Alberto Fernández anunció que restablecerá las relaciones diplomáticas con Venezuela e hizo un diagnóstico para justificar su postura. Aseguró que “muchos de esos problemas (que aquejan al país) se han disipado con el tiempo y estamos viendo cómo los acuerdos hicieron que avance en su proceso electoral”.
Su lectura de lo que sucede en el país gobernado por Nicolás Maduro da para un análisis amplio sobre la situación de los derechos humanos. De hecho, organizaciones como Human Right Watch o Provea se pronunciaron inmediatamente brindando datos y testimonios de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos.
Sin embargo, quisiera enfocarme en el punto con el que termina la oración, es decir, el proceso electoral. En el marco de las elecciones regionales y municipales de Venezuela de noviembre pasado, la Unión Europea desplegó una Misión de Observación Electoral cuyo informe final fue presentado el 22 de febrero.
Desde 2006 no era invitada a Venezuela una delegación de observación electoral internacional profesional de la talla de las desplegadas por la UE o la OEA.
Antes de entrar en el contenido del informe, es importante destacar que, aunque la Jefa de la Misión, la eurodiputada (Partido Socialista) Isabel Santos, intentó desdramatizar el hecho de que el informe final se presentara desde Bruselas y no, como había sido acordado, en Caracas, ese elemento debe ser tomado en cuenta y muestra la postura del Consejo Nacional Electoral, con una directiva mayoritariamente oficialista, con respecto a los hallazgos de la delegación.
Santos enfatizó tanto en la presentación del informe preliminar como del final que la composición del órgano electoral era la más equilibrada de los últimos años. Sin embargo, esta relación de fuerzas en el órgano comicial no fue suficiente para presentar el informe en Caracas. Santos aclaró que no fueron rechazados, sino que simplemente no obtuvieron respuesta a su solicitud.
A continuación hacemos un repaso por los puntos más importantes del diagnóstico que hizo la delegación.
- Falta general de condiciones. Se dejan claras las que se consideraron las “deficiencias estructurales que deberían abordarse en futuras elecciones, como la falta de seguridad jurídica, que provocó la inhabilitación arbitraria de candidatos y la repetición de las elecciones en el estado de Barinas, la entrega de los símbolos y de la tarjeta electoral de partidos a facciones internas minoritarias, el amplio uso de recursos del Estado en la campaña y el acceso desigual de los candidatos a los medios de comunicación”.
- Extralimitación en las facultades de la Contraloría General de la República. Las inhabilitaciones de candidatos “consideradas como políticamente motivadas” a través de un proceso administrativo son contrarias no solo a los principios internacionales de integridad electoral sino incluso a la misma Constitución que en su Art. 42 establece que “sólo una sentencia firme puede suspender el ejercicio de los derechos políticos”.
- Uso indiscriminado de los recursos del Estado a favor del oficialismo. La misión determinó que los candidatos oficialistas se beneficiaron de los recursos del Estado (red de activistas, transporte, entrega de dinero, bienes y servicios) para “obligar a los votantes a participar en sus actividades y posteriormente a votar a favor del partido gobernante”. Al mismo tiempo, la libertad de movimiento de los candidatos opositores fue limitada por la falta de recursos y por el racionamiento del combustible. De esta manera, “mientras que la media de participación estimada en los actos del PSUV observada por la MOE UE fue de 1.600, la de los actos de campaña de los partidos de oposición fue de sólo 335”.
- Ley contra el odio, censura y autocensura. “Los interlocutores de la MOE UE reportaron autocensura en 21 estados, y el cambio de la línea editorial de algunos medios de comunicación como resultado de presiones políticas en 13 estados”.
- Participación política de la mujer: 19% de alcaldesas y 9% de gobernadores. La grave crisis humanitaria que afecta al país ha dejado a las mujeres en una situación de alta vulnerabilidad, a medida que muchos hombres han migrado y las tareas de cuidado familiar han recaído sobre las mujeres. Esto, sumado a las condiciones estructurales que han alejado a las mujeres de la participación política, ha provocado una muy pobre representación de las mujeres en los cargos ejecutivos municipales y regionales: las mujeres sólo representan 19% y 9% de los alcaldes y gobernadores elegidos, respectivamente.
- Plataforma Patria. La delegación de la UE se refirió a la plataforma que recoge los datos de más de 21 millones de venezolanos, y van desde la fecha de nacimiento o domicilio hasta la afiliación partidista, la participación en actividades del partido de gobierno (PSUV) o el historial en redes sociales. Es muy preocupante que no hay información sobre la institución estatal responsable de dicha plataforma, “ni cómo y con qué fines se utiliza y almacena esta cantidad masiva de datos”. Tampoco hay información sobre cómo rectificar los datos o darse de baja.
- Limitaciones a la observación electoral. La delegación de la UE destacó que las misiones acreditadas no pueden publicar, sin la aprobación del CNE, ningún informe, algo “contrario al derecho a participar en los asuntos públicos y a las buenas prácticas internacionales expresadas en la Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional".
Por las limitaciones del formato es imposible ahondar en el resto de puntos, muchos de ellos fundamentales a la hora de determinar la integridad de un proceso electoral. Sin embargo, de manera general y amparándonos en los hallazgos de la misión de la UE, está claro que el proceso electoral estuvo lleno de arbitrariedades y malas prácticas sistemáticas con el objetivo de beneficiar al oficialismo.
No podemos dejar de mencionar el caso de Barinas. Al conocerse que en el Estado del que era oriundo Hugo Chávez se imponía el candidato opositor, Freddy Superlano, la Contraloría General de la República (CGR) lo inhabilitó como candidato (aunque al momento de su inscripción estaba habilitado) de manera que no pudo tomar posesión del cargo. Finalmente la elección se repitió a comienzos de año y, pese a todos los esfuerzos oficialistas, un nuevo candidato opositor se hizo con el cargo.
Cuando la MOE presentó su informe preliminar, Isabel Santos, Jefa de la Misión, aseguró que se constató la “falta de independencia judicial y la no adherencia al Estado de Derecho” mientras que Jordi Cañas, Jefe de la Observación del Parlamento Europeo, denunció las “insuficientes condiciones democráticas” y el “deterioro del estado de Derecho en un contexto de graves violaciones a derechos humanos”.
No Presidente, los problemas de Venezuela no se han disipado.
