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¿Dedazo u otro presente griego?

14-09-2012
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El Gobierno procura evitar que las medidas económicas afecten a las franjas del electorado que le son más fieles.

Las recientes encuestas de opinión pública muestran al oficialismo en una trayectoria similar a la recorrida entre 2008 y 2009: caída persistente de la imagen positiva presidencial, incremento sostenido del pesimismo económico y concentración del descontento en las franjas de votantes que garantizaron el triunfo oficialista en la elección presidencial. Tal como entonces, el oficialismo enfoca los costos de su política económica y exacerba las diferencias de estilo con esas mismas franjas de votantes.

Pero, a diferencia de 2008, los costos de la política económica se distribuyen de manera dispersa y a diferencia de 2009, no hay liderazgos opositores con estilos alternativos capaces de capitalizar el descontento. Cabe, pues, preguntarse, por la racionalidad del comportamiento gubernamental y por las derivaciones posibles de esta situación. La racionalidad del oficialismo es, hoy, centralmente la misma que en 2008-09: concentrar los costos del necesario ajuste económico en las franjas menos fieles del electorado.

Imponer costos a los votantes fieles sería excesivamente riesgoso: si el ajuste no funciona, se los pierde; si, en cambio, el ajuste funciona sin descargar costos sobre ellos, los electores volátiles regresarán ante la evidencia de que el Gobierno pudo reordenar la economía. Esta línea sería la lección aprendida por el oficialismo entre 2008 y 2011: protegiendo el empleo público y en manufacturas e invirtiendo en obra pública para mano de obra poco calificada se mantuvo el apoyo del núcleo electoral peronista en 2009, pero al no atacar la inflación y antagonizar al sector rural se perdió el apoyo de sectores medios. Manteniendo luego los subsidios y garantizando el consumo con dólar y crédito baratos, se recuperó a esos sectores y se ganó la elección de 2011.

Con esa racionalidad en mente, el oficialismo hoy incrementa, por vía cambiaria o administrativa, la presión tributaria sobre los sectores socioeconómicos electoralmente volátiles, no hace nada por protegerlos de la inflación, restringe sus libertades económicas y antagoniza sus orientaciones políticamente liberales con estilos discursivos y prácticas informativas y gubernativas crecientemente autoritarias. La apuesta es, en esencia, la misma: si el ajuste funciona y la economía retoma el crecimiento, estos electores apoyarán de nuevo al oficialismo; mientras, se protege en la mayor medida posible a los electores propios.

Hay, sin embargo, algunas diferencias en la instrumentación actual de esta estrategia que pueden complicar los planes oficialistas. Por un lado, diferencias en los efectos de las herramientas económicas: mientras en 2008-09 afectaron fundamentalmente al sector rural y, a través de éste, al desempeño de las exportaciones, en 2012 afectan principalmente a sectores urbanos y manufactureros y, por esa vía, al consumo y la inversión internos. Ello puede generar consecuencias no queridas para el oficialismo: que las caídas en el consumo y la inversión perjudiquen a sus votantes fieles a través del estancamiento o la reducción del empleo y del aumento de la inflación.

Las herramientas de ajuste elegidas por el oficialismo pueden imponer costos a más gente de lo deseada para sus objetivos electorales. Por otro lado, el margen de maniobra fiscal del sector público es hoy más estrecho que en 2008-09, y los instrumentos para ampliarlo podrían profundizar los problemas en lugar de mitigarlos. El sector público no puede incrementar dramáticamente los impuestos ordinarios ?IVA, Ganancias, Internos, Bienes Personales, etcétera? ni reducir significativamente los subsidios a las tarifas públicas sin políticas monetarias y de ingresos consistentes que impidan el traslado a precios de los aumentos impositivos.

Tampoco puede endeudarse en el mercado privado de capitales sino pagando tasas astronómicas o imponiendo pérdidas reales a los ahorristas, lo cual desalentaría el ahorro financiero y la disponibilidad de crédito para actividades productivas. Y tampoco puede cubrir todas sus necesidades de financiamiento con emisión monetaria por sus efectos inflacionarios. Hace, pues, de todo un poco, por lo cual genera en alguna medida todos estos efectos negativos sin producir efectos suficientemente positivos para compensar.

Por último, la elección para el ajuste económico de herramientas que imponen restricciones a las libertades y la exacerbación de estilos autoritarios introducen una nueva dimensión en la competencia política en la cual el oficialismo se encuentra en desventaja. Los opositores pueden ahora, de manera verosímil, vincular los problemas económicos con el comportamiento institucional del oficialismo y atacarlo en flancos cuya debilidad, dada su estrategia electoral, no tiene espacio para revertir: si aplicara una política antiinflacionaria, impondría en el corto plazo costos a su base electoral, y si modificara su estilo político ?por ejemplo, reduciendo el centralismo político y fiscal y renunciando a la segunda reelección? abriría el juego a la competencia interna del peronismo por la sucesión presidencial.

No obstante, nada de ello implica que la repetitiva estrategia del oficialismo tenga el fracaso escrito en la frente. Tal como a principios de 2008, pero a diferencia de 2009, no existen hoy liderazgos opositores capaces de capitalizar las dificultades del Gobierno. La combinación entre la mentira sistemática de las estadísticas públicas y el carácter más disperso de la distribución actual de costos del ajuste dificulta la emergencia de un discurso opositor consistente: si cualquier estadística puede contener algo de verdad, se dificulta hacer verosímil la crisis y coordinar las expectativas pesimistas y si los costos del ajuste se distribuyen de manera dispersa, no hay eventos dramáticos que permitan condensar y activar políticamente el conflicto con la estrategia oficialista.

Las organizaciones partidarias se encuentran debilitadas tanto por la escasez de líderes atractivos como por la competencia desigual con un oficialismo que utiliza los recursos públicos para engrosar y financiar a sus propias huestes. Y los medios de comunicación conspiran contra la emergencia de liderazgos alternativas transformando a todo dirigente promisorio en un comentarista televisivo de la agenda y las disputas internas del oficialismo.

Esta situación permite entrever al menos dos escenarios alternativos. Uno sería el status quo recargado: la economía se reactiva, pero no lo suficiente como para darle al oficialismo un triunfo legislativo de la contundencia necesaria para conseguir los dos tercios del Congreso que requiere el inicio del trámite de reforma constitucional y surgen liderazgos opositores, pero sin el suficiente atractivo como para permitirles capitalizar el fracaso del objetivo re-reeleccionista. Otro escenario sería el inicio del poskirchnerismo: un líder opositor o alternativo en el peronismo toma los riesgos necesarios, conduce el freno al re-reeleccionismo y deviene el puntal del recambio presidencial de 2015.

El primer escenario convierte a la Presidenta en Gran Electora de la sucesión y le permite conservar poder durante la mayor parte de lo que resta de su mandato, pero al costo de prolongar los efectos deletéreos de la política económica. El segundo escenario abre la disputa sucesoria en el peronismo y puede, como en el final del menemismo, exacerbar los incentivos para dejarle al próximo gobierno otro presente griego.

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