El “2023” no es solo el nombre propio que ya define lo que muchos avecinan como un cambio de rumbo en la política nacional. Tanto sectores del oficialismo como la oposición vienen desgastando el concepto por sus ansias de que llegue la oportunidad de mejorar su posición. A nivel federal esta ansiedad se traduce en la tendencia de desdoblarse de las elecciones nacionales.
Ya son once las provincias que son grandes candidatas para tener comicios locales diferenciadas de las presidenciales. Algunas de ellas están inhabilitadas constitucionalmente a tener elecciones conjuntas entre los distintos niveles de gobierno.
Estas se dan por impedimentos facticos por las complejidades de las regulaciones temporales, como en el caso de Catamarca, cuya Carta Magna estipula que sus elecciones locales deben ser en marzo. En el mismo mes se celebrarían los comicios también en Formosa, Misiones y Neuquén. Candidatos a concejales, intendentes, legisladores provinciales y gobernador comenzarán la campaña que dará inicio al calendario electoral argentino. Sin tiempo para recuperarse de las Fiestas, los ciudadanos de estas cuatro provincias serán espectadores de una campaña que para ellos, y muchos otros compatriotas, será eterna.
El gobierno de Salta fue el primero en poner fecha a la impaciencia de los fanáticos electoralistas. El 16 de abril la provincia del norte decidirá sobre la renovación de sus autoridades locales. Hay otras dos provincias demográficamente relevantes a nivel federal donde ya se habla de fechas diferentes a las presidenciales. Córdoba y Tucumán votarían en junio por mandato constitucional, y como quien no quiere la cosa, aprovechando los beneficios que esto conlleva.
En el Estado subnacional mediterráneo, que acumula casi el 9% del electorado nacional, es hogar del gobernador justicialista más alejado del Ejecutivo nacional. Su coalición, de mayoría justicialista, se beneficia de la provincialización de la elección.
En caso similar pero con un Poder Ejecutivo cercano al nacional se encuentra Santa Fe. La provincia del litoral está obligada por su constitución a celebrar las elecciones tres meses antes del fin del mandato, por lo que todo indica que antes del 10 de septiembre los santafesinos decidirán exclusivamente sobre los cargos electivos locales.
A la lista se le suma Rio Negro, cuyo desdoblamiento es de esperar siendo que es gobernada por una fuerza local, caso semejante al de Chubut y Neuquén. Estas dos provincias, aunque no se ha confirmado oficialmente, cuentan con todo dado para desincronizar sus elecciones. Santiago del Estero y Corrientes se ahorran participar de la presente discusión dado que renovaron a sus mandatarios locales en el 2022.
Habiéndose prácticamente descartado el desdoblamiento en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, las elecciones nacionales se aseguran un piso de electores consecutivos cercano al 50%. En ambos distritos las dos coaliciones mayoritarias ponen todo en juego para traccionar al nivel nacional.
Juntos por el Cambio tiene el escenario más beneficioso, dado que no corre ningún peligro la continuidad de la alianza en el distrito capital. En cambio, en la provincia el Frente de Todos necesita a sus votantes kirchneristas del Gran Buenos Aires para darle una oportunidad a nivel nacional, bajo el supuesto de una candidatura al Senado (o en una nueva fórmula presidencial) de la vicepresidenta.
Tal incertidumbre sobre el desdoblamiento subnacional de las elecciones es una más de las particularidades de nuestro federalismo (o provincialismo unitario). El espíritu de esta forma de organizar políticamente territorios extensos y/o heterogéneos es el de diferenciar las discusiones locales de las nacionales. La flexibilidad y discrecionalidad en las decisiones que afectan el calendario electoral responden exclusivamente a un beneficio para los lideres locales. De esta manera los mandatarios provinciales logran aumentar su influencia a la hora de negociar con el liderazgo partidario nacional y las instituciones federales.
