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Debates

El inquilino público

Hacen falta medidas que posibiliten el trabajo híbrido y que tengan su correlato en la aceleración de trámites, en la despapelización, en el provecho de los tiempos personales y en una menor ocupación de oficinas e inmuebles

El inquilino público
03-10-2022
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Por Hernán Caram (*) y Federico Recagno (**)

Una discusión tímida asomaba en los tiempos de la prepandemia: ¿cuánto tardaríamos en incorporar de manera habitual el uso de las nuevas tecnologías, con sus consecuencias, en el trabajo de cada día?

Llegada la pandemia, cuarentena mediante, provocó que, a esas herramientas novedosas que estaban allí, nos fuéramos animando a manipularlas, producto de las obligaciones laborales, sociales y de comunicación.

La palabra “puesto” es un lugar, una posición física, un sitio. Mi escritorio es (o era) mi puesto. El puesto de guardia, puesto de diarios, puestos de trabajo. 

En su otra acepción “puesto” es un cargo, una categoría escalafonaria.

Las tecnologías provocan una nueva determinación del puesto como lugar. Los conceptos de tiempo y espacio, herramientas digitales mediante, se redefinen y dependerán de nuestra elasticidad generacional, nuestras capacidades y capacitaciones, la aceptación de estos cambios cronodimensionales. 

Del mismo modo que debe pensarse el puesto es necesario revisar los edificios, las oficinas, los despachos que contienen esos puestos físicos que van achicándose o desaparecen. 

El Estado, su estructura administrativa, utiliza metros cuadrados para poner en marcha la burocracia.

Allí se pone en juego una compleja red de recursos que determinarán los alcances concretos generados por la implementación de medidas públicas. El funcionamiento de las agencias gubernamentales, en todos sus niveles, hace presente al Estado ante la ciudadanía.

 No son solo sus funciones y sus formas de representación, sino también las condiciones en las que dichas funciones y acciones son llevadas a cabo. Nos referimos específicamente a los materiales y espacios de trabajo, a los equipos informáticos, conectividad, sistemas de redes, maquinaria, servicios de limpieza  y un ilimitado etcétera. 

Desde Fundación Eforo, a través de la información pública, oficial y disponible, nos proponemos, en esta oportunidad, identificar la dimensión de recursos que destina la Administración Pública Nacional (APN) para gastos por Alquileres de Edificios y Locales. Conocer los aspectos de la infraestructura estatal, eso que aquí llamamos “lo micro”, nos permite poner el foco en ciertos lugares de la gestión y así entender los alcances del Estado en la sociedad. 

Considerando el año 2021 para el análisis, podemos identificar las siguientes partidas presupuestarias relacionadas con los alquileres de edificios y locales:

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Toda la información utilizada corresponde a lo publicado en el sitio web Presupuesto Abierto
  • $5.811 millones fueron ejecutados efectivamente en el 2021 en conceptos de alquileres por parte de la APN. Lo que también puede ser leído como un total de recursos asignados de $484 millones por mes.

Si, a su vez, analizamos por jurisdicción/ministerio encontramos que prácticamente el 57% de estas ejecuciones se concentran en el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto (38%), lo cual se corresponde principalmente a la función específica de representación diplomática. Seguido por Anses (7%), que cuenta con presencia territorial a lo largo del país, y le siguen el Consejo de la Magistratura (6%) y el Ente Nacional de Comunicaciones (6%).

Pareciera que entre tanta dificultad de la población para llegar a la vivienda propia, con el alquiler como trabajosa opción, el que debe pensar en dejar de ser inquilino es el Estado

Para visualizar la dimensión de los recursos asignados a los alquileres de oficinas vamos a establecer equivalencias con otros gastos ejecutados en 2021 a nivel ministerial, por programa, etcétera:

  • Representó aproximadamente el 35% del total ejecutado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ($16.235 millones vs. $5.811 millones).
  • El total de lo ejecutado para desarrollar el programa de “Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas” alcanzó casi 42% del devengado total en alquileres ($2.487 millones vs. $5.811 millones).
  • El gasto en alquileres fue 8 veces superior a lo ejecutado durante todo el año para Teatro Nacional Cervantes ($734 millones vs. $5.811 millones).
  • 72% de lo ejecutado en concepto de alquileres es aproximadamente igual al total de lo gastado para garantizar el funcionamiento del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), $1.549 millones, y del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer $2.652 millones ($4.201 millones vs $5.811 millones).

En el año 2014, la Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó una evaluación de la gestión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), órgano rector de la actividad inmobiliaria del Estado Nacional, en relación a sus funciones de administración del  Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado (RENABE). 

La base de datos del RENABE centraliza “la información sobre la existencia de bienes inmuebles de propiedad del Estado Nacional, su situación dominial, catastral, registral, condiciones de uso y personal afectado a los mismos, como así también sobre la existencia de contratos en vigencia, suscriptos con relación a dichos inmuebles, aportando en cada caso la respectiva documentación de respaldo”. 

  • A partir de los datos recabados de los 185 organismos notificados por el RENABE (38 organismos no respondieron a la obligación de brindar información), se llega a una “cantidad de inmuebles declarados” de 24.284.

El informe, a su vez, hace mención al “escaso grado de avance en el proceso de validación de la información remitida por los Organismos del Sistema Público Nacional (SPN)”. Del total de inmuebles declarados surge que:

  •  62% de los inmuebles no ha sido objeto de análisis, intervención y/o validación por parte del Renabe.
  •  35% fueron validados por el Renabe mediante el procedimiento de georreferencia a través de plataformas digitales como Google-Earth.
  • 3% de los inmuebles declarados fueron validados por el Renabe in situ.

Entre los hallazgos del informe se destaca que “el registro no efectúa una clasificación de los inmuebles discriminando aquellos que se encuentran afectados al dominio público o privado del Estado Nacional, información que se considera relevante teniendo en cuenta la diferencia del régimen jurídico aplicable a cada tipo de inmuebles”.

Por otra parte, en la página de Datos Argentinos (***) del Gobierno Nacional figura una base del año 2017 que brinda “Información parcial de los Inmuebles propios del Estado Nacional y alquilados (Estado Nacional como locatario), validados por el Registro Nacional de Bienes Inmuebles de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Renabe, Decreto 1382/13)”. De allí destacamos los siguientes datos:

  • 677 inmuebles informados
  • 72 de ellos son alquilados
  • Y del total de alquilados, 69 están ubicados en CABA

La administración pública es propietaria de inmuebles, tanto ociosos como ocupados y, también es locataria. Hace falta una mirada innovadora, adoptar de una buena vez medidas que posibiliten el trabajo híbrido (presencial y a distancia) que tenga su correlato en la aceleración de trámites, en la despapelización, en el provecho de los tiempos personales y en una menor ocupación de oficinas e inmuebles.

Pareciera que entre tanta dificultad de la población para llegar a la vivienda propia, con el alquiler como trabajosa opción, el que debe pensar en dejar de ser inquilino es el Estado. 

(*) Investigador 

(**) Presidente Fundación Eforo

(***) La información corresponde a la base “Inmuebles Propios del Estado Nacional y Alquilados” y se encuentra en https://datos.gob.ar/dataset/otros-inmuebles-propios-estado-nacional-alquilados. 

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