El diálogo debería servir para acordar entre las partes un cronograma para comenzar una transición que evite la profundización de la crisis.
El proceso revocatorio iniciado contra el presidente Maduro tuvo, en los últimos dos meses, un redireccionamiento que no se sabe dónde culminará. Lo más destacable fue: la suspensión del proceso revocatorio, la reacción de la Asamblea Nacional y el giro diplomático que se le dio al conflicto. En octubre el proceso ingresó en una situación crítica, cuando ante denuncias de fraude realizadas por el oficialismo, varios juzgados penales declararon nulos los procesos de recolección de firmas. El Comité Nacional Electoral anunció, entonces, la suspensión del referéndum. Todo el proceso ya había tenido dilaciones con la intención oficialista de que el revocatorio no se hiciera durante 2016 pues, en ese caso, de acuerdo a la legislación vigente procederían nuevas elecciones. En cambio, de realizarse en 2017, no habría elecciones sino la sucesión en cabeza del vicepresidente que, a diferencia de todos los países latinoamericanos, es un figura elegida por el presidente. En este supuesto, el chavismo continuaría en el poder hasta el final del mandato.
La reacción no se hizo esperar. El 23 de octubre la Asamblea Nacional aprobó el “Acuerdo para la restitución de la Constitución Nacional” que contempla nueve puntos. El primero fue una fuerte afirmación de la Asamblea sobre la situación política institucional y dice: “Declarar la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de Estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro en contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo de Venezuela”. El segundo punto traslada el conflicto de Venezuela al escenario internacional, expresa: “Solicitar a la comunidad internacional la activación de todos los mecanismos que sean necesarios para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela, en especial su derecho a la democracia”. El punto tercero apunta contra los responsables del cese del revocatorio y dice: ¨Formalizar la denuncia ante la Corte Penal Internacional y demás organizaciones que sean competentes, en contra de los jueces y rectoras del Consejo Nacional Electoral responsables de la suspensión del proceso de Referendo Revocatorio y demás funcionarios responsables de la persecución política al pueblo de Venezuela”. El punto quinto del Acta desafía al oficialista Supremo Tribunal Electoral y señala: “Proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismos constitucionales, a la designación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, para garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir, así como la independencia de poderes y el respeto al estado derecho”. Y el punto sexto va al centro del sistema político venezolano, esto es al primer mandatario, expresa: “Iniciar el proceso para determinar la situación constitucional de la Presidencia de la República”. En Venezuela están enfrentados los poderes, el Legislativo con el Ejecutivo y el Judicial que es territorio propio del chavismo.
La oposición reaccionó también por medio de la Mesa de Unidad Democrática y convocó una manifestación el 26 de octubre. Ese día era el primero de los tres días fijados para la recolección de firmas (el 20% era el necesario para revocar el mandato de Maduro). La toma de Venezuela movilizó miles de manifestantes en distintas ciudades del país. El chavismo intentó evitar que los opositores llegaran a Caracas. La oposición denunció represión, detenciones e incidentes. Tanto el gobierno como la oposición se denuncian mutuamente por golpismo. Todo ello en una gravísima crisis por la cual atraviesa el país y que parece no tener fondo. También había sido convocada otra marcha el 3 de noviembre para exigir elecciones anticipadas, pero se levantó para no entorpecer el proceso de diálogo.
El giro diplomático fue auspiciado por el Vaticano, que designó a Claudio María Celli su representante y es acompañado por mediadores de la UNASUR. Oficialismo y oposición deben dialogar para encontrar una solución consensuada de la crisis. La oposición accedió a sentarse a negociar gracias al papa Francisco, pero existe división sobre su presencia. El diálogo se inició y se integraron cuatro mesas de trabajo. Rodríguez Zapatero coordina la mesa “Paz, respeto al estado de derecho y a la soberanía nacional”. La Santa Sede dirige otra sobre “Verdad, Justicia, derechos humanos, reparación de víctimas y reconciliación”. La mesa “económico social”, está bajo la coordinación de Leonel Fernández. La cuarta mesa versa sobre “Generación de confianza y cronograma electoral”, y está coordinada por Martín Torrijos. Las mesas coordinadas por el ex presidentes y el representante del Vaticano, cuentas con un representante del gobierno y uno de la oposición.
Si bien este camino puede descomprimir la situación explosiva venezolana, tiene como antecedente inmediato la cuestionable suspensión del revocatorio. Los exabruptos del presidente Maduro no ayudan al progreso de este camino, por ejemplo cuando dice que la revolución continuará y que los opositores nunca ocuparán el palacio presidencial. La oposición, por su parte, requiere el diálogo para una salida electoral. En noviembre continuarán reuniéndose, pero parece difícil que el diálogo pueda solucionar el conflicto si no se arregla algún tipo de acuerdo respecto de la convocatoria a las urnas.
¿Cuáles son las alternativas que prevé la Constitución para la terminación anticipada del mandato? De acuerdo al artículo 233 de la Constitución son la revocatoria, la renuncia presidencial, el abandono del cargo, la inhabilidad del presidente, la destitución del Tribunal Suprema de Justicia (previa autorización de la Asamblea Nacional). Está claro que el presidente Maduro no renunciará (el pueblo tiene derecho a exigirla amparado en el artículo 68 de la Ley Fundamental), tampoco que hará abandono del cargo, ni tiene problemas físicos o mentales suficientes para declarar la inhabilidad (además, en este caso, es el Tribunal Supremo Electoral quien designa a la junta médica). En cuanto a la destitución por parte del Tribunal Supremo Electoral, de nada sirve la autorización previa de la Asamblea para que Maduro sea juzgado pues el Tribunal es oficialista y no destituiría al presidente. Otra hipótesis que también apareció fue el acortamiento del mandato. Pero no aparece en los deseos del presidente.
La alternativa del diálogo fue una opción para evitar que la situación política explotara.
Pero parece difícil que pueda solucionar la crisis. Ahora los contendientes se niegan legitimidad y ambos acusan al otro de promover un golpe contra la Constitución. La vía de la diplomacia y el diálogo sólo será efectiva si contemplan una serie de reaseguros respecto del mantenimiento de la paz, del respeto de los derechos humanos y no hostigamiento de la oposición para que la situación política, económica y social no estalle antes de que se exprese en pueblo en las urnas. La situación de emergencia que vive Venezuela no soporta el incremento del conflicto y la violencia. En realidad, el objetivo principal debería ser comenzar una suerte de transición con un cronograma que deberá ser consensuado por las partes.
