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La zona andina atraviesa en estos primeros meses del año un profundo recrudecimiento de la violencia
América Latina

El 2023 arrancó con la zona andina atravesada por la violencia

La razón de los conflictos es diferente en cada país, pero el denominador común es que la sociedad decanta su frustración vía métodos no pacíficos

Federico Hirsch 12 febrero de 2023

La zona andina atraviesa en estos primeros meses del año un profundo recrudecimiento de la violencia. Y si bien la razón de los conflictos es diferente en cada país, el denominador común está en que la sociedad decanta su frustración a través de métodos no pacíficos. 

En el caso de Ecuador, la ola de violencia de 2022, las denuncias de corrupción y las acusaciones de nexos entre candidatos y grupos delictivos empañan las elecciones de este comienzo de año. Esta crisis de seguridad, que data del año 2020, tuvo su inicio en los conflictos entre las organizaciones criminales con conexiones con el narcotráfico. La oleada de violencia fue escalando durante 2020 y 2021 llegando a su punto más alto en 2022, siendo este el año más violento de la historia con 4.603 muertos víctimas de sicarios, asesinatos, robos o ataques con explosivos. 

El Gobierno atribuye esta crisis exclusivamente al enfrentamiento entre bandas tanto dentro de las cárceles como en las calles por la disputa de territorios. Ecuador se ha convertido en un país clave para el envío de droga, especialmente cocaína, hacia Europa y Estados Unidos. La ubicación de la nación es crucial porque se encuentra entre los dos productores más importantes de droga del mundo: Colombia y Perú.

En este contexto, el domingo 5 de febrero se celebró un referéndum para dirimir 8 temas diferentes, entre los que se encuentra un tema clave para el presidente Guillermo Lasso: decidir el futuro de las extradiciones. Durante estos comicios también se eligieron algunos cargos locales, como alcaldes y prefectos (lo que en Argentina equivaldría a gobernadores). 

Sin embargo, la elección no fue protagonista. Una vez más, el proceso estuvo atravesado por lamentables y gravísimos episodios de violencia tanto contra los candidatos, específicamente contra las mujeres donde se cuestiona su peso, color de piel, vestimenta o estado civil. Peor aún, el crimen organizado amedrentó a los participantes del proceso: En Salinas, provincia de Santa Elena, un aspirante a alcalde fue asesinado. En Portoviejo, Javier Pincay, quien intentaba convertirse en alcalde, ha sido víctima de dos atentados. Y en Simón Bolívar (Guayas), otro candidato fue víctima de un ataque a tiros.

Pese a todo esto, las elecciones se realizaron y el presidente Lasso ya reconoció los resultados que complican aún más su inestable gestión, sobre todo el revés que tuvo su propuesta más esperada, que era la posibilidad de aprobar la extradición. Además, las otras iniciativas propuestas por Lasso, vinculadas con reformas políticas, medioambientales y de seguridad tampoco fueron aprobadas por la ciudadanía. Y no fue el único percance que sufrió el mandatario. Las alcaldías de Quito y Guayaquil, las principales ciudades, quedaron en manos de fuerzas del opositor ex presidente izquierdista Rafael Correa. 

Pero Ecuador no es el único país que atraviesa un período de violencia extrema, ya que en Colombia se siguen reportando asesinatos. Si bien el presidente Gustavo Petro cerró el 2022 anunciando un cese al fuego bilateral con cinco grupos armados, sin embargo esto no sucedió. 

El primer paso para lograr la paz total fue anunciar el cese bilateral al fuego por seis meses con cinco grupos armados: el ELN, el Clan del Golfo, las Autodefensas de la Sierra Nevada, y la segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (disidencias de las FARC). Aunque no todos los grupos armados son de naturaleza política, el Gobierno buscó el diálogo con ellos para aplicar a fondo y rápido la anhelada paz, algo que muchos presidentes en las últimas décadas intentaron lograr. Pero este acuerdo quedó trunco el pasado 4 de enero al anunciar la suspensión del proceso con el Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, el gobierno aseguró que con los otros cuatro grupos se mantiene la posición y respaldan la medida anunciada.

En Colombia no solo hay un fenómeno de 60 años de conflicto armado, sino un ciclo de violencia común y delincuencial que parece nunca terminar. Las masacres han sido históricamente un método de amedrentamiento y represalia. Asimismo, las víctimas generalmente son los más pobres que habitan en las zonas rurales en sectores donde el Estado no puede asentarse y tener presencia. Es esta ausencia lo que reproduce la impunidad. 

Además, este conflicto se ve agravado por el hecho de que Colombia es uno de los productores más importantes de coca en el mundo. El 66% de los cultivos ilegales en América Latina están en ese país. Perú, ubicado en la frontera sur del Ecuador, es el segundo productor más importante de la región, con el 23% de los mismos.

  • En Perú, la situación es harto conocida. El último suceso de caos y violencia se remonta al autogolpe de estado fallido producido por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. Al desorden institucional que arrastra el país andino desde hace 6 años se le agrega la inestabilidad política de estos meses y el descontento de los seguidores de Castillo con el nuevo gobierno. 

De hecho, los seguidores del expresidente pasaron de pedir su liberación a abandonar ese reclamo y demandar el adelantamiento de las elecciones para octubre de este año. Esto último se viene intentando desde el Congreso aunque sin un resultado positivo por ahora. Los partidos de izquierda -que son solidarios con el depuesto presidente Pedro Castillo- temen que el fujimorismo gane las elecciones si se vota tan temprano. En cambio, los partidos de derecha también traban el acuerdo político porque no quieren una reforma constitucional junto con las elecciones generales. 

Mientras tanto los fallecidos ya son más de 60 producto de los enfrentamientos entre manifestantes y la policía. En paralelo, la actual mandataria Dina Boluarte subsiste como puede en una de las presidencias más débiles de los últimos años. Ya son 7 las regiones de Perú en donde se declaró el estado de emergencia durante los próximos 60 días. Estas medidas consisten no solamente en mantener el control del orden público a través de las Fuerzas Armadas y la policía, sino también en la suspensión de los derechos constitucionales en un contexto latinoamericano donde éstos se ven cada vez más vulnerados. 

Por todo esto, el panorama en la región empieza a ser cada vez más sombrío porque estos episodios de violencia son la exteriorización de un debilitamiento del Estado como órgano monopólico del control del orden público. Un ejemplo de ello es la alianza de sicarios en Ecuador y Perú que busca erradicar las mafias venezolanas que llevan sembrando terror en las calles de estos países. 

  • ¿Cuándo y cuál será el fin de estos episodios? 
  • ¿Es posible solucionar estos problemas tan apremiantes para los ciudadanos cuando la clase política solo se ocupa de sus problemas de corrupción o lavado de dinero? 
  • ¿Cómo reaccionarán los Estados, cada vez más débiles, para garantizar la seguridad de sus ciudadanos?

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