La Corte Suprema falló. Aún a la espera del de fondo, los jueces resolvieron la revocación del decreto que bajó la coparticipación a la Ciudad y de la ley que estableció el régimen de financiamiento de la seguridad porteña.
La novedad ahora es el otro fallo, el del Poder Ejecutivo Nacional, que manifestó que desacatará la decisión del Poder Judicial, iniciando una disputa entre algunas de las instituciones con más peso de la República.
Más allá de la legitimidad y veracidad de los postulados presentes en la cautelar de la Corte, el precedente de ignorar una resolución del máximo tribunal no es auspicioso para el clima político de cara a un año electoral. El Ejecutivo Nacional, falla.
La resolución judicial se inclina a sostener el argumento de los funcionarios porteños, al alegar que cualquier cambio en las transferencias debe realizarse por medio de un acuerdo. Bajo este supuesto, perecería casi imposible que la Ciudad acepte relegar parte de lo que recibe de coparticipación.
La Corte tardó 27 meses en llegar a esta posición, que básicamente sirve para prevenir la imposibilidad de que el Estado Nacional afronte la deuda retroactiva en caso de que el fallo de fondo sea en favor de la Ciudad. Para ello, los magistrados por unanimidad definieron que el coeficiente que deberá erogar la Nación de su porción de la masa coparticipable es 2,9% (un justo punto medio entre las dos posiciones).
Un lector que no viene siguiendo el conflicto y escuchó por arriba los titulares periodísticos, puede estar confundido por este brevísimo resumen de la decisión judicial. Esto se debe a que Larreta aprovechó el fallo para, con ánimo triunfalista, anunciar que podrá bajar impuestos ahora que la Justicia le "devolvió los recursos a los porteños". Esto no solo es falso en cuanto a la resolución de los magistrados, también lo es por la incapacidad del mandatario de decretar en materia impositiva.
En este sentido, aquí encontramos otro poder que ha fallado en su propósito: la Legislatura de la Ciudad. Allí se convocó una sesión para derogar el impuesto a las tarjetas, instalado luego de la quita de los recursos. En el Poder Legislativo porteño no se consiguieron los dos tercios necesarios para habilitar la tabla del expediente oficialista.
Frente a la posibilidad de que Juntos por el Cambio agregue una clausula a la eliminación del impuesto, condicionada a que se acate la cautelar, el Frente de Todos y la izquierda no acompañaron el proyecto.
Argentina no se terminó de reponer de los festejos por el mundial y la política ya ha dado un espectáculo lamentable. La justicia, con una cautelar que no resuelve la cuestión de fondo; el Presidente, especulando con desconocer un falló del máximo tribunal; el Jefe de Gobierno, utilizando un pedido ilegítimo desde lo económico para polarizar con el gobierno nacional; y la Legislatura, no pudiendo dar el único paso que podría haber tenido un buen impacto en la sociedad porteña. Todos fallan, todos fallaron.
