Un Gobierno puede tener “diferencias en la unidad”, como dicen desde el sector de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, lo cierto es que cuando esos matices obturan la agenda ejecutiva y parlamentaria, esas disquisiciones internas devienen en crisis de gobierno.
Max Weber, a quien Alberto Fernández cita con frecuencia, hablaba de la “ética de las convicciones” y la “ética de la responsabilidad”. Mientras que la primera está vinculada a un horizonte axiológico e ideológico personal, la segunda alude a una lógica más pragmática, en la que se prioriza la acción política para articular diálogos y soluciones a problemas concretos.
En cierto modo, algo de esa diferenciación weberiana subyace en la fractura que existe en el oficialismo, que se evidenció a partir de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia de su bloque en la Cámara Baja y alcanzó su paroxismo con el tratamiento y sanción del acuerdo con el FMI.
En los sistemas presidencialistas, la relación que se establece entre el Poder Ejecutivo y el parlamento es central para analizar y entender la dinámica de poder y el funcionamiento de los gobiernos. En ese sentido, la incidencia y capacidad de iniciativa parlamentaria que tenga el Ejecutivo, la configuración de bloques y mayorías que se establezca, la lealtad del espacio oficialista en el parlamento con su líder político (y si, eventualmente, ese liderazgo lo ejerce el presidente de la Nación u otro dirigente), el poder de agenda y de iniciativa legislativa propia que tenga la facción de gobierno, así como el rol de la oposición en el Congreso, son indicadores esenciales para evaluar la relación Ejecutivo-Legislativo y la preponderancia que tenga ese Parlamento tanto en la cantidad como en la calidad de leyes que sancione.
Una mirada sobre las comisiones
Una parte central para entender el funcionamiento del Congreso es analizar la composición y la actividad de las comisiones. Estos espacios tienen la tarea de dar un tratamiento específico, por áreas temáticas, a los proyectos que ingresan a cada cámara, previo al debate en el recinto.
Son claves porque allí se maneja la agenda del parlamento. En ese sentido, los presidentes de los bloques, que entre todos -más del presidente de cada cámara- forman lo que se conoce como Labor Parlamentaria- tienen la capacidad de pisar algunos proyectos e instalar/impulsar los que desean.
Otro aspecto importante es ver la cantidad de “giros” que se le asigna a un proyecto que ingresa a las cámaras. Normalmente, cuando a un tema se le da prioridad y se pretende que avance con celeridad, se le da pocos giros, o sea, se lo envía a una cantidad reducida de comisiones, para lograr más rápido los dictámenes que permitan pronto un tratamiento en el pleno. En cambio, asignarle muchos giros a un proyecto puede ser una manera de dilatar o trabar su tratamiento y eventual sanción, dado que a más cantidad de comisiones que trabajen un tema, más consensos, negociaciones y tiempo de discusión previo al recinto se requerirá.
Toma y daca por las comisiones
Está clara la preponderancia que tienen las comisiones en el Congreso. Ahora bien, algo primordial en ese sentido es que cada comienzo del período de sesiones ordinarias, especialmente después de un año electoral que cambió la relación de fuerzas en el Parlamento, se tienen que volver a constituir las comisiones. Para lograr eso, se producen negociaciones entre los presidentes de cada bloque en las que se busca acordar cómo repartirán las presidencias de cada comisión. Este año sucede algo inédito: llega abril y el Congreso todavía no pudo formar sus comisiones. En la Cámara Baja, por ejemplo, sólo se constituyeron Presupuesto y Finanzas, para tratar el acuerdo de refinanciación de deuda con el Fondo Monetario Internacional. El oficialismo quedó fracturado y no cuenta con mayoría ni quórum. Este ajedrez de disonancias obtura la integración de las comisiones, herramienta clave para volver a sesionar.
Es cierto que el Congreso podría sesionar sin comisiones conformadas, pero es improbable que eso suceda por mucho tiempo y, menos, en un parlamento tan dividido. Cuando un proyecto se debate de manera especial sin dictamen previo de comisión, en la jerga se le dice tratamiento “sobre tablas”. Ese tipo de tratamiento requiere mayorías más exigentes para sancionar leyes, algo que ningún espacio tiene y el clima político es muy tenso como para lograrlo. Por este motivo se vuelve urgente y necesario la conformación de las comisiones.
El jefe de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, convocó a una reunión a los presidentes de los bloques de Juntos por el Cambio para discutir el reparto de las presidencias de las comisiones en Diputados. Por las últimas elecciones, a ambos bloques mayoritarios les corresponde igual cantidad de comisiones y eso genera tensiones. “Ya entraron muchos proyectos de ley y están paralizados porque no se pueden conformar las comisiones”, señala un diputado del radicalismo.
El encuentro entre los bloques finalizó sin un acuerdo y deberán volver a reunirse. En el oficialismo aseguran que quieren “arreglar lo antes posible para empezar a sesionar”. Martínez piensa que la oposición tiene que ceder y en JxC atribuyen la traba a la fractura en el oficialismo. “El gran problema que tenemos es ponernos de acuerdo entre nosotros”, reconoce un diputado del FdT.
El oficialismo es un solo bloque de 118 diputados y Juntos por el Cambio es un interbloque con una coalición de bloques que, entre todos, llegan a 116 escaños. Si para el reparto de comisiones se aplica D'Hont por bloques, el oficialismo controlaría la mayoría. En cambio, si el reparto se hace por interbloques, el Gobierno perderá lugares claves. En la oposición exigen que las comisiones se deben conformar por interbloques, con el precedente que quedó en diciembre cuando se armó la comisión de Presupuesto.
Se avizora un Congreso complejo que, en el alba del año legislativo, arranca el 2022 paralizado. Mientras tanto, Alberto revisa su Telegram a ver si Cristina le responde los mensajes. Todavía hay dos tildes azules.
En JxC hay más cohesión, pero no están exentos de matices. Si bien votaron unificados el acuerdo con el FMI, lo cierto es que de cara al 2023 el espacio está repleto de caciques y la lucha de egos, por momentos, es áspera. Esas discusiones internas de la oposición pueden extrapolarse al reparto de presidencias de comisiones claves. El toma y daca entre el PRO y la UCR también está activo. En la oposición aseguran que no pedirán las llamadas “comisiones de gobierno”, como Asuntos Constitucionales, Presupuesto (que ya se constituyó), Relaciones Internacionales o Legislación General. En tanto, Germán Martínez trata de destrabar la negociación con la oposición y, al mismo tiempo, articular entre el albertismo y La Cámpora para designar las presidencias de las comisiones que les correspondan.
Las prioridades del Gobierno en 2022
El Gobierno pretende que Martínez y Massa logren el equilibrio pertinente para desplegar su agenda parlamentaria. Dentro de los temas que impulsa el Ejecutivo sobresalen proyectos de inversiones automotrices, de electromovilidad, el de la Ley de Compre Argentino y el de AgroBioIndustrial.
El jefe de Estado quiere que el Congreso motorice un conjunto de temas en los que trabaja el Consejo Económico y Social, presidido por Gustavo Béliz. Cecilia Todesca y Matías Kulfas son los funcionarios cercanos a Fernández que articulan el diseño de esas medidas.
En línea con esto, el equipo económico del presidente de Diputados, Massa, trabaja en iniciativas parlamentarias para “generar trabajo y valor agregado”, explican. Fernández necesita la muñeca del líder del Frente Renovador para legislar. Massa tiene canales de diálogo diarios con Máximo y con la oposición.
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