lideran los hermanos Milei prometía posicionar al experimento de un libertarismo aplicado en América Latina como un caso de estudio por su potencial anomalía. Con el discurso enfocado en la crítica a la intervención estatal, la presión fiscal y la estructura del gasto público, era de esperarse que los esfuerzos estuviesen dirigidos a cambiar el esquema tributario federal y la distribución geográfica de recursos.
Federalismo libertario
Las referencias discursivas de Javier Milei sobre su posicionamiento en torno al federalismo y la estructura política-fiscal en clave geográfica, hacían esperar tensiones frente a la dimensión de los cambios propuestos. La idea del presidente libertario era la de apuntar hacía un modelo de competencia fiscal entre unidades subnacionales, gracias a la cesión de mayores competencias tributarias a las provincias, acompañado por una abrupta reducción relativa del peso del Estado Nacional.
El oficialismo fácilmente puede argumentar que las condiciones para la transformación óptima estaban condicionadas por las limitaciones estructurales de su poder político inicial, y que los dos primeros años de mandato, en lo referido a las decisiones en materia de federalismo fiscal, tuvieron que recaer en un subóptimo indeseado.
Sin embargo, basta ver cómo actuaron en donde sí tuvieron margen de acción autónomo para verificar que no se ha observado ninguna intención de direccionar las finanzas públicas a un esquema de competencia fiscal subnacional. Con los números de 2025 ya nos podemos dar una idea de la distancia entre lo que se dijo y lo que se hizo.
Porque más allá del posicionamiento ideológico libertario aplicado al federalismo fiscal, aun cuando desde su incursión en la política Milei expresaba una visión en la materia, nunca se complementó con un diagnóstico claro del particular esquema argentino. El problema de esto es que, de haberlo hecho, lo hubiese llevado inevitablemente a realizar propuestas para revertir el esquema "colectivista", donde las provincias más productivas financian a las rezagadas, objeto de las mismas críticas que le tocan a los mecanismos de justicia social.
Cualquier diagnóstico desde una óptica liberal del esquema federal debería tener dentro de las primeras propuestas algún mecanismo de compensación a la provincia de Buenos Aires, la más perjudicada por la estructura del federalismo fiscal.
El sistema actual toma recursos de las provincias más productivas para distribuirlos en pos de una supuesta convergencia federal, hacia la cual no nos hemos acercado en las últimas 4 décadas. Únicamente se perpetuó un esquema donde se premió a las provincias menos competitivas, sin ninguna generación de incentivos para los gobiernos subnacionales para mejorar su posición.
Con este panorama, como se dijo, el primer paso de un gobierno que se posiciona como liberal, frente a la dificultad estructural de alterar las variables fundamentales de la coparticipación, sería generar mecanismos ad hoc para paliar las distorsiones. En este sentido, el margen de maniobra del Gobierno se encuentra en el destino geográfico del gasto e inversión de los recursos nacionales y en el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional.
Aporte, reparto y discrecionalidad
El gráfico muestra la posición de las provincias, viendo la correlación de la productividad como variable independiente y el destino del gasto en relación a la participación de la población de la provincia sobre el total. La tendencia observada es mínimamente negativa, es decir, a mayor productividad menor es la participación en la distribución de gastos nacionales. Paradigmático es el caso de las tres provincias más productivas (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe), que se encuentran entre las jurisdicciones donde menores recursos nacionales se destinan.
Es necesario aclarar que esta distribución del gasto es independiente de la estructura definida por la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, donde estos distritos ya están perjudicados en el reparto de la porción provincial de la masa coparticipable. A su vez, se excluye del análisis a la Ciudad de Buenos Aires, dada la distorsión que genera el hecho de ser sede de la administración nacional y absorber más de un quinto de los gastos nacionales.
En cuanto a los ATN, la porción completamente discrecional del reparto geográfico de los recursos, no se observa ninguna correlación con la productividad provincial. Sin embargo, si miramos la evolución de la distribución de los ATN, comparando los últimos dos años completos de la gestión de Alberto Fernández, y el último de la actual administración, se observa una variable con potencial explicativo bastante evidente.
Mientras que las provincias cuyos oficialismos han sido opositores firmes al gobierno nacional han sufrido una caída de más del 50% de los ingresos por ATN, las aliadas han visto un crecimiento cercano al 40%.
En un contexto de escasez y recortes, las prioridades quedan expuestas. La administración libertaria ha concentrado sus esfuerzos en reducir el peso del Estado nacional, fortalecer su escudo legislativo y avanzar en la desregulación y la apertura comercial para estabilizar las variables macroeconómicas. Al mismo tiempo, ha postergado (o directamente evitado) enfrentar desafíos que habrían complementado esa estrategia mediante el fomento a la producción y la generación de empleo, redistribuyendo tanto recursos como incentivos dentro del esquema de federalismo fiscal.
Lo que emerge no es una inconsistencia, sino una decisión: los objetivos de reforma estructural han quedado subordinados a la lógica de construcción de poder. No existía una contradicción de origen entre el orden macroeconómico y el avance hacia un esquema de competencia fiscal subnacional. Sin embargo, frente a mayores conflictos y crisis autoinfligidas, crece la dependencia de un escudo legislativo que garantice la gobernabilidad. Y ese equilibrio tiene sus costos.
