La liga de gobernadores vuelve a ocupar el centro de la agenda coyuntural de la política argentina. Lo hace en circunstancias sugestivamente muy similares a las de otros momentos históricos, en las que la acción de los gobernadores contribuyó a reencauzar crisis nacionales que parecían terminales para el sistema.
Esta vez, la primera acción concertada se produjo después de las ultimas PASO, cuando la derrota electoral del peronismo en distritos clave del GBA y el interior llevó a los gobernadores a cerrar filas en torno al intento de Juan Manzur -uno de sus miembros más reconocidos - de devolver vitalidad política a un gobierno desfondado y sin ideas.
La pretensión básica de los gobernadores en ese primer momento fue la de “bajar la persiana” a las políticas sociales nacionales y reclamar una autonomía plena de los gobiernos locales -provinciales y municipales- basada en el redireccionamiento de las políticas de protección. Se cerraron así a la expansión territorial de los “movimientos sociales” nacionales.
Tanto el Gobierno como sus aliados entendieron el mensaje y aceptaron la imposición. Ello permitió la recuperación del voto nacional por la vía de la recuperación del voto en las provincias. Los resultados de noviembre dieron la razón a los gobernadores.
Así lo entendió por lo menos el kirchnerismo, que comenzó a respetar el análisis político de los gobernadores. Una de las lecciones aprendidas del desastre de las elecciones intermedias, fue la necesidad de preservar la autonomía de provincias y ciudades, a través de un verdadero cordón sanitario frente al riesgo de contaminación del conurbano bonaerense.
Desde ese momento, la deliberación conjunta de los líderes provinciales escaló en objetivos y en realizaciones. La cooperación se plasmó en reuniones de trabajo casi semanales en las oficinas de un CFI -recuperado como think tank de las provincias - y se completó en una serie de iniciativas que hoy fructifican.
Las provincias del Norte Grande -bajo el liderazgo inicial pro tempore del chaqueño Jorge Capitanich y luego del santiagueño Gerardo Zamora, fueron decisivas en un encadenamiento de proyectos conjuntos que hoy se extiende por todo el país.
Así, por ejemplo, la región del litio liderada por Salta con el concurso activo de Jujuy y Catamarca, las iniciativas de Chubut y Santa Cruz en el petróleo y gas del Golfo San Jorge, las que vinculan a Neuquén y Río Negro en la estratégica región de la confluencia, las seis provincias de la Hidrovía y los intentos de recuperación de lo que fue, en tiempos del tardomenemismo y el primer kirchnerismo, la iniciativa de la Región Centro
Son todos buenos ejemplos de una nueva lógica asociativa entre las provincias. Las reuniones periódicas de ministros y técnicos provinciales se han visto complementadas por los viajes de gobernadores al exterior.
Ejemplos claros fueron las misiones provinciales a la feria Internacional Qatar, la visita a Israel de los gobernadores que trabajan en el diseño de la nueva agencia nacional del agua o, más recientemente, la visita de las provincias mineras a la exposición mundial de minería.
Los ejemplos de este tipo se multiplican y dan cuenta de una realidad nueva y sin precedentes. Se ha tratado de misiones técnicamente muy bien organizadas, que han permitido cultivar una intensa relación personal entre gobernadores de todas las fuerzas políticas. Los gobernadores se entienden, hablan un mismo lenguaje y comparten posiciones frente a los problemas que se plantean. .
Las “ligas de gobernadores” no son nuevas en la política argentina. Surgieron siempre ante graves crisis nacionales. Algunas de estas ligas fueron decisivas en el proceso de constitución del Estado nacional. Por su importancia en las guerras civiles del Siglo XIX cabría recordar a la Liga del Interior tambien denominada Liga Unitaria, que congregó a las provincias de San Luis, La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta, Santiago del Estero.
Esta liga se enfrentó durante diez años a las provincias congregadas en el Pacto Federal, constituido por Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. La cuestión central giró en torno a la institucionalización de la unión nacional y ya desde entonces a la solución federal propugnada por Rosas y Quiroga.
Pareja influencia alcanzaría la liga de gobernadores que se formó en 1870 por efecto del rechazo a la política de acuerdos entre Nicolás Avellaneda y Mitre y que congregó a los gobernadores de Cordoba, Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero. Esta liga estaría luego en la base del proceso de organización nacional en torno a los gobiernos de Juárez Celman y Roca y su estructura política daría luz, bajo Roca al Partido Autonomista Nacional.
La Liga de Gobernadores volvería a ser decisiva en otro momento dramático del sistema político, como fue la crisis del 2001 cuando impulsó el gobierno provisional de Eduardo Duhalde, luego de la caída de Fernando De la Rúa.
Los gobernadores fueron y vuelven hoy a ser un factor decisivo, no determinante, aunque condicionante de los procesos de recomposición del poder político nacional. Una vez más, las provincias intentan apuntalar a un poder nacional dividido, que intenta proyectar sus querellas a todo el país. Postulan sobre todo unidad en la diversidad, a través de una recreación de un federalismo de cooperación no declamado y efectivo.
La agenda escogida reviste importancia crítica. Abarca el problema de una justicia paralizada y cada vez más desprestigiada, sobre todo en su respuesta a los problemas centrales del federalismo, paralizados en su desarrollo desde los avances promisorios de la Constitución del '94. La agenda de los gobernadores se centra por ello en la crisis de las políticas sociales, el desarrollo territorial, el empleo y una larga serie de cuestiones que resultan de la intersección de ambas problemáticas.
La legitimidad de origen de este nuevo intento de terciar en las soluciones es la autoridad de una nueva generación de gobernadores que vienen de provincias fiscalmente equilibradas, con condiciones de paz social y armonía política y que cuentan con proyectos de inversión y desarrollo productivo que no pueden esperar más tiempo soluciones nacionales que tardaran en venir.
La legitimidad de ejercicio dependerá, sin embargo, de la profundidad y la calidad final de sus iniciativas. En vísperas ya de unas elecciones decisivas en 2023 es poco probable que los gobiernos provinciales encarnen una opción electoral propia.
Lo más positivo de su aporte es que demandan atención en temas nacionales en los que los gobiernos han vuelto una y otra vez a fracasar. Es de esperar que esta presencia del país real fructifique en propuestas institucionales sólidas y sostenibles en ese medio y largo plazo que la política parece una vez más empeñada en soslayar.
