Hernán Caram y Federico Recagno 06 julio de 2023
El 40 aniversario de la democracia coincide con un año en el que entre varios cargos se elige el Presidente y el Vice de la Nación.
Cada elección incorpora a los que votarán por primera vez junto a los que lo hemos hecho en oportunidades anteriores.
La imagen de la mano con el sobre del voto a medio entrar en la urna se repite en cada acto electoral y simboliza una serie de sentimientos.
La esperanza, el orgullo, la bronca, el entusiasmo, la indiferencia, la ilusión, el crédito se introducen asemejando un buzón que recibe nuestra carta, el mensaje que le enviamos a los nombres de las boletas, a los candidatos.
Pero detrás de cada puesta en marcha de un proceso electoral se activa una maquinaria administrativo-política que debe funcionar para que cada domingo de sufragio tengamos resultados.
En estas elecciones se dirimirán los cargos de Presidente y Vicepresidente, de jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las gobernaciones de 21 provincias, se renovará un tercio del Senado (24 senadores), la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación (130 diputados), y se elegirán cargos de intendentes, concejales municipales, de legisladores provinciales, y del PARLASUR.
Regulada por la Ley 26.215, la maquinaria electoral puesta en marcha desde el Estado Nacional implica la articulación de un trabajo en conjunto en el que participan la Dirección Nacional Electoral (DINE), que depende del Ministerio del Interior, la Justicia Electoral, el Comando General Electoral, a cargo de la programación y ejecución de las medidas de seguridad desplegadas durante el proceso electoral y el Correo Argentino, encargado de la prestación del servicio de logística general. Hablamos aproximadamente de 35 millones de electores, un millón de personas involucradas directamente en el proceso electoral y 500.000 fiscales para 105.000 mesas distribuidas a lo largo y ancho del país.
Desde Fundación Éforo, a través del informe "Políticas Electorales", elaborado con información pública, oficial y disponible, nos proponemos conocer y analizar la trayectoria del gasto público destinado al funcionamiento de los partidos políticos y a la política electoral (GPPyE) entre 2007 y 2022. Nos interesa visibilizar el rol desplegado por el Estado Nacional como organizador y garante del proceso electoral.
Como breve aclaración metodológica, se destaca que al momento de procesar la información pública, y debido a que los montos de gasto no resultan comparables a lo largo del período a causa de la inflación, todos los datos y conclusiones del informes están expresado a precios constantes 2022.
Una elección presidencial, en promedio, ronda los $47.523 millones, mientras que las de término medio alcanzan una media de $41.730 millones. La elección presidencial de 2015, en la que hubo segunda vuelta, fue la más cara: $62.2975 millones, seguida por la de 2011, en la que se ejecutaron $58.296 millones. El GPPyE pasó de representar el 0,04% del PIB en 2007 a oscilar entre 0,05% y 0,08% del PIB para el resto de la serie. Este incremento se explica sólo de forma parcial por la instauración de las PASO.
Para toda la serie analizada, el 84% del total de recursos corresponden a salarios, pago al Correo Argentino y diversos tipos de transferencias al sector privado. Ya sea para años electorales o no electorales, el gasto en personal es el de mayor estabilidad y presencia en la serie, rondando el 55% del total de recursos.
El concepto de "transferencias" representó en promedio durante los años electorales un 29% del GPPyE para los años electorales, pasó de $6.800 millones en 2007 a $12.400 millones en 2021.
Sin embargo, se aclara en el informe que "por cómo está publicada la información, no es posible desagregar el concepto correspondiente a cada una de ellas, ya que abarca desde el pago de horas extras a la Justicia hasta el financiamiento a partidos para la campaña electoral".
Y por último, en el caso específico de los pagos al correo Argentino se pasó del 14% en las elecciones de 2007 al 31% en las de 2021 ($3.600 millones a $14.200 millones), convirtiéndose en el rubro de mayor crecimiento. En particular, los años 2015 y 2017 registraron el mayor desembolso al Correo Argentino.
Mención aparte merece el Fondo Partidario Permanente (FPP), administrado por el Ministerio del Interior, cuyos recursos se distribuyen entre los partidos políticos como aporte para su desenvolvimiento institucional. En el informe destacamos no solo la importancia de esta herramienta política para garantizar un piso superior de independencia de los partidos al momento de definir sus plataformas y propuestas, sino también su escaso desenvolvimiento en los últimos años. El FPP comienza a decrecer a partir de 2019 y en 2022 llega a su piso histórico de $251 millones destinados a transferencias del Estado Nacional a los partidos políticos, significativamente inferior al máximo histórico de 2015 con $3.300 millones.
Para entender la importancia del proceso electoral, vamos a establecer algunas comparaciones para dimensionar el volumen de erogaciones. Los $90.367 asignados a la acción "Ejecución de actos electorales" equivalen a:
● 68% del crédito vigente por el Poder Legislativo ($133.718 millones).
● Aproximadamente dos veces el presupuesto total del Ministerio de Cultura ($46.476 millones).
● 76,2% del crédito vigente en el plan "Conectar Igualdad", ejecutado por el Ministerio de Educación ($118.556 millones).
La democracia mantiene aún vigentes las expectativas de un país más equitativo e inclusivo. Y para preservar este proyecto se debe revitalizar el vínculo entre representados y representantes, es decir, generar un acercamiento real entre las agendas políticas y ciudadanas, junto a mayores niveles de transparencia y control.
Cada vez que se cumple un aniversario de la recuperación democrática se comienza a hablar de las "deudas de la democracia".
No es apropiado confundir el sistema, la institución, con las personas que la integran. La democracia es, acaso, un valor o, al menos, un método acordado constitucionalmente para elegir autoridades.
No se puede echar culpas a la democracia por los desaciertos de sus representantes. Pero, además de elegir a sus gobernantes, la ciudadanía, en democracia, puede ejercer el control social sobre ellos. La participación cívica debe estar atenta a lo que las autoridades hacen.
El presente informe describe lo que ha ocurrido con los gastos electorales nacionales. Queda a la ciudadanía, a nosotros, poner la mirada, inquirir, sobre cómo se contratan y se abonan los servicios requeridos en una elección y qué ocurre con los comicios provinciales y municipales y sus gastos.
Creemos en la democracia como el mejor sistema para elegir representantes pero también, para una mayor transparencia, debemos preocuparnos de lo que un acto electoral moviliza. Las cuentas claras.
