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¿Cómo se sale del laberinto de la democracia peruana?

En los últimos días el país andino (re)emergió en las primeras planas de los medios

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Mario Vargas Llosa nos dejó en "Conversación en la catedral" una frase que con el tiempo ocupó la cabecera de cualquier reunión de cientistas políticos al hablar del caso peruano: "¿En qué momento se jodió el Perú, Zavalita?". En los últimos días el país andino emergió en las primeras planas de los medios, primero ante un intento de destitución del entonces presidente Pedro Castillo, luego un autogolpe realizado por éste, que terminó en su destitución, y la asunción de la vicepresidenta Dina Boluarte en la primera magistratura, para terminar en un ciclo de protestas sin fin, y una convocatoria adelantada a elecciones. 

Lo paradójico del caso peruano es que, habitualmente, es reconocido pese a sus crisis políticas, por su estabilidad macroeconómica. Sin embargo, cuando un país tiene seis presidentes en los últimos cinco años, hay algo que no funciona. Ahora bien, ¿qué es lo que lo hace un país tan inestable en términos políticos? ¿Cómo se sale del laberinto?

El primer problema es la virtual desaparición de los partidos políticos. En los años '80, Perú comienza su transición a la democracia con tres grandes partidos: Acción Popular, el Partido Popular Cristiano y el APRA. De estos partidos, solo el primero y el tercero llegaron al gobierno, y gradualmente han ido perdiendo peso -quedando al borde de la desaparición-. 

Acción Popular ha sido garante no solo de la transición democrática sino de algunos gobiernos posteriores a crisis presidenciales (como fue el caso de la presidencia de Valentín Paniagua tras la caída de Alberto Fujimori). El APRA se encuentra virtualmente desaparecido, máxime tras el suicidio de su histórico líder, el dos veces presidente Alan García. El Partido Popular Cristiano, por su parte, perdió gradualmente su peso a cuentas de malos resultados electorales. Pero, ¿qué sobrevive en un sistema político cuando sus partidos políticos centrales desaparecen?

El segundo problema, en línea con el anterior, es la rutinización del gobierno en manos de outsiders. Los partidos tradicionales tienen su primer momento de quiebre en 1990, tras el sonoro fracaso del gobierno aprista de Alan García. Allí emergen, triunfantes, dos candidaturas externas al sistema político: la de Vargas Llosa, y la de un desconocido profesor universitario, Alberto Fujimori. Desde la presidencia de Fujimori, con la excepción de Alan García de 2006 a 2011, todos los presidentes elegidos por el voto popular fueron personajes cuyo fuerte no era la carrera política, sino la carrera en otros aspectos de la vida social (académica, militar o económica).

El tercer problema -que, tal vez, sea el ordenador del anterior- fue el cambio de reglas heredado del autogolpe realizado por Alberto Fujimori en la década del '90. En esa ocasión, el autogolpe había sido justificado por Fujimori por el constante rechazo del Congreso a sus iniciativas. Para salvaguardar este enfrentamiento permanente -que es característico de los presidencialismos según Juan Linz-, el fujimorismo diseñó una constitución que se asemejara bastante a un parlamentarismo, aunque con algunos resortes que le permiten al presidente imponerse en ciertas condiciones. El Congreso puede controlar al gabinete, y bajo ciertas condiciones, el presidente puede disolver al Congreso. ¿Dónde estaba la clave para el fujimorismo? En la forma de elección: se elegían presidente y Congreso (con 130 miembros) en la misma elección. Esto permitía, a vistas de Fujimori, obtener presidentes mayoritarios. Y cuando éstos no lo fueran, el Congreso y el presidente deben negociar para garantizar la gobernabilidad. Tras la caída de Fujimori, este escenario fue el más frecuente. No es necesario aclarar que, con presidentes outsiders, elegidos con un discurso "antipolítica", la negociación con el Congreso no suele ser el escenario más simple ni agradable.

El cuarto problema es la laxitud de sus mecanismos de control constitucional. El Congreso, aparte de poder negociar la estructura del gabinete, cuenta con la "vacancia" como herramienta. ¿En qué consiste? Si el 20% de los congresistas lo solicita, y el 40% acompaña el pedido, se debate la destitución del presidente. Esta se consigue con dos tercios de los congresistas. Dicho de otro modo, si el presidente no tiene más de un tercio del congreso, no sobrevive. Las causales para que esta vacancia proceda son bastante simples (por ejemplo, "incapacidad moral"). Por lo tanto, es más frecuente la amenaza de destitución que la negociación por políticas concretas.

El quinto problema es la inercia de la clase política. La clase política, después de la caída de Fujimori en el año 2000 se acostumbró al sistema político imperante. El margen de maniobra de los presidentes estará atado a su capacidad de negociación con el Congreso, la que será permanente. Los congresistas, por su parte, al no tener reelección, buscan maximizar sus intereses en el ciclo legislativo. Al mismo tiempo, por el sistema electoral, la fragmentación del Congreso es elevada. Dicho de otro modo, no hay incentivos en el Congreso para impulsar cambios, y los presidentes se encuentran con trabas permanentes para llevar agendas de gobierno, habitualmente irresponsables, porque no tienen en cuenta en sus planteos de campaña las limitaciones prácticas del cargo.

En la medida que esta combinación no logre resolverse, Perú no tendrá salida. Las manifestaciones populares, en incremento gradual desde fines de los '90, obedecen a una desconexión entre la clase política y la ciudadanía. Dicho de otro modo, aunque las elecciones se traducen en resultados, no traducen las demandas de la ciudadanía. Entre autogolpes, cierres del Congreso, elecciones con altísimo nivel de fragmentación, inestabilidad en el cargo presidencial, y falta de incentivos para buscar acuerdos, la ciudadanía parece tener poco margen para participar en la vida política. 

Más allá de la crisis democrática, lo más probable es que la crisis se extienda al resto de las arenas de la vida social y económica del país. La salida del laberinto, entonces, es diseñando nuevas instituciones que permitan traducir las demandas de la ciudadanía a la vida política del país.

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