Primero el triángulo, y después la dupla presidencial, supieron construir un camino comunicacional e institucional que les permitió afianzarse en el Poder Ejecutivo, logrando el acompañamiento, o al menos el silencio, de los principales actores de poder. Esta avanzada encontró varios obstáculos que, sin embargo, no cortaron la tendencia positiva del apoyo social, hasta ahora.
Con una baja en el camino, el triángulo de hierro llegó a su mínimo irreductible y hoy enfrenta una crisis que afecta los cimientos de su construcción simbólica, sobre la cual se sostiene su legitimidad. El escándalo de corrupción de la ANDIS, que llega después de las denuncias por pagos de audiencias con el Presidente y del caso LIBRA, puede marcar un antes y un después.
La diferencia es que en este caso se trataría de una afectación directa a los recursos públicos, mientras que en los anteriores episodios los simpatizantes oficialistas aún podían justificar que se trataba de un uso corrupto de la posición pública, pero sin impacto fiscal.
Algo aún difícil de medir desde lo simbólico es cómo repercute en el clima de euforia global que supo avivar el Gobierno. La noticia de las denuncias por coimas a Karina Milei ya recorrió el mundo y probablemente genere cierto aislamiento en la arena internacional que, aunque sea temporal, afecte la confianza de los mercados y la estabilidad macroeconómica.
El cuarto lugar obtenido en las elecciones correntinas puede interpretarse como un síntoma político y social de este devenir oficialista. El Gobierno perdió la oportunidad de acordar con un ejecutivo provincial popular, y el candidato oficial del presidente ni siquiera alcanzó los dos dígitos.
En otro momento histórico, un panorama de debilidad legislativa, movilizaciones sociales recurrentes y escándalos de corrupción habría puesto sobre la mesa la posibilidad de un impeachment. En un trabajo cualitativo comparado, Aníbal Pérez Liñán supo distinguir estas tres condiciones como los factores causales con mayor probabilidad de desembocar en un juicio político en América Latina. Cabe preguntarse qué cambió para que hoy esa posibilidad esté lejos de materializarse.
La creciente apatía social hacia la política partidaria, la atomización de la sociedad y de la oferta de fuentes de información, así como el deshielo del sistema de partidos y la desarticulación de los espacios nacionales, contribuyen a minimizar las posibilidades de movilización política o social que puedan afectar la continuidad presidencial.
La rigidez del presidencialismo está mitigada, en términos institucionales, únicamente por la figura del juicio político. Sin embargo, frente al desorden del sistema de partidos y a la incertidumbre de los dirigentes respecto de la evolución de la opinión pública, las posibilidades de que iniciativas semejantes prosperen en el Congreso son mínimas.
Esto podría cambiar en el caso de que las elecciones provinciales o las de medio término proyecten una imagen más clara de la caída del apoyo social, y se vislumbre el crecimiento de una alternativa política capaz de reemplazar al oficialismo con mayor legitimidad.
Aunque hoy esto quede en meros términos hipotéticos, la evolución del impacto de las denuncias de corrupción contra el círculo íntimo del presidente, sumada a una debilidad legislativa que continúe después del recambio de diciembre, podría convertir lo posible en probable.
