La democracia no está pasando su mejor momento en el mundo.
Algunos, dependerá del lugar en el que se paren, verán esperanzas en el triunfo laborista en el Reino Unido, o en el freno a Le Pen en Francia, mientras que otros pensarán que el crecimiento de fuerzas de derecha reivindica un porvenir mejor.
Las candidaturas presidenciales en EE.UU., a las que los ajenos asistimos azorados, parecen poner a la democracia occidental en un callejón sin salida. En un rincón, un postulante desorientado cognitivamente, y en el otro ángulo, un pendenciero de conductas misóginas y delictivas.
Según el índice de democracia global elaborado en 2023 por The Economist, sólo 24 países del mundo fueron establecidos como "democracias plenas" (8% de la población mundial). Son los países escandinavos, algunos de Europa occidental, Canadá, Australia, Corea del Sur, Taiwán y Japón. De Latinoamérica, solo Uruguay y Costa Rica.
Le siguen las "democracias deficientes", donde está Argentina, en el puesto 54. Y luego las "híbridas", y las de "régimen autoritario".
Se consideran "autoritarias" (la calificación más baja) a las de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela y, cercanas, México, Bolivia y El Salvador, de la mano de Bukele.
Argentina, de los 5 índices que se toman para medir la calidad democrática, tiene una buena puntuación en cuanto a su proceso electoral (9.17 sobre 10), bajando a 7.94 en libertades civiles, a 7.22 en participación ciudadana, a 5 en funcionamiento del gobierno y a 3.75 en política cultural. Cabe señalar que no se está midiendo la actual gestión.
Pero hay que considerar lo que opina cada ciudadano frente a su propia democracia, a la de su país.
Un informe de Ciencias Sociales de la UBA (2023) dice que el 71% de los argentinos prefiere la democracia a cualquier otra forma de gobierno, mientras que el 26% dice que a veces sí y otras no. El 58% estima que el funcionamiento de la democracia es malo o muy malo y, para el 41%, es bueno o muy bueno.
"Se come, se educa, se cura" decía Alfonsín sobre lo que la democracia nos iba a dar, hace 40 años.
Hoy se come poco, y comen pocos, se educa a medias y se cura mal.
En estos 40 años hemos ido creando instituciones que han ido resolviendo (o intentándolo) las dificultades de la sociedad.
Las sociedades son dinámicas, mutan de modo permanente, tanto en sus edades, sus costumbres, sus adaptaciones, respuestas, intereses, necesidades, etc.
Es por ello que no alcanza con crear instituciones si se las piensa como algo estático o fijo. Las instituciones, tanto en sus contenidos como en sus formas, deben ir resolviendo las inquietudes de esa sociedad siempre cambiante.
Incluso, hemos caído en la tentación de generar instituciones de nombres ostentosos pero carentes de acciones y contenidos, dando pie a su eliminación en la actual gestión, mientras que el tema, que era genuino, se suspende y los derechos estaban y están, por acción u omisión, en el olvido.
La democracia cumplió sus 40 años y la reforma constitucional está llegando a los 30. Fue un acuerdo unánime de los constituyentes que dieron, con debates, el actual texto vigente.
La democracia de entonces, aún joven, tenía el entusiasmo de dar respuestas, pero, incluso siendo la democracia el mejor sistema elegido por la población, debe dar pruebas de resolver los problemas cotidianos, los actuales.
Necesita un Ejecutivo que decida y actúe, controlado por un Congreso que parlamente y acuerde, una Justicia que sea rápida y, justamente, justa. Educación integradora, abarcativa, de calidad, pública y que eduque. Economía equitativamente distributiva. Seguridad. Vivienda. Salud. Trabajo.
Con la reforma, dos instituciones adquirieron rango constitucional: la Auditoría General de la Nación (AGN), creada previamente por la Ley 24.156 y receptada en el Art. 85 de la Constitución Nacional; y el Defensor del Pueblo de la Nación, generado en las leyes 24.384 y 24.379, y consagrado en el Art. 86 de la Constitución Nacional.
El Defensor titular del Pueblo lleva 15 años sin ser nombrado. Para ello debe llegarse a un acuerdo político en el Legislativo, por lo que, en este lapso, el reproche cae sobre varias capas de legisladores, no solo de las actuales cámaras.
El organismo funciona, pero lo hace de manera acotada ya que no puede representar en juicios ni en la participación del diseño de políticas públicas. El Defensor es el mediador entre el Estado y los ciudadanos para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.
La AGN está a cargo de un presidente, nombrado por el principal partido legislativo de la oposición y tiene, además, 6 auditores generales, con el mismo rango que el presidente, es decir, un cuerpo colegiado de 7 miembros.
Actualmente, por no haber llegado a un acuerdo en Diputados, funciona sólo con el presidente y 3 auditores (del Senado).
Si uno de ellos llegara a ausentarse, no habría posibilidades de actuar.
Sus funciones y atribuciones, por diversa normativa, se encuentran cada vez más acotadas y sus informes llevan un atraso considerable en la materia en que intervienen.
La reglamentación del Art.85 de la Constitución Nacional fue una exigencia de la Constituyente del 94 y, a la fecha, sigue pendiente.
Tenemos a la SIGEN (Ley 24.156) y las UAI (Unidades de Auditoría Internas). La SIGEN es el órgano de control interno, nombrado su titular por el Poder Ejecutivo de turno pero, en ocasiones, su accionar en lugar de controlar a su propio mandato, actúa sobre la gestión anterior.
Así ocurre por estos días, donde se toman sus auditorías para justificar despidos, con o sin razón, pero, por ejemplo, así nada sabemos de las irregularidades en el Ministerio de Capital Humano con los alimentos sin distribución.
La democracia, en su accionar, atraviesa una crisis de representación. Alcanza a la política, a los sindicatos, a los empresarios y otras organizaciones.
Los ciudadanos no tenemos facultades para gobernar de manera directa. Nuestro sistema, con sus claroscuros, es representativo.
Esta condición no debe hacernos caer en lo que proponen algunos gobernantes y funcionarios que quieren ponernos en el rol de ciudadanos sólo votantes pero delegantes y, por eso, ignorantes.
El control en manos de la ciudadanía es una forma de fortalecer la democracia, es lo que la diferencia de los gobiernos autoritarios. Estos quieren un ciudadano que no participe, que no opine, que no se comprometa, que sólo concurra a sufragar.
Dijimos que la sociedad es dinámica, pidamos instituciones en consecuencia, lejos del reparto de la política y de ser su refugio, pero cerca de las necesidades de la población.
El Estado, debatido y equilibrado, más allá de las críticas eventuales, no es el enemigo, es la fortaleza de los, presuntamente, débiles frente al posible abuso de los que detentan el poder.
Un Estado fuerte, eficiente, abierto, ágil y con participación ciudadana.
