En las últimas décadas el esquema federal argentino ha aumentado su centralismo fiscal en la misma medida que creció la provincialización del sistema de partidos. Estos dos fenómenos, junto con las recurrentes crisis económicas, han influenciado en la distorsión del federalismo fiscal en el marco de una agenda de alianzas y presiones territoriales frente al Estado Nacional.
Independientemente de sus características sociales y productivas, hay provincias (y regiones) que han sabido conseguir y defender privilegios territoriales gracias a su representación en las instituciones federales.
Un ejemplo de políticas de diferenciación territorial es el subsidio a la energía en las zonas frías, o el régimen de promoción industrial en los distritos patagónicos. Los gobernadores del sur también han actuado en bloque para que la inversión en la planta de gas licuado de YPF y Petronas se termine instalando en Río Negro. Estas iniciativas se justifican con el precepto de equilibrar injusticias naturales o cumplir objetivos estratégicos. Con estos argumentos, hay provincias que han obtenido beneficios, en perjuicio de otras regiones.
Este punto es clave a la hora de pensar las políticas de diferenciación, ya que un beneficio exclusivo para una región implica necesariamente un perjuicio para el resto, ya sea por desvío de inversiones o por el costo fiscal asumido por el Estado central.
Estas políticas se suman a un sistema federal cuyas distorsiones tienen ganadores y perdedores. La continuidad del esquema también cristaliza la influencia de los beneficiados sobre la pasividad o impotencia de los perjudicados. Por ejemplo, las seis provincias patagónicas cuentan con el 6,5% de la población nacional y reciben el 9,8% de los fondos coparticipables (INDEC, 2023). A su vez, sus representantes son el 12,5% de los diputados y uno de cada cuatro senadores.
Históricamente, el regionalismo en Argentina hacía referencia a un proceso desde arriba hacia abajo, donde el Estado Nacional dividía el territorio para sus propios objetivos estratégicos en línea con una visión del país. Sin embargo, en el actual periodo democrático, la regionalización interna hace referencia a dinámicas desde abajo, para arriba, caracterizado por las alianzas subnacionales en base a características, intereses y demandas comunes frente a la administración central.
La reforma constitucional de 1994 incorporó en su artículo 124 la posibilidad de que las provincias creen "regiones para el desarrollo económico y social". Esto le dio un marco jurídico dentro a un proceso previo de regionalización desde abajo que venían atravesando las provincias argentinas. Aunque es imposible medir el impacto de la reforma en la evolución de estas alianzas subnacionales, es indudable que desde la sanción de la nueva Constitución han crecido las propuestas y la legislación con componentes de diferenciación territorial en materia económica.
La Patagonia fue la primera alianza subnacional en refrendar su unión con el amparo de la nueva Constitución, dando inicio a un proceso de defensa de los intereses regionales. A partir de allí, todos los distritos argentinos menos la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires han firmado acuerdos para integrar una región. El Norte Grande, la Región Centro y el Cuyo se suman a la Patagonia en esta nueva dimensión de actores políticos en el juego de la política federal.
En el nuevo milenio la regionalización se conjuga con la fragmentación del sistema de partidos, y con la tendencia a tener ejecutivos nacionales cada vez más débiles y dependientes de sus alianzas territoriales. El sismo político del ´23 dio inicio a una etapa paradigmática en cuanto a la debilidad legislativa, en donde los acuerdos con formaciones provinciales se tornan imprescindibles.
En este contexto, depende de las alianzas subnacionales hacer valer su influencia en las instituciones federales. Las tres décadas posteriores a la reforma constitucional nos pueden enseñar la correlación entre las variables políticas de los bloques provinciales y la posibilidad de satisfacción de demandas frente a las instituciones federales. En este sentido, la Patagonia ha sabido lograr y mantener políticas nacionales de diferenciación, como así a un federalismo fiscal que la beneficia.
¿Qué variables políticas regionales pueden influir en la cooperación y en la defensa de los intereses territoriales? Lo que se constata focalizando en el caso patagónico, pero comparando con las otras tres regiones argentinas, es que tienen el menor índice de sintonía partidaria de sus ejecutivos provinciales con el nacional. A su vez, muestran alta heterogeneidad partidaria interna en los mandatos ejecutivos entre 1994 y 2024.
Sin que esto implique una causalidad, esta correlación muestra una posible premisa: las regiones que logran consensuar sus demandas y defender sus intereses cooperativamente son las que logran una identificación territorial más allá de una identidad partidaria y de que sus ejecutivos provinciales no suelen ser oficialistas a nivel nacional. De esta manera, tienen más legitimidad para generar propuestas y mayores incentivos para elevarlas a las instituciones federales.
En el contexto político actual, esta hipótesis tendría implicaciones muy profundas. Tanto el Norte Grande, la Región Centro como la Patagonia han ganado un impulso inédito en el último año. Aislando estas variables político-partidarias se debería esperar que las alianzas subnacionales argentinas tengan la oportunidad de mejorar su posición en el esquema federal. Dado que las políticas de diferenciación en su mayoría son un juego de suma cero a nivel nacional, el debate puede tornarse más entre regiones que contra la administración central.
Una alianza de regiones periféricas podría tornar el balance de poder territorial hacía un esquema hegemónico donde estos bloques reemplacen a la representación exclusivamente provincial en las instituciones federales.
La posibilidad de semejantes conflictos territoriales internos debería alertar a quienes piensan cambios en el esquema federal argentino. El provincialismo centralista que caracteriza al país podría sufrir cambios. Sin embargo, aunque en la teoría muchos dirigentes quieran avanzar a una estructura verdaderamente federal, se abre un camino de ripio hacía un esquema conflictivo de regionalismo hegemónico.
