A la luz de los resultados iniciales de las presidenciales 2023, la cuestión federal será uno de los ejes centrales de la política argentina en el ciclo que comienza. El impacto combinado de los adelantos gubernativos provinciales y los resultados del primer tramo de las presidenciales así lo sugieren.
Bajo el liderazgo electoral de Sergio Massa, la coalición oficialista de Unión por la Patria obtuvo una victoria contundente en el conurbano bonaerense, donde solo perdió dos distritos, además de asegurarle un triunfo estratégico en la provincia de Buenos Aires. La victoria adquirió así una dimensión nacional, que le permitió mejorar en distritos como Santa Fe y Córdoba, a la vez que le devolvió el control de Tucumán, Entre Ríos, Río Negro, La Pampa, La Rioja, Santa Cruz, Tierra del Fuego y -sorpresa mayor- Corrientes. El desempeño mejoróen casi todas las provincias, destacando una vez más por su contundencia el caso notable de Gerardo Zamora en Santiago del Estero. Los resultados en las provincias patagónicas han tonificado al Gobierno en aspectos claves de su posicionamiento estratégico a futuro
La coalición libertaria logró a su vez retener los votos de las PASO y triunfo a su vez en diez provincias, incluidos los casos clave de Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Ratificó así la dinámica transversal de su presencia sorpresiva en el sistema político argentino
El mapa político del país avanza hacia una despolarización que contribuirá muy seguramente a superar algunos de sus severos déficits de calidad institucional. Massa ganó en Rosario, Mar del Plata, La Plata, Bariloche y Resistencia, cinco de los diez principales distritos del país. Milei obtuvo cuatro grandes ciudades: Córdoba Capital, San Miguel de Tucumán, Salta y Neuquén Capital, al tiempo que Juntos por el Cambio solo retuvo Mendoza Capital.
La incidencia del voto provincial en la recuperación electoral del voto oficialista ha sido decisiva. No solo impusieron inicialmente la candidatura de Sergio Massa. Lograron también, al mismo tiempo, neutralizar la influencia negativa sobre sus electorados de las figuras centrales del kirchnerismoy del Gobierno nacional. De allí que una de las primeas acciones efectivas haya sido la convocatoria a los caudillos provinciales, como paso previo a cualquier definición en torno a la idea de un futuro "gobierno de unidad nacional" -clave indudable de la ventaja programática de Massa sobre la confusa, mezcla de propuestas que terminó enredando y dividiendo hasta límites inexplicables a las fuerzas de oposición.
Las provincias de todos los signos políticos tratarán de compartir los frutos de la nueva situación. Por lo pronto, impondrán desde un primer momento sus agendas respectivas, por sobre la agenda de una política nacional desbordada por reivindicaciones corporativas cada vez más difíciles de conciliar.
La Cuestión Federal sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes de los 40 años de transición democrática. Lo grave es que a la, luz de la dinámica actual de despolarización electoral, el próximo presidente deberá gobernar con un Congreso profundamente dividido, sin mayorías propias y con una promesa de gobierno de unidad nacional.
De allí la conveniencia de que ambas fuerzas en competencia se orienten hacia la conformación de loque podría constituir un "pacto de Estado" centrado en ciertos acuerdos mínimos en torno a los principios organizativos de la Constitución, desarrollados por la ya muy rica experiencia del país en materia de administración y el gobierno bajo condiciones de crisis e incertidumbre como las que, a un dudar, imperaran en los meses que vienen.
Este nuevo pacto debería ser lo más explícitoposible y debería partir de los principios que surgen de las mejores prácticas y experiencias internacionales, muchos de ellos ya recogidos en el texto constitucional de 1994.
La gobernanza multinivel -nacional, regional, provincial, municipal e internacional y la multiplicación de espacios de acción interjurisdiccional es hoy en todo el mundo un escenario de innovaciones institucionales profundas. Reflexionar en común, diseñar alternativas y adoptar resoluciones estratégicas es hoy un desafío que los gobiernos provinciales pueden y deben asumir. Sería ideal que lo asuman precisamente en ocasión de la campaña. Una señal en este sentido beneficiaría a ambos candidatos por igual y contribuiría al mismo tiempo a controlar las resistencias de sectores empeñados en desarticular todo control institucional de los conflictos salvajes entre sectores de interés.
Un acuerdo en el medio de la campaña bien podría aportar la idea seguramente tranquilizadora de avanzar en conjunto la iniciativa de una conferencia nacional de gobernadores, del tipo de las que se han institucionalizado en muchos países federales -con Estados Unidos o México a la cabeza-. Por esta vía, el país podría avanzar por fin hacia una implementación plena y efectiva la Nueva Clausula del Progreso, consagrada en la Constitución de 1994.
Ello implicaría al mismo tiempo devolver a un Congreso Nacional hoy recuperado en su capacidad de mejor representación del país real, la plenitud de sus facultades en todo lo conducente al derecho individual y colectivo al desarrollo humano, el progreso económico con justicia social, la productividad de la economía nacional, la generación de empleo, la formación profesional de los trabajadores, la defensa del valor de la moneda y las posibilidades de nuestro desarrollo científico y tecnológico.
Paralelamente cabría recordar en este punto el mandato constitucional no cumplido al Congreso de velar por el crecimiento armónico de la Nación, la población de nuestros territorios, la promoción de políticas diferenciadas que tiendan al equilibrio federal y que restablezcan los efectos del desarrollo desigual entre nuestras provincias y regiones.
Un pacto de estas características otorgaría a las elecciones del 2023 el carácter de un cambio de ciclo político del país, inspirado en un imprescindible federalismo de concertación. Las condiciones son óptimas. La descentralización actual del sistema de partidos ha convertido a las alianzas gobernantes en cada provincia en la nueva unidad de análisis y de acción del sistema institucional. Surge así una nueva oportunidad para la recuperación de una Argentina federal, precisamente en un contexto de crisis política y de fuerte depresión de las expectativas colectivas.
