En abril, Estados Unidos y Canadá anunciaron un nuevo esfuerzo, la Iniciativa de gobierno ecológico (GGI), para involucrar a los gobiernos de todo el mundo en las operaciones gubernamentales ecológicas. Esta comunidad internacional de práctica, la primera en su tipo, permitirá a los países compartir las lecciones aprendidas, promover la innovación y ayudar a cumplir los compromisos del Acuerdo de París.
La iniciativa de gobierno ecológico servirá como una plataforma para que los representantes de los países compartan información y mejores prácticas, muestren la innovación y el éxito, y desarrollen relaciones de colaboración entre sí para acelerar los esfuerzos nacionales para las operaciones de gobierno ecológico, incluida la resiliencia climática.
Las áreas comunes de interés podrían incluir actividades como aumentar el uso de energía renovable por parte del gobierno, hacer la transición de edificios y flotas del gobierno nacional a emisiones netas cero, mejorar la resiliencia de los edificios gubernamentales, establecer políticas gubernamentales de adquisiciones sostenibles e identificar soluciones basadas en la naturaleza.
Una de las iniciativas que va en este sentido es la desarrollada conjuntamente entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que consiste en la determinación de la Línea de Base de la Sostenibilidad de la Administración Pública a través de un instrumento de evaluación y diagnostico denominado ISSos “Indice de Seguimiento y Sostenibilidad” cuyo propósito es promover la adopción de medidas para optimizar la sostenibilidad en la Administración Pública.
¿Que evalúa precisamente el ISSos? 
¿Por qué la SIGEN, organismo de control interno del Gobierno, puede realizar esta evaluación?
El instrumento por excelencia de los organismos de control es “la auditoría”. Mucho tiempo ha pasado desde que esta herramienta fuera considerada solamente para examinar la información económica, financiera y contable de las empresas, organizaciones y Estados.
La auditoría como tal, y las auditorías ambientales en particular, son instrumentos de gestión que permiten entre otros aspectos, “el examen o revisión metódica de la información ambiental de una organización, una instalación, o un sitio, para verificar si ellos se ajustan, y en qué medida, con criterios de auditoría especificados” (Banco Mundial).
Pueden ser útiles para evaluar la implementación de un proyecto versus los requerimientos derivados de una evaluación ambiental.
Pueden servir como una fuente de información para la elaboración de una línea de base para un estudio de evaluación ambiental cuando se planifica una rehabilitación o una expansión de una instalación industrial.
Si hablamos de auditorías ambientales gubernamentales, la Controladuría del Gobierno del Perú define a la Auditoria Ambiental Gubernamental como el examen objetivo, independiente, sistemático y profesional, que efectúan los órganos del Sistema Nacional de Control sobre la gestión ambiental y de los recursos naturales, a fin de determinar si las entidades gubernamentales cumplen con las normas legales y técnicas vigentes respecto a la formulación, ejecución y control de sus políticas, planes, objetivos, metas, programas, proyectos y demás actividades, en relación al medio ambiente y los recursos naturales.
Así las cosas, esta ampliación de reconocimientos hacia objetos de control distintos a los habituales como “recursos forestales, cambio climático, desarrollo sostenible, huella de carbono, gobiernos verdes, etcétera" que, por otra parte, se desarrolla en todos los organismos de control público del mundo, combinados con la metodología sistémica, documentada y orientada a la mejora continua de los procesos, hace a la auditoría ambiental gubernamental protagonista de nuevas evaluaciones gubernamentales como las vinculadas a los “Gobiernos Verdes”.
