Una vez más, las ambigüedades del Presidente han reabierto la posibilidad de un nuevo intento de reforma del cada vez más controvertido régimen de “Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral” - en términos populares PASO-.
La iniciativa viene esta vez desde sectores del Frente de Todos y con los mismos argumentos que esgrimió en su momento la conducción de Juntos por el Cambio cuando era gobierno. Esta vez, las voces en favor de la reforma se multiplican. En las provincias, el clamor es unánime.
Las resistencias de los candidatos del PRO son comprensibles. Sin posibilidades de acuerdos preelectorales, aspiran a trasladar a la sociedad sus diferencias. La alternativa de elecciones internas como las de cualquier otro partido en el mundo está excluida. Carece de afiliados, padrones y estructuras territoriales, en la medida en que su competitividad nacional se apoya en la infraestructura y logística del radicalismo.
Más allá de las opiniones e intereses de los candidatos de un a u otra fuerza política, lo cierto es que el sistema está cada vez más lejos de los objetivos de su diseño originario. Elección tras elección, ha fracasado en sus objetivos mínimos. Sus costos son hoy más que nunca extraordinarios y se suman al impacto negativo de meses de campaña que solo pueden llegar a beneficiar a un grupo muy reducido de candidatos, en la medida en que las posibilidades de competencia dependen directamente de su capacidad de usufructuar aportes públicos o acceso a fondos oscuros. .
Más allá de algunas recepciones recientes en dos países de América Latina, sigue siendo un verdadero “invento argentino”. En las provincias que adoptaron el sistema nacional, los proyectos de suspensión o cancelación han comenzado a concretarse.
A la suspensión del sistema en San Juan y Salta, se aprestan a sumarse Chubut, Catamarca y La Rioja.
El debate es intenso en Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. El resto de las provincias, que resistieron en su momento la influencia del sistema nacional, han aportado la opinión de sus gobernadores en contra de la continuidad de las PASO nacionales.
La Liga de Gobernadores, que agrupa a gobernadores tanto peronistas como de provincias gobernadas por otros partidos -tales como Santiago del Estero, Río Negro o Neuquén- ya habían planteado la necesidad de cancelar las PASO, desde los comienzos del gobierno de Fernández. Tropezaron sin embargo con la negativa cerrada del Presidente a hacerse cargo de reformas electorales que pudieran postergar su propia agenda.
Para entender el sentido de los cuestionamientos actuales se impone recordar los términos de la polémica. El pacto entre el kirchnerismo - anudado en el 2009 entre la Jefatura de Gabinete a cargo de Abal Medina- y el radicalismo, representado a su vez por el elenco santafesino encabezado por Mario Barletta, se adoptó en un contexto de fuerte tensión política, precipitado por la derrota electoral de Kirchner en el 2009.
El Gobierno había sido derrotado sin atenuantes en la provincia de Buenos Aires y su pérdida del control del Congreso obligaba a ambas partes a pensar en un ciclo político signado por el acuerdo y la negociación permanente. El avance de nuevas fuerzas y frentes políticos ponían en riesgo el bipartidismo que se había pretendido blindar en la Constitución de 1994. Ambas partes compartían, en efecto, la necesidad de diseñar acuerdos defensivos.
No se equivocaban. El país estaba comenzando un nuevo ciclo, signado por la emergencia de una tercera fuerza nacional, que daría vida a una nueva etapa de la política argentina, signada por la presencia de coaliciones electorales muy amplias, tanto a nivel nacional como provincial. Las PASO nacieron para neutralizar la explosión interna que llevaría a la existencia de diez peronismos y cinco radicalismos, como los que hoy se disputan la candidatura opositora para 2023
El sistema de primarias abiertas simultáneas y obligatorias, implicó una novedad absoluta, casi sin antecedentes comparados y de rasgos en algunos puntos casi extravagantes.
La reforma intento promover una mayor democratización al interior de los partidos políticos y establecer mecanismos de estímulo a la democracia interna y al afianzamiento de corrientes internas. Al mismo tiempo, trató de bloquear la posibilidad de que los candidatos derrotados en las primarias pudieran consolidarse, creando minorías estables al interior de cada partido.
Se trató, en suma, de combinar una cierta dosis de apertura competitiva con un control disciplinario final de las oligarquías partidarias. Se buscaba así “una competencia ordenada y previsible” en el contexto de un sistema que se preveía cada vez más débil y atomizado. Un nuevo sistema, centrado más en las ambiciones y necesidades operativas de los candidatos que en los principios, bases de acción política e identidades programáticas de los partidos tradicionales.
En un sentido profundo, el nuevo sistema alcanzó el objetivo acariciando por sus inventores: cambiar algo para que nada cambie.
Sin embargo, los efectos negativos de las PASO sobre la vida interna de los partidos han sido profundos. El sistema contribuyo a desdibujar la identidad de los partidos. Paralizó los escasos vestigios de democracia interna que venían esbozándose a partir de la crisis del 2001. Las “nomenklaturas” que gobernaban y siguen gobernado las estructuras partidarias se consolidaron y el sistema ha cristalizado un modelo de campañas electorales orientado exclusivamente a los candidatos, con costos multimillonarios. .
La situación interna del PRO, con varios candidatos presidenciables poco o nada dispuestos a buscar soluciones integradas es, hoy por hoy, el obstáculo principal para que los partidos alcancen un consenso para sustituir las PASO por una reforma mucho más profunda y abarcadora, que pase en limpio el balance institucional de un sistema electoral que poco contribuyó a los objetivos de mejora continua de nuestra democracia electoral.
El argumento contra la reforma es sin embargo poderoso y en una democracia que aspira a consolidarse debe ser tomado muy en serio: si bien las reformas electorales siempre tienen ganadores y perdedores, es imprescindible contar con un cierto consenso, hoy por hoy inexistente. Una reforma sin consensos nacería herida de muerte y abriría una fisura profunda en la confianza pública.
Por sobre este obstáculo, está claro, sin embargo, que la eliminación - o al menos suspensión por esta única vez- de las PASO se justifica hoy más que nunca. Ninguna provincia puede sostener el sistema y terminarán por cancelarlas. A nivel nacional el sistema ha debilitado los partidos. Los ha convertido en coaliciones capaces de ganar elecciones, aunque absolutamente incapaces para gobernar. Si bien puede entenderse las razones opuestas por parte de una docena de candidatos nacionales, resulta injustificable que el formato institucional del sistema electoral responda al interés exclusivo de algunos candidatos, por sobre el interés general de un sistema político.
