Varias generaciones de argentinos estamos atravesadas por la “causa de la reforma política”. Una cuestión reincidente, que ha significado distintas cosas a lo largo del tiempo: “lista sábana”, “voto electrónico”, “boleta única”, y un largo etcétera de propuestas para cambiar la forma de votar y representar. En otros países y culturas políticas también se habla de estos temas, pero no tanto, ni tan públicamente.
En Argentina, la recurrencia de la “reforma política” parece significar dos cosas: a) la idea de que nuestro sistema político funciona mal, tanto que afecta a nuestro desarrollo, y que todo eso puede solucionarse con una fina y mágica cirugía institucional, y b) que hay un problema particular en el Congreso, ya que la mayoría de estos debates son sobre las listas para diputados y senadores.
Tras la crisis de 2001, cuando la cuestión de la reforma alcanzó un apogeo y diversas ONG juntaban firmas en las calles de Buenos Aires para la “causa”, había un deseo indisimulable de cambiar a los políticos existentes por otros (“que se vayan todos”), y se suponía que modificando leyes todo ello iba a verse facilitado.
Se creía que el régimen electoral vigente garantizaba la continuidad de los partidos peronista y radical, y que desmontando cada uno de los elementos que constituyen el mecanismo de votación, todo un entramado de buenos ciudadanos impedidos de acceder al poder por culpa de las boletas, el papel y la falta de fiscales iba a poder sentarse en las bancas y devolvernos la patria perdida. Veinte años después, la ilusión continúa.
En las últimas semanas reaparecieron dos debates acerca del sistema electoral: la boleta única a nivel nacional y el impacto del Censo 2022 en la representación legislativa.
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Son temas distintos, y también lo son los intereses y motivaciones detrás de cada propuesta. La ilusión de la boleta única, un tema ya instalado en ciertos sectores de la opinión pública obsesionados con despartidizar y reemplazar políticos profesionales por otra cosa, dice que la boleta partidaria “horizontal” vigente impide cambios, ya que restringiría la independencia del ciudadano en el cuarto oscuro.
De dos formas: primero, porque facilita el arrastre electoral -gente perezosa que mete una misma boleta en el sobre, sin reflexionar mejor sobre la conveniencia de votar a diferentes partidos en cada categoría, y segundo porque permite delitos electorales como el robo de boletas, el “voto cadena” y otras inducciones que convendrían a quienes tienen más militantes-fiscales en la calles.
Ambas ideas son cuestionables. Para empezar, en casi 40 años de elecciones nadie pudo demostrar convincentemente que el robo de boletas, el control patoteril de los centros de votación u otras “trampitas” clásicas de la historia universal de la democracia sean tan gravitantes en Argentina como para influir en los resultados nacionales. Tal vez algún concejal, intendente de ciudad chica o presidente de club de fútbol haya logrado su cometido descontando votos ajustados con irregularidades, pero esas cosas no suceden con las elecciones al Congreso o la Casa Rosada.
El sistema es muy abierto, transparente y observado como para eso. Quien crea que la boleta única es una revolución democratizadora, como si estuviéramos a mediados del Siglo XIX, no conoce el sistema argentino.
El otro punto, el del arrastre entre categorías (de nacional a local, o viceversa) sí tiene impacto real. Efectivamente, cuando se votan varios cargos en forma simultánea, es habitual que los votantes vayan ir al cuarto oscuro con una meta principal (por ejemplo, reelegir al intendente, o votar en contra del presidente a cargo), y el resto de las decisiones que toma al depositar una boleta queden subordinadas a ella.
Esto está demostrado por muchos estudios en ciencia política: el arrastre es mucho más real que el fraude. Pero lo paradójico, es que en la coyuntura actual el arrastre es más conveniente para los “nuevos” que para los “viejos”. Hoy, los principales beneficiarios de la boleta única son los gobernadores peronistas, radicales y de partidos provinciales, y los más perjudicados son los “halcones” del PRO, los libertarios y la izquierda.
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¿Por qué? Porque con alta inflación, bajos ingresos e incertidumbre de futuro, la opinión pública está dominada por los temas nacionales. Por eso es tan fácil popularizar a una figura nueva en todo el país, y por eso las encuestas muestran tantas oscilaciones mes a mes: porque la sociedad está ávida de respuestas, y ello es funcional a los innovadores. A todos aquél que pueda ingresar al menú de opciones presidenciales gracias a sus posiciones decididas en los medios de comunicación, pese a carecer de candidatos locales conocidos en las provincias y los municipios, le conviene la boleta partidaria vigente, que nacionaliza y partidiza la elección.
Eso vale para Patricia Bullrich, Javier Milei, Nicolás Del Caño y tantos otros que mejoran su posición en las encuestas de precandidatos presidenciales. Contrariamente, los gobernadores e intendentes establecidos en su territorio le tienen miedo a esas boletas con arrastre “desde arriba”, ya que pueden terminar inflando a desconocidos “por abajo”.
En 1983, el empuje del “nuevo”, que era Raúl Alfonsín, permitió que muchos gobernadores e intendentes con pocas credenciales locales ganaran elecciones inesperadas. Los efectos de arrastre, aunque son reales, varían en función del contexto. En este caso, nos encaminamos hacia una elección donde habrá más arrastre desde arriba hacia abajo, que desde abajo hacia arriba.
