El 30 de octubre, Lula y Bolsonaro se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial brasileña. Lo mismo harán 12 candidatos a gobernadores de las 27 unidades federativas de la República. Sin embargo, la composición del poderoso Congreso ya ha quedado perfilada.
Banderas en cada balcón, calcomanías en autos y motos particulares y profesionales. La elección presidencial brasileña convocó con fervor a una ciudadanía que se volcó por una mayoría estrepitosa por alguna de las dos opciones principales: entre Lula y Bolsonaro cosecharon el 91,63% de los votos. Esta tendencia a la concentración del voto en dos opciones dista de la tradición de fragmentación partidaria característica del Congreso del país tropical.
El Poder Legislativo brasileño es bicameral: posee una Cámara de Diputados de 513 miembros, renovada por completo cada cuatro años, y un Senado Federal de 81 representantes. En la pasada elección, cuyas luces estuvieron puestas sobre las dos figuras presidenciables, se renovaron no solo la totalidad de la Cámara de Diputados, sino también un tercio del Senado -cuyos miembros tienen mandatos de ocho años-.
La elección de los representantes legislativos se realiza mediante listas abiertas, facilitando la personalización del voto, en detrimento de la organicidad de la boleta partidaria. Por añadidura, la primera categoría que aparece para ser votada en la urna electrónica es la de diputados federales, "desenganchándolos" de la elección presidencial. A su vez, como suele suceder en los países federales, el poder territorial de los referentes de cada distrito es muchas veces lo que moviliza la maquinaria electoral, más que la elección nacional. Esta política parcialmente despartidizada ha posibilitado dos dinámicas. La primera es aritmética: hasta esta elección, había representados en el Congreso brasileño una treintena de partidos -téngase en cuenta que las diputaciones son repartidas de forma extremadamente proporcional, habiendo diputados cuyas fuerzas obtuvieron menos del 1% de los votos-. La segunda consecuencia de este Congreso multicolor es la dificultad que encuentran frecuentemente los presidentes brasileños para conformar mayorías de manera estable y limpia. La elección por candidato trae como resultado que, durante el ejercicio de las legislaturas, no todos los legisladores voten disciplinadamente en virtud del partido que fuera su plataforma electoral, y, en especial los senadores, pueden cometer actos de transfuguismo impunemente. La consecuencia política de esta fragmentación partidaria la enseña la historia: en 37 años de democracia, dos presidentes fueron ya destituidos mediante juicio político -Fernando Collor de Mello (1992), y Dilma Rousseff (2015)-.
Sin embargo, las reglas de juego empezaron a cambiar desde 2018. Rogério Schmitt, doctor en Ciencia Política por el IUPERJ, expuso en la Fundação Espaço Democrático en San Pablo su análisis pos electoral para el PSD y el grupo de observación electoral que integré con otros miembros de la Fundación Universitaria del Río de La Plata y el Club del Progreso. Allí, nos advirtió que el sistema electoral brasileño viene incorporando un umbral para la sobrevida partidaria. En 2018, este fue del 1,5%, en 2022, del 2%, y ya están reglamentados aumentos del piso al 2,5% en 2026 y al 3% en 2023. Los partidos que no cultiven esos porcentajes dejarán de acceder a los Fondos Partidarios que reparte el Estado, así como al espacio gratuito en TV y radio. Esta norma, conocida como "cláusula de desempeño" o "de barrera", combate en simultáneo las dos dinámicas antes descritas. A la multiplicación de partidos, responde con la eliminación de los menores, o bien, a la fusión de estos con partidos políticos con mayor representación. En 2022, de las 28 entidades políticas (entre partidos y coaliciones) registradas ante el Tribunal Superior Electoral, 16 no llegaron al umbral del 2% exigido. Esto no quiere decir que quienes se presentaron a elecciones vayan a abandonar la política, sino más bien que los capuchones de las lapiceras se están abriendo y cerrando a contrarreloj en los pasillos del Congreso para negociar las mergers más convenientes.
La dinámica partidaria desnacionalizada es también combatida por esta regulación por una exigencia de distribución. No alcanza llegar al 2% si todos esos votos provienen de un mismo estado: el partido o coalición tiene que obtener un 1% de votos válidos en al menos un tercio de las unidades federativas de la República, o elegir al menos once diputados federales distribuidos en nueve unidades de la Federación. Esta exigencia puede ser vista como elevada o baja dependiendo del contexto político en que se introduzca. En el caso brasileño, polarizado en torno a dos opciones, y con un fuerte corte territorial del voto, es una pulverizadora de fuerzas menores. Téngase en cuenta que la heterogeneidad económica, social y cultural de Brasil se traduce políticamente: Lula tuvo un amplio margen de victoria en los estados del nordeste, y uno más modesto en el norte, mientras que Bolsonaro se posicionó en el centro y el sur, con la excepción del estado de Roraima.
En cuanto a la composición política del Congreso, tanto en el Senado como en Diputados, la coalición bolsonarista (PL, PP y Republicanos) ya se consolidó como la más numerosa, seguida por la coalición Brasil da Esperança (PT, PV y PCdoB), pero ninguna de las dos coaliciones principales reunió mucho más que un tercio. En otras palabras, la presencia de menos partidos políticos en el Congreso no garantizó una mayoría absoluta a ninguno de los dos presidenciables. Por eso, quien sea que gane el 30 de octubre no puede dar nada por sentado: la astucia política será llamada a escena en cada decisión de gobierno.
