(Columna de opinión de Carlos Fara, politólogo y consultor)

En todo el mundo, los políticos intentan tener relatos que los acerquen a los votantes.

“Yo también quiero contar un poco esta historia de Miguel”, dijo la presidenta Cris tina Kirchner al presentar al nuevo responsable de YPF, Miguel Galuccio. Varios años antes, el ex presidente George W. Bush utilizaba una expresión semejante cuando presentó a su primer gabinete tras haber ganado la polémica elección del año 2000, evocando unas “historias que cuentan realmente lo que América puede y debe ser”. Como se puede apreciar, de contar historias (story-telling) se trata, más allá de la diferencia ideológica entre los protagonistas.

¿Por qué se puso de moda contar historias, tener un relato? Como sucede en la mayoría de las veces, la tendencia comienza en Estados Unidos, y más precisamente en el mundo empresarial. Frente a la decadencia del branding (construir marcas), aparece la necesidad de refrescar una y otra vez los posicionamientos a partir de contar nuevas historias que ofrezcan un sentido.

Tener un discurso político y aludir a temas es importante, pero se logrará una instalación mucho mayor si se posee una historia para contar: “Un relato, esa es la clave de todo”, apunta el encuestador norteamericano Stanley Greenberg. “Si no comunicas con historias, no comunicas”, dice James Carville.

Las historias no están dirigidas al intelecto, sino “al niño que aún conservamos dentro”: pura saturación simbólica, pura emoción. Eso es lo que le da la pregnancia simbólica–afectiva que permite pasar por encima de las barreras de acceso cada vez más altas que han desarrollado los electores frente a los mensajes políticos –. Ya teníamos conciencia de la existencia de los spin doctors –especialistas en construir argumentos para dar su propia versión a los medios, a la vez que procuran condicionar el tratamiento que éstos le dan a las noticias–.

Con el auge del story-telling, llegan los story-spinners: aquellos que ayudan a un candidato a confeccionar su historia y han encontrado los mejores métodos para difundir su mensaje. La base de todo esto es que en la mal llamada posmodernidad, donde ya no están vigentes los grandes relatos del pasado, priman las pequeñas historias, las anécdotas, fenómeno que atraviesa a la política, tanto como a los noticieros de televisión y el cine.

Estas historias son refugios de sentido, frente al proceso histórico de la globalización que borra todo límite preexistente. Tal es el impacto de esta tendencia –magníficamente descripta por el francés Christian Salmon en sus 3 libros– que algunos autores ya hablan de que estamos viviendo en una “narrarquía”, es decir, el gobierno de la narrativa. Bill Clinton es muy arriesgado al afirmar que la política hoy ya no consiste en resolver problemas económicos, políticos o militares, “debe dar a la gente la posibilidad de mejorar su historia”. Como si el presidente fuese “el guionista, el realizador y el principal actor de una secuencia política que dura el tiempo de un mandato”, observa Salmon.

Veamos algunas de las claves que componen este “género”: 

-Su esquema apela totalmente a lo emocional, no a lo racional. 

-Sigue la lógica de la audiencia: usar marcos familiares para el público, a partir de los cuales introducir el mensaje.

-Usa las palabras claves, que evoquen las emocionalidades conducentes a despertar adhesión.

-Parte de premisas morales: ¿qué es lo justo, lo correcto?

-Tiene una estructura narrativa: héroes, villanos, víctimas; principio, desarrollo y fin.

Cuando la Presidenta habla tanto del relato, y cuando se dice que la oposición en la Argentina carece de uno alternativo al del kirchnerismo, se está apuntando a esto. James Carville, asesor de Clinton, decía respecto a los republicanos: “Ellos cuentan una historia, nosotros recitamos una letanía”. Evan Cornog alude a que “una campaña presidencial es un gran festival de narración”.

Pero las historias no duran para siempre, sobre todo partiendo de la base de que son cuentos cortos, anécdotas. Por lo tanto “deben proponerse continuamente nuevas historias, las anteriores fallan o cansan al público”. En el mundo posmoderno todo es efímero. La posesión de un relato es un instrumento estratégico en cualquier construcción de poder en la actualidad.

(De la edición impresa)

El desafío es grande porque Europa necesita austeridad en el sur y crecimiento en el norte.

La victoria de Hollande cambia el discurso de austeridad”, tituló jolgórico El País, de España, al día siguiente de las elecciones francesas. La ilusión de los enemigos de la austeridad no tiene límites. Europa, alegan, necesita crecimiento. De seguir por este camino, asustan, lo único que se producirá es una, dos, mil Grecias. Pero esta ilusión hace honor a su nombre, porque lo que Europa necesita son ambas cosas: austeridad (en el sur) y crecimiento, impulsado por políticas expansivas (en el norte).

Los austeros puritanos, encarnados por Alemania, aciertan a medias –y por lo tanto se equivocan–. Pero los gastadores mediterráneos, esperanzados con la victoria del socialismo francés, también. No hay crecimiento que financie jubilados de 60 años y una semana de trabajo de 35 horas en un continente cuya población disminuye y envejece. Con déficit del 5% y crecimiento del 1%, las opciones son bajar el primero y aumentar el segundo al mismo tiempo o abolir las matemáticas. No entenderlo conduce a Atenas.

Pero los tituladores periodísticos transmiten algo más que escasa comprensión. La palabra clave es discurso: hay quienes creen que, cambiándolo, cambian también la realidad. Sufren una sobredosis de posmodernismo. Y los que preguntan qué pasará ahora con el eje París-Berlín padecen la confusión opuesta: piensan que aún existe lo que desde hace rato es sólo escenificación. Merkozy fue una ficción beneficiosa para sus dos componentes: a Angela Merkel le proveía una legitimidad internacional que escondía el unilateralismo alemán, y a Nicolas Sarkozy le brindaba un escudo de prestigio bajo la cual escondía el retroceso de la economía francesa.

Pero el eje binacional se disolvió con el No francés al proyecto de Constitución Europea, y la crisis económica lo dejó al descubierto: hoy las decisiones se toman en Berlín, punto. Bruselas, Frankfurt y París (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Gobierno francés, respectivamente) bailan al son de la flautista que vino del este –o, más bien– de sus electores.

El mantra del crecimiento es vacío: como con la felicidad, todo el mundo aspira a él. La clave está en los medios para alcanzarlo, y el único disponible a corto plazo es proveer liquidez: emitir, sea moneda o bonos europeos. Pero esa política expansiva implica inflación en Alemania. La disyuntiva de hierro es, entonces, complementar con inflación en el norte a la austeridad en el sur o acabar con el euro. El status quo conduce al fin de la moneda única.

Por lo tanto, la cuestión no es si Francia se le planta a Alemania sino con qué recursos cuenta para convencerla de pagar el costo inflacionario de la supervivencia monetaria. Mantener el despilfarro de una economía que hace agua no parece una manera eficiente.

Pero si el resultado de las elecciones francesas se torna irrelevante, el de las griegas es más sugestivo. El avance de los nazis resulta anecdótico: proponen echar a todos los inmigrantes y minar las fronteras terrestres de Grecia, pero no consiguen resolver el conflicto de adorar a Hitler y odiar a los alemanes. Lo importante es otra cosa: la política griega está tan dividida que formar gobierno parece improbable. Pero lo que en Bélgica es prescindible, en un país quebrado es indispensable: si los griegos no cumplen lo prometido en el acuerdo con la UE, dentro de dos meses entrarán en default. Eso, claro, si los bancos españoles no estallan antes.

Y entonces, la retórica procrecimiento de Hollande tendrá tanta capacidad de evitar el desastre como el blindaje de De la Rúa. En resumen, decirle que no a Alemania es simpático pero insuficiente. Lo único que puede salvar a la Unión Europea es la acción alemana, no su omisión. Y para lograrlo, la resistencia es inútil: hace falta lastimar. ¿Estará Hollande decidido a apuntar la pistola contra Berlín, amenazándola con quebrar el euro si no hay cambio de rumbo? Al parecer, él no cree que haga falta: los optimistas piensan que las cosas pueden resolverse mediante la negociación y la obstrucción. Justamente, fueron los optimistas los que una vez apostaron por la Línea Maginot. Creyeron que bastaba con decirle que no a Alemania.

(De la edición impresa)

La pregunta es cómo se incorporarán esos partidos al sistema político democrático.

La crisis económica europea nos lega dos fenómenos: una renacionalización de la vida política en los países de la Unión Europea y el avance electoral de los nacionalismos de ultraderecha. Por estos días, se registraron otros dos casos de avances electorales de la ultraderecha nacionalista, con la notable elección del Frente Nacional francés y del exótico partido Amanecer Dorado en Grecia. El crecimiento de la ultraderecha en todos los países europeos representa un salto del euroescepticismo al antieuropeísmo.

En general, todos estos partidos se caracterizan por una militancia a favor de restringir o eliminar la influencia de Bruselas, y recuperar soberanía decisoria, hoy coartada por el imperio de los bailouts. La campaña entera de Amanecer Dorado se basó en ello. El cansancio europeo tiene también otra expresión nacionalista, más difusa en su mensaje tal vez: la falta de apego de los países grandes hacia el padecimiento de los chicos. El cambio en la opinión pública es notable.

La Unión Europea fue concebida, entre otras razones, para converger y reducir la brecha entre Norte y Sur, pero este concepto está en vías de extinción. “¿Por qué los (eficientes, altos, rubios) alemanes tienen que pagar el costo de la fiesta de los (ineficientes, haraganes, no tan rubios) griegos?”, hemos escuchado hasta el hartazgo. Esto contrasta con el notable esfuerzo que, bajo el paradigma integracionista del Estado de Bienestar europeo, los países ricos de Europa realizaron cuando hubo que incorporar a alemanes del este, polacos y húngaros. Frankfurt am Main aguantó años y años de crecimiento cero para poder compartir bandera con Frankfurt am Oder. Esto ya no está. La Unión Europea, uno de los constructos más impresionantes del Siglo XX, muere de a poco al ritmo de la renacionalización, como advierte Charles Kupchan.

En su más cruda expresión, estos partidos nacionalistas de la ultraderecha europea son, como diría Giovanni Sartori, antisistema. Sin embargo, no está claro si lo son de acuerdo a la definición de los politólogos sistémicos. Ellos habían creado esta categoría para referirse a los partidos de extrema derecha y extrema izquierda (fascistas y comunistas, digamos) cuyos valores estaban contrapuestos con los de la democracia constitucional. De hecho, varias constituciones –entre otras, la española y la argentina– prohíben la actividad de aquellos partidos que atenten contra los valores de la democracia. La categoría antisistema, cabe agregar, hoy es considerada polémica y discutida normativamente.

Estos ultraderechistas no cuestionan a la democracia ni piden cambios radicales en el régimen político. Los franceses, en 2002, creyeron que sí, y por esa razón se movilizaron masivamente para votar por Jacques Chirac en la segunda vuelta –en muchos casos, con la nariz tapada– para evitar que Jean-Marie Le Pen “destruyese la democracia”. Probablemente era cierto, aunque no lo sabemos con seguridad. Sí podemos decir que son antisistema porque se oponen a los partidos establecidos. Nacionalistas franceses y griegos culpan a conservadores y socialdemócratas por los males de sus países. Piden al electorado que los reemplace.

Sin embargo, el futuro de la ultraderecha dependerá más de su voluntad de incorporarse al sistema, que de su oposición a él. Una de las perturbadoras ventajas con que corren los partidos nacionalistas de derecha es que hoy representan una innovación. El rancio discurso de los neofascistas, veinte años atrás, parecía proponer un retorno a la década del treinta, pero hoy se asemeja en muchos aspectos a las respuestas de la época. Oponerse a las instituciones de la UE y el euro, plantear un control de la inmigración y defender los intereses nacionales hoy forman una agenda que permea cada vez más en las políticas europeas.

En este rol de partidos innovadores, recuerdan en alguna medida a la UCEDE argentina o el FREDEMO peruano de fines de los años ‘80. En un momento de fuerte crisis económica e incertidumbre, estos partidos liberal conservadores proponían una solución. Los partidos más populares, que ganaron las elecciones, carecían de un verdadero programa, y pidieron prestadas sus ideas. De ese matrimonio surgió una década política en América Latina.

Así, hay dos grandes escenarios para la ultraderecha europea. Uno de ellos, que está en la cabeza de la mayoría de los analistas, es el destino de los liberal-conservadores latinoamericanos: su absorción por el partido conservador popular establecido, una vez que este va incorporando parcialmente su agenda. Es lo que sucedió con los neofascistas italianos (el MSI devenido en la Alianza Nacional, de Gianfranco Fini, sumado a la Lega Nord), que terminaron abrevando en el berlusconismo. También, el franquismo español terminó siendo absorbido por el ala dura del Partido Popular.

El ritmo de la crisis, no obstante, plantea un escenario alternativo y tal vez más inquietante aún: el reemplazo de los partidos conservadores establecidos por movimientos de ultraderecha emergentes que se incorporan al sistema. Este escenario etnonacionalista, de ciencia ficción hace unos años y hoy ya no tanto, aumenta de probabilidad a medida que se extiende la duración de la crisis.

(De la edición impresa)

Una de las consecuencias de la nacionalización de la petrolera es que el sistema político comienza a despolarizarse.

La reciente nacionalización de YPF permite hacer algunas reflexiones puntuales en cuanto a sus impactos en los planos de la política y la economía política.

1. El Gobierno mantiene un rumbo determinado, popular-inclusivo, dado por una estrategia económica expansiva, que se opone a determinados intereses corporativos nacionales y extranjeros. Desde varios sectores se conjeturaba desde 2011 un “giro a la derecha” dado por una disminución del gasto y de la expansión monetaria, fuerte devaluación o una combinación de todas ellas. El Gobierno, si bien elude un déficit fiscal masivo al estilo europeo o aumentos de salario sin supervisión estatal, a la vez mantiene una agenda de izquierda en las políticas públicas: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que permite expandir su autonomía para dictar política monetaria y la nacionalización de YPF.

Ni “populismo económico” desbocado, ni ajuste o giro a la derecha. El Gobierno elige una estrategia heterodoxa acorde con su base social y organizativa.

2. La segunda consecuencia de la nacionalización de YPF es la despolarización del sistema político. El masivo apoyo obtenido por la iniciativa en el Congreso, esencialmente a partir de los votos de la UCR y el FAP, implicó un realineamiento de la oposición partidaria que se despega de sectores económicos concentrados como los medios dominantes, convertidos hoy en los actores políticos no electos más importantes del escenario púbico actual.

Este reacomodamiento oxigena el sistema político, por cuanto, como aprendimos desde Lewis Coser y las teorías pluralistas, cuando los clivajes se superponen automáticamente y sin matices, estos es, los alineamientos de clase, políticos y culturales coinciden en sus divisiones esenciales, el sistema político tiende a tensarse más. En este caso, la oposición que no es abiertamente de derecha le marca la cancha al eje La Nación-Clarín, dando a entender que puede llegar a aceptar la convergencia o coalición de intereses, pero que no se va a suicidar. Parte de la oposición sistémica, y responsable, tiene el elemental deber de ser una alternativa electoral y no puede plegarse a las estrategias más polarizantes e ideológicas de esos medios dominantes, que terminan convergiendo con sectores como el PRO o Carrió, reducida a la insignificancia electoral en la últimas elecciones.

3. En el plano de la economía política, una estatización del impacto de la de YPF marca con fuerza el retorno de la cuestión de la localización nacional de las empresas, especialmente en sectores estratégicos. En el plano académico, se podría decir que la biblioteca “está dividida”. Algunos autores, en general trabajando desde la órbita del liberalismo, argumentan que la base nacional de una empresa no incide en su desempeño y externalidades positivas para la economía de un determinado país. Otros incentivos como la “seguridad jurídica”, la política de precios y el retorno de las inversiones son factores mucho más decisivos.

Otro campo, heredero de la Teoría de la Dependencia y afines, postula que la localización de una empresa es clave para el desarrollo económico de un determinado país, especialmente cuando se trata de recursos estratégicos. Las empresas nacionales tienen más incentivos para expandirse localmente, apostar más por la estabilidad política económica del país donde tienen base, tienden a desarrollar más proveedores locales y a “derramar” en cuanto a capacitación y tecnología a nivel de la economía nacional. En cualquier caso, la realidad es (sospechosamente) menos ambigua en este plano que en los debates académicos, especialmente cuando se trata de recursos naturales: todos los países tienen grandes empresas energéticas y petroleras de base nacional, y en el caso de las naciones medianas esas empresas son amparadas y protegidas por los estados de una u otra manera, ya se trate de Galp en Portugal, Repsol en España, Petrobras en Brasil, Enap en Chile y así.

Los decisores y las élites políticas y económicas de los países en este plano no miran tanto los debates académicos, y valoran la propiedad o la base nacional en la gestión de las grandes empresas.

El caso español es particularmente paradigmático en cuanto la protección de sus empresas nacionales. Los llamados cinco grandes (las empresas líderes del Ibex de los últimos años), Telefónica, Endesa, Repsol y los bancos BBVA y Santander, fueron catapultados gracias a variados modos de protección y activismo estatal en los años ’80 y ’90. Los mecanismos fueron variados, ya se trate de nacionalizaciones de logística y transportes en red (como en los casos de Endesa y Repsol), barreras de entrada o fusiones financiadas y protegidas por el Estado en que la banca extranjera no podía participar, como el caso del armado de los grupos BBVA y Santander. La crisis española actual marca los límites de esta estrategia. La combinación de liquidez internacional, endeudamiento y pérdida de control nacional de la macroeconomía parece ser destructiva para cualquier estrategia nacional. Aun así, las grandes empresas españolas mencionadas sacaron más de la mitad de sus beneficios de América Latina, con lo cual cabe pensar que las consecuencias hubieran sido peores sin esa estrategia previa de expansión. Repsol, en particular, fue el resultado de una estrategia de intervención estatal que consistió en agrupar emprendimientos menores en el sector de refinación y comercialización, avalar la protección del mercado interno de hidrocarburos que no se abrió hasta mucho después de la entrada en Europa y el desarrollo de una política de privatización basada en la flotación escalonada de acciones en alianza con los grandes bancos, lo que en los hechos impedía la entrada en el grupo de cualquier operador petrolero internacional. Como en toda parábola del liberalismo, Repsol se transforma en un abogado de la “seguridad jurídica” y la competencia libre sólo después de transformarse en un jugador de cierto peso gracias al respaldo del Estado español. Que impugne una estrategia análoga desde la Argentina es solo un mal chiste.

4. El desafío para el Gobierno es probar que se puede realizar una gestión que tome criterios de eficiencia (que no tienen que ser necesariamente los de la derecha económica) desde al campo nacional y popular. La combinación de profesionalización más dirección política señala el camino adecuado. Se debe impedir que YPF vuelva a sufrir problemas que eran anteriores a 1989, como la pérdida de autonomía frente a otras reparticiones del Estado o frente a contratistas y sindicatos. Los ejemplos de la Anses, capaz de ordenar e implementar la AUH en poco tiempo o el de ARSAT, la empresa de comunicación satelital puesta en marcha recientemente, prueban que el Estado puede alcanzar niveles de desempeño sólidos en corto tiempo.

(De la edición impresa)

Luego de las elecciones del 27 de abril de 2003 Néstor Kirchner asumía el Gobierno con un esquema de alianzas que guarda poca relación con el actual.

Cuando el 25 de mayo de 2003 asumía el Gobierno de Néstor Kirchner tras la renuncia malintencionada de Carlos Menem a presentarse al balotaje que surgió de las elecciones del 27 de abril, la palabra que mejor describía a aquel gabinete era la de “continuidad”.

Tras la exitosa presidencia de Eduardo Duhalde, que había logrado cimentar las bases del modelo económico que se asentaría durante el kirchnerismo, y cuando las imágenes del estallido de 2001 aún seguían frescas, era de manual que el flamante Presidente apostaría a mantener los cimientos de aquel Gobierno. Por eso Kirchner jugó fuerte, y logró la continuidad de Roberto Lavagna, que exactamente un año antes de esa victoria (ver entrevista aparte) había asumido como ministro de Economía. El spot que los mostraba juntos, de hecho, fue el que más se proyectó en la campaña.

Un vistazo más amplio sobre los integrantes de aquel primer gabinete y sobre las figuras más relevantes de hace nueve años, cuando comenzó el ciclo kichnerista, muestra cómo han ido cambiando las alianzas y los esquemas de poder desde 2003 a la fecha. Con un Presidente que había llegado al poder con el 22% de los votos, se imponía, y así fue, un gabinete con ministros con peso propio, reconocidos en lo político y con capacidad de gestión.

Un modelo distinto al actual, en el que la Presidenta, tras ganar con el 54% de los votos, puede darse el lujo de conducir un equipo de gobierno con escaso peso político propio. Heredados de la gestión Duhalde, además de la necesaria y estratégica presencia de Lavagna, quedaron Ginés González García en Salud, y otros dos ministros que cambiaron de puesto: Aníbal Fernández en Interior, y José Pampuro en Defensa. Cuatro hombres del peronismo bonaerense que cimentaban los lazos del distrito más importante con un núcleo chico K llegado desde el Sur. Hoy sólo dos siguen siendo miembros de la coalición de Gobierno: Fernández, que en el Senado ha quedado más lejos de los ámbitos de decisión y lo mismo ocurre con Ginés, que es embajador en Chile.

Pampuro terminó su mandato como senador en diciembre y fue cobijado por el sciolismo en el Banco Provincia. Gustavo Béliz, como ministro de Justicia, fue una apuesta inicial de Kirchner que duró un año, y hoy prácticamente ha dado por terminada su carrera política. El resto de los nombres fueron nuevas designaciones de Kirchner que respondían a lo que el ex Presidente ya imaginaba como una coalición orientada hacia el progresismo: Alberto Fernández, figura central del armado K durante la campaña, quedó al frente de la jefatura de Gabinete y tuvo un protagonismo y peso propio a la hora de las decisiones más importantes que ningún otro funcionario que antes o después haya ocupado el cargo.

Fue Fernández quien acercó a Daniel Filmus para la cartera educativa, en un brazo tendido hacia el progresismo porteño, uno de los flancos débiles de lo que había sido la construcción duhaldista y territorio al que el kirchnerismo casi no se había dedicado en la campaña. Rafael Bielsa y Carlos Tomada eran dos hombres de extracción peronista que también mostraban una apertura hacia el progresismo, condición que era muy demandada para rodear al Presidente. Tomada es, de hecho, uno de los tres funcionarios que continúa en el mismo cargo desde aquel 25 de mayo de 2003 y acompañaba a Kirchner desde lo inicios del Grupo Calafate.

Los otros dos son Alicia Kirchner y Julio de Vido, que en aquel momento fueron los dos nombres de extrema confianza, y propios, que aportó Kirchner. Más allá del breve lapso de Alicia como senadora, ambos siguen siendo miembros del gabinete. Pero si Alberto Fernández fue el jefe de gabinete con más poder de la era kirchnerista (y el que más duró), se debe también a la contraposición con sus sucesores: el más inmediato, Sergio Massa, tuvo un despliegue mediático importante, pero sin la visión general de construcción de poder de su predecesor.

Aníbal Fernández fue, durante los más de dos años en la cartera, más un vocero político que un jefe o coordinador del resto de las carteras. En la actualidad, Juan Manuel Abal Medina, con gran formación académica, ha quedado relegado a un segundo plano por la nueva pirámide de jerarquías a la hora de las decisiones –y de comunicarlas– que se ha concentrado en la figura presidencial. El resto de las figuras más importantes del escenario político también ha cambiado.

El Banco Central estaba presidido por Alfonso Prat-Gay, hoy diputado pero por la Coalición Cívica. Incluso quien fuera su reemplazante en 2004, Martín Redrado, también cambió de bando y en las últimas elecciones fue candidato a diputado por el peronismo opositor. Pero el cambio más profundo en Economía se produjo con la llegada de Amado Boudou, ya que la mayoría de sus antecesores había sido –con sus matices– continuadores del legado de Lavagna. Algo similar ocurrió en el Banco Central: la diferencia en cuanto a su visión de la política monetaria entre Prat-Gay y Marcó del Pont es enorme. A su vez, al inicio de este ciclo político la figura más fuerte que tiene actualmente el oficialismo en las cuestiones económicas –Axel Kiccillof– mantenía un perfil distante y crítico de la gestión económica oficial.

El Congreso comenzó con viento a favor para Kirchner. Mantuvo la cohesión de un bloque que heredaba el recambio de 2001, favorable al peronismo y que se mantuvo unido durante 2003. En su primer año de gobierno, el justicialismo obtuvo 69 de los 130 diputados que se pusieron en juego, y bajo la conducción de José María Díaz Bancalari ese bloque acompañó al Presidente hasta mediados de 2005. Ese año se produjo el gesto que determinaría claramente la orientación futura del kirchnerismo, con la ruptura con el duhaldismo en las legislativas.

Tras esas elecciones, el Congreso y el peronismo comenzaron a teñirse de kirchnerismo. Pero figuras que hoy son centrales como Agustín Rossi harían su irrupción en el escenario político nacional bastante después.

En el Congreso hubo distintas etapas. Primero, un intento transversal con sectores de izquierda, posteriormente una concertación con radicales disidentes y finalmente la consolidación de un bloque muy identificado con la figura presidencial. En el mundo sindical también había un panorama diferente al actual. Hasta apenas unos meses antes de la asunción de Kirchner, la CGT estaba dividida entre la CGT oficial, a cargo de Rodolfo Daer y la CGT disidente, bajo el mando de Hugo Moyano, quien tras al apoyo a Rodríguez Saá durante la campaña electoral, se unió al triunvirato que Eduardo Duhalde logró acordar para cimentar su gestión: lo completaban Susana Rueda (Sanidad) y José Luis Lingieri (Obras Sanitarias).

Tras la victoria de Kirchner, las tensiones internas se multiplicaron y Moyano fue designado secretario general en 2004. Hoy, ocho años después, tambalea por primera vez como resultado de una nueva redefinición de alianzas y aliados dentro del kirchnerismo.

La Justicia también era distinta al asumir Kirchner, con una composición que reflejaba el paradigma político de la década anterior. De los nueve jueces que integraban la Corte Suprema el 27 de abril de 2003, sólo Carlos Fayt (pese a sus 94 años), Carlos Maqueda y Enrique Petracchi continúan en el cargo. El resto de los jueces (por entonces de nueve miembros) eran Julio Nazareno, Adolfo Vásquez y Guillermo López, que renunciaron en 2003 ante la posibilidad de resultar destituidos por juicio político, y Eduardo Moliné O’Connor que fue removido de su cargo a fines de ese año. Allí se produjeron los nombramientos de Raúl Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton. Luego fue destituido Antonio Boggiano, en septiembre de 2005, y renunció Augusto Belluscio, nombrándose a Carmen Argibay, que fue la última de los siete magistrados actuales en incorporarse.

La remoción de esa vieja Corte Suprema y el quiebre con el duhaldismo de 2005 fueron dos de los puntos salientes del primer gobierno kirchnerista: el tercer punto de la trilogía puede considerarse el pago de la deuda al FMI, imitando lo que había dispuesto Brasil meses antes. Ese primer mandato de Kirchner se caracterizó por ser más negociador y las grandes medidas del oficialismo llegaron en el primer turno de Cristina (AFJP, AUH, Medios) y, ahora en este turno, con YPF. Pero también fue la etapa de la 125 que llevó al Gobierno a una dura derrota.

El Gobierno de Kirchner que salió segundo en esa primera vuelta de abril de 2003 continuó el inicio de la recuperación que se había dado durante la presidencia de Eduardo Duhalde y sentó las bases político económicas para recomponer la figura presidencial. Un debate que se ha puesto de moda en los últimos meses trata de comparar ese primer período con los de su esposa. Desde la oposición se señala permanente que Kirchner era “más conciliador y negociador”, pese a que durante su Presidencia ninguna de las voces que ahora proclama eso lo dijo públicamente.

Desde el oficialismo, en tanto, se hace hincapié en la disparidad de contextos, locales e internacionales, que han dado marco a los tres gobiernos del ciclo kirchnerista que comenzó simbólicamente ese 27 de abril de 2003 y que lo hizo en una circunstancia específica con una lógica de elección de aliados bien determinada. Del repaso de funcionarios, aliados y figuras políticas del armado kirchnerista que pasaron en los últimos años surge muestran una alta rotación, que expresan distintas etapas del Gobierno. Pero no se trata de una excepción dado que casi todos los gobiernos desde el retorno de la democracia tenían al final de sus mandatos elencos que poco tenían que ver con los iniciales.

(De la edición impresa)

(Columna de Iván Petrella, director acadeémico de la Fundación Pensar)

La inflación y el déficit energético son realidades que el Gobierno intenta ocultar.

En Imperio Michael Hardt y Antonio Negri escriben que “la verdad no nos hará libres, pero tomar el control de la producción de verdad, sí”. Podría ser lema del Gobierno Nacional. Es obvio, Hardt y Negri tienen sus raíces teóricas en Nietzsche y Foucault. Pero no quiero discutir teoría, quiero presentar de manera sencilla como opera, en la realidad, la producción de verdad de parte del Gobierno Nacional.

El Gobierno ha inaugurado una fábrica de producción de verdades que sirve para liberarse de las responsabilidades que le caben por la declinación argentina en relación al mundo y América Latina. Esta fábrica tiene el objetivo de producir y diseminar el relato oficial para que asome como la única verdad. El así llamado “relato” está construido sobre una cadena de medidas que incluye desde cambios metodológicos para especialistas hasta la intimidación de voces disidentes. Así se producen verdades. Dos ejemplos bastan para demostrarlo: la inflación y el déficit energético.

En 2007 el INDEC fue intervenido. En particular, se modificó la metodología utilizada para calcular el índice de inflación, reduciendo la cantidad y cobertura geográfica de los productos incluidos en el IPC: el número de variedades disminuyó 50%, el número de precios relevados disminuyó 60% y el promedio del número de observaciones por variedad disminuyó 50%. Entre los productos eliminados de la muestra se encuentran alimentos básicos –como algunos cortes de carne– y servicios, como la enseñanza universitaria, el servicio doméstico y los cigarrillos. El resultado es un nivel de inflación oficial mucho menor al que el Gobierno debería reconocer sin estos cambios. Tras la intervención, queda la tarea de hacerla efectiva. Para ello el Gobierno se encargó de intimidar y de aplicar multas a consultoras privadas que difundían índices independientes.

Inclusive, se iniciaron acciones legales contra los economistas Carlos Melconian y Orlando Ferreres, fundamentadas en la aplicación de la Ley de Lealtad Comercial, sancionada por la última dictadura en mayo de 1983. Está claro que la racionalidad detrás de estas medidas es la de mantener una realidad creada a partir de las estadísticas oficiales. En lo que va del año la inflación oficial de enero fue de 0,9% y la de marzo de 0,9% en contraposición con el 2% y 2,3% estimado por consultoras privadas, respectivamente. En lugares donde el aparato de intimidación del Gobierno no llega, como la revista The Economist, han decidido sencillamente no publicar datos de inflación para el país.

El segundo ejemplo de producción de verdad es la expropiación de YPF. El “relato” se basa en un discurso nacionalista a favor de la recuperación de la soberanía de nuestros recursos energéticos. Sin embargo, hay una cruda realidad: la destrucción y el vaciamiento del aparato energético nacional han sido convalidados por los integrantes de este mismo Gobierno. En diciembre del 2007 Néstor Kirchner acordó el ingreso de Enrique Eskenazi, del Grupo Petersen, a YPF con la compra del 14,9%, luego incrementado al 25%, del capital accionario. Esta transacción fue financiada por diversos bancos internacionales y por la petrolera misma, que le otorgó un préstamo por casi la mitad del total de la transacción. YPF, con consentimiento del Gobierno, acordó pagar 90% de sus ingresos en dividendos para que Eskenazi pueda saldar su deuda.

El Gobierno Nacional, que ahora acusa a Repsol de vaciamiento, era dueño de la acción de oro, pero jamás cuestiono los balances de la empresa y hasta hace poco elogiaba el compromiso de la empresa de invertir en el país. ¿Cómo se tapa la crisis energética y el rol del Gobierno Nacional en ella? Siguiendo el método que ya vimos en el INDEC. El primer paso es un cambio metodológico. A partir del 2005 las reservas energéticas comenzaron a medirse tomando en cuenta la vida útil del yacimiento en lugar del final de la concesión de la empresa encargada de explotarlo como tradicionalmente se había hecho.

Según estadísticas de la Secretaría de Energía, a fines del 2002, las reservas de gas eran de 660 mil millones de metros cúbicos. Para fines del 2010, éstas eran de 358 mil millones de metros cúbicos: una disminución de 45%. En cuanto a las reservas de petróleo, el Gobierno de Kirchner recibió un total de 448 millones de metros cúbicos, mientras que a fines del año 2010 eran de 401 millones de metros cúbicos: una baja de 10%. Sin ese cambio metodológico la caída en reservas sería aún mucho mayor. Vemos, de nuevo, que se modifican estadísticas oficiales como parte de la producción de verdades. La inflación y la crisis energética son apenas dos ejemplos de la labor de una fábrica que trabaja con recursos sofisticados –como los cambios metodológicos mencionados arriba– y otros más burdos.

Entre estos últimos esta la creación de un aparato mediático sostenido con privilegios y dineros públicos. Esta práctica se sostiene en el reparto discrecional de la pauta de publicidad oficial, beneficiando a los medios cuya línea editorial es afín al Gobierno, en detrimento de los restantes, especialmente diarios de alcance masivo como Clarín y La Nación. Esta distribución inequitativa está construida sobre un vacío desde el punto de vista legal, dada la ausencia de normas al respecto en la legislación federal. Los vacíos en la ley permiten al Gobierno mantener su relato a través de un grupo de medios amigos.

El Gobierno también ha creado un aparato paraoficial, a través de la politización de medios que se encargan de defender su gestión. Un claro ejemplo es el programa 6,7,8 en el canal de televisión pública, donde los periodistas repiten incansablemente las verdades del “relato” oficial. Otro ejemplo la proporciona la agencia oficial Télam, utilizada como una herramienta de propaganda al servicio del Gobierno y la construcción de verdad. Ya lo ha demostrado el ex director de la agencia, Martín García, cuando afirmó: “No queremos periodistas, queremos militantes”. Por otra parte, el Gobierno ha utilizado la cadena nacional, aun contrariando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impulsada por el kirchnerismo y sancionada en 2009, que en su artículo 75 establece que el Poder Ejecutivo podrá recurrir a este mecanismo solamente en “situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”. Néstor Kirchner la utilizó sólo dos veces durante su Presidencia, mientras que para Cristina Fernández no existen cifras exactas dadas la extensa utilización que hizo de las mismas.

La ausencia de conferencias de prensa durante el Gobierno de Cristina es otra manera de callar voces disidentes y el cuestionamiento del relato oficial por parte de los periodistas. La fábrica de verdades se construye sobre tergiversaciones en las estadísticas oficiales, la creación de un aparato de medios amigos a través de la distribución de beneficios y la intimidación y la eliminación de voces independientes. En este punto la política de nuestro país se cruza con la literatura, ya que parece tomar actualidad aquella reflexión de George Orwell en 1984, “quien controla el presente controla el pasado” y “quien controla el pasado controla el futuro”.

(De la edición impresa)

Amparada quizás por el 54% de los votos, la Presidenta avanza con firmeza hacia algún lugar que no fue sometido al escrutinio de las urnas. El segundo mandato mostró, casi desde el arranque, un tránsito de dos caminos: el económico y el ideológico. En cuanto al primero, la insuficiencia de los recursos puso en marcha medidas tales como el intento de desmontar los subsidios. Al poco tiempo se vio que estaban prácticamente adosados a parte del salario y su desmantelamiento podría resultar riesgoso. Pero vinieron otras medidas. El intento de evitar la salida de divisas puso en juego un molesto mecanismo de control de cambios y, más recientemente, limitaciones a la extracción de dólares desde el exterior. También se impusieron limitaciones a las importaciones, aparentemente con el mismo objetivo de evitar el drenaje de divisas. Desde la perspectiva oficial se lo emparentó con una suerte de nueva sustitución de importaciones, el crecimiento de la industria nacional y el logro de mayor empleo. Todas estas medidas ya se ensayaron en otras épocas, igual que las medidas opuestas.

También se reformó la Carga Orgánica del BCRA, que le otorga un poder, en realidad, al Presidente de la Nación. Se podrá aumentar el dinero circulante sin necesidad de la correspondiente cantidad de dólares en reservas. Se abren dos puertas complicadas teniendo en cuenta los accidentes de nuestra historia: la disponibilidad de las reservas para financiar los gastos del Tesoro y la emisión de dinero. Las reservas no son del Gobierno y la función del banco es protegerlas para mantener el valor del circulante. Una reforma que ponga al Banco Central en mayor dependencia del Ejecutivo es un paso más a la concentración de poder. Desde otra vereda se dice que la medida será positiva pues permitirá que el Ejecutivo tenga más herramientas fiscales y monetarias para dirigir el crédito y el crecimiento del país. Y el viceministro Axel Kicillof señaló que la principal función del banco no es mantener el valor de la moneda. Todas estas discusiones ya se dieron y ensayaron hace tiempo. Mucho tiempo.

Desde lo ideológico se dio un giro hacia un discurso y una acción más nacionalista. Reapareció el tema Malvinas, que debería ser manejado con extrema prudencia. Existe una política de reclamo de la soberanía de las islas que viene de larga data. En 1965, en el seno de las Naciones Unidas, la Asamblea General instó a las partes a negociar con el fin de encontrar una salida pacífica a la disputa y teniendo en cuenta los “intereses” de los isleños. Lamentablemente, luego de la guerra nuestra situación quedó más comprometida. En la reforma constitucional de 1994, la disposición transitoria primera ratifica la vocación argentina en torno de las islas. Desde el punto de vista político, tanto el Reino Unido como la Argentina han utilizado internamente el tema Malvinas. Ahora, tanto David Cameron como Cristina Fernández han vuelto a blandir el conflicto en torno de Malvinas. Una política verbalmente agresiva en relación a las islas y los kelpers no favorece al país. La estrategia por donde debería transitar es la vía diplomática. ¿Pero cómo resistirse al fuego gratuito de las palabras que encienden el apoyo popular?

La nacionalización del 51% de las acciones de YPF y la expropiación a Repsol fue la medida más polémica de los últimos días. Cuesta defender el comportamiento de la petrolera española durante los últimos años y la inacción del “socio argentino” prohijado por el Gobierno. Pero también el proceder de un Gobierno que fue corresponsable de las decisiones de la compañía y, lo que es más importante, de la política energética en general. Y lo que es menos comprensible es la falta de una “diplomacia activa” que ilustrara al mundo las supuestas falencias de Repsol que habrían causado la expropiación. El discurso nacionalista rinde electoralmente. Atrapa por izquierda y por derecha, y se expande sobre los independientes. Reactualiza viejos traumas partidarios, como los de los radicales y su tormentosa relación con el “oro negro”.Vértigo que va desde el supuesto “golpe petróleo” de Hipólito Yrigoyen, los contratos de Arturo Frondizi, la anulación de Arturo Illia y el autoabastecimiento de Raúl Alfonsín. YPF es causa común, hasta de los que no tienen causa.

En términos tácticos, la expropiación parece ser una jugada de pura suma donde al apoyo popular se agrega el acompañamiento –más o menos crítico– de gran parte de la oposición y el surgimiento de un nuevo y potencial enemigo: el resto del mundo. Los medios y el mundo no compiten electoralmente, pero sí son una oposición cuya luz se va apagando sin prisa, pero sin pausa. La Presidenta, quiéralo o no, está volviendo al manual del peronismo clásico, pero con otros peronistas. Las palabras clave del populismo son Estado, Pueblo, Nación y, por cierto, el papel del líder como contraparte de un funcionamiento institucional que desconoce los resortes liberales –en términos políticos– que delinean una democracia de corte republicana. Y no estaría completo sin el componente antiimperialista.

Pero en nuestros días resultaría una exagerada retórica para los países que están insertos formalmente en el esquema internacional, por ejemplo, perteneciendo al G-20. En su lugar, un nacionalismo controlado operaría como sucedáneo. ¿Estaremos ingresando en otra etapa del kirchnerismo? La primera fue la del kirchnerismo original, encarnado por el Néstor Kirchner durante su gestión. La segunda fue un kirchnerismo cristinizado, que fue cobrando forma y color desde el fallecimiento del jefe político. La tercera parece haber comenzado con la asunción del segundo Gobierno de Cristina. ¿Este neokirchnerismo se parece más al peronismo clásico? ¿Es una versión más cercana al populismo definido más en términos políticos que filosóficos? ¿Cierra más con las características delegativas señaladas por Guillermo O’Donnell?

Probablemente la respuesta circule por otros andariveles menos emparentados con la teoría y el comportamiento de una clase política que, lamentablemente, “hace historia”. Pero esta historia parece responder a una variable tan independiente como profunda: la “matriz cultural” que se reproduce de generación en generación, en forma latente o manifiesta y presenta como nuevas prácticas y discursos a aquella que afloran intermitentemente pero tienen una antigua fecha de nacimiento. Es la sociedad la que, en el centro de la escena, pone su firma a la continuidad o no de políticas, sea la vuelta o el retroceso del estatismo y el intervencionismo económico, el reverdecimiento o el eclipse del sentimiento nacionalista –sea malvinense o petrolero–, el encumbramiento del líder y su defenestración. La sociedad que va optando por la dicotomía de dos series de distinto ADN político.

De un lado, soberanía y lucha nacional, pueblo, Estado y Nación, causa nacional y popular y, del otro, República, división de poderes, Estado de derecho y seguridad jurídica. Y en el medio de las series la palabra “democracia” como botín de apropiación colectiva.

(De la edición impresa)

Con la expropiación, ¿la Argentina rema contra el mundo o se incorpora a él?

El Gobierno argentino expropió el 51% de las acciones de Repsol–YPF y generó una fuerte reacción del Gobierno español, que busca la solidaridad de otros gobiernos y actores internacionales para su reclamo. ¿La Argentina rema contra el mundo, o se incorpora a él?

Quienes creen que la Argentina rema contra el mundo sopesan los riesgos de sanciones que enuncia el Gobierno español. En el plano bilateral, la Madre Patria puede restringir las importaciones provenientes de nuestro país. En el multilateral, pedir que la Unión Europea quite preferencias comerciales a la Argentina –lo que requeriría unanimidad en el Consejo de Europa, algo difícil de lograr– e inducir una suba del riesgo de inversión argentina a través de sus bancos y agencias de seguros en la Unión de Berna –riesgo que, cabe mencionar, ya es alto por la cuestión pendiente del Club de París, y que poco parece preocupar al Gobierno argentino.

En un segundo plano quedan iniciativas poco razonables, como la expulsión de la Argentina del G–20 que propicia The Wall Street Journal. Por otro lado, quienes creen que la Argentina se incorpora al mundo con esta decisión enfatizan el hecho de que la tendencia mundial es el aumento del control de los recursos energéticos por parte de empresas nacionales.

De acuerdo con la consultora Petroleum Intelligence Weekly Ranks, 16 de las 20 empresas más grandes de petróleo y gas del mundo son propiedad, en forma mayoritaria, parcial o total, de los Estados nacionales. Estas compañías, llamadas NOCs (National Oil Companies), controlan el 90% del petróleo mundial. En el imaginario social, el petróleo del mundo está en manos de grandes empresas multinacionales como Exxon, Shell o British Petroleum, pero esto no es así. La NOC Saudi Aramco, la mayor de todas las empresas petroleras del mundo, posee reservas que superan en diez veces a las de Exxon, la tercera más grande. La segunda es NIOC, la empresa petrolera iraní, la cuarta es la venezolana PDVSA y la quinta es la china CNPC.

Las NOCs son cualitativamente diferentes de las empresas privadas nacionales y multinacionales: mientras que estas últimas están esencialmente orientadas a la maximización de sus utilidades, las NOCs se plantean una pluralidad de objetivos económicos y sociales. Por esa razón, un estudio reciente del Banco Mundial sobre creación de valor por parte de las NOCs, coordinado por Silvana Tordo, concluye en que se trata de organizaciones muy difíciles de comparar. Las privadas y grandes multinacionales son relativamente más importantes en la producción: según PIWR, las NOCs poseen 9 de cada 10 barriles, pero extraen 5,5 –el mencionado estudio del Banco Mundial dice que son 7,5–.

Y uno de los principales argumentos a favor de la privatización –parcial o total– de las empresas petroleras fue y sigue siendo la eficiencia de las multinacionales. Las NOCs, como advertía un artículo de hace unos años The Economist, están dominadas por la política y tienden, por lo tanto, a contratar demasiada gente, a estar gerenciadas por políticos no especialistas en el negocio, y a desviar sus ganancias a subsidiar el Tesoro, generando desinversión.

En esta línea, suele atribuirse a la supuesta ineficiencia de las NOCs los problemas de caída de producción y sobreprecio que frecuentemente sufre el mercado energético mundial. De hecho, una de las explicaciones corrientes de la crisis petrolera mundial de los años ’70 es atribuir la responsabilidad a los problemas organizacionales de las NOC, junto a la política de la OPEP. Esta línea de interpretación surge del hecho de que la oleada mundial de nacionalizaciones del petróleo se produce durante las décadas de 1950 y 1960 en Oriente Medio, Africa, Asia y América Latina.

Entre estos hitos, figura la renacionalización del petróleo argentino impulsada por la presidencia de Arturo Illia. Hasta entonces, el negocio del petróleo y gas había estado casi exclusivamente dominado por las grandes multinacionales de Estados Unidos y Europa, y sólo soviéticos y mexicanos lo habían desafiado. Las privatizaciones de las décadas del ‘80 y ‘90 fueron menores en gas y petróleo, comparadas con las de servicios públicos y comunicaciones, aunque se registraron muchos casos de incorporación de inversión privada internacional a partir del modelo de concesión de áreas.

Pero a partir del Siglo XXI, se produce una nueva oleada de nacionalizaciones, que comienza en la Rusia de Putin. En nuestra región, renacionalizan su industria petrolera Venezuela y Bolivia, y ahora se suma la Argentina. Esto, sumado al hecho de que la mayor parte de los nuevos descubrimientos de reservas se produjeron en áreas controladas por las NOCs, produjo un crecimiento de estas compañías, reflejado en los porcentajes citados.

Hay dos incentivos económicos a la nacionalización que explican esta tendencia: los precios del petróleo crecen, y tanto las mismas NOCs, que cuentan ya con gran experiencia en el manejo de sus negocios, como los BRICS, que están dispuestos a asociarse y consumir la producción energética exportable, estimulan a los países emergentes y en desarrollo a tomar control de sus recursos naturales. Cuando el CEO de Repsol advierte al Gobierno Argentino que ninguna empresa petrolera estará dispuesta a invertir en nuestro país después de la expropiación, no dice la verdad. El sabe que sobran los chinos, rusos y brasileños interesados en hacerlo.

(De la edición impresa)

La reestatización de YPF vuelve a poner en discusión los dilemas y contradicciones del nacionalismo popular.

La sensación de estar protagonizando momentos trascendentes ha vuelto a dejar sus marcas en este primer semestre del segundo mandato de Cristina Fernández, la que –con la decisión de expropiar y reestatizar YPF– ya tiene su abril memorable, inscripto con trazos propios. Muchos se ocuparon de fijar la fecha como un hito emparentado con las grandes efemérides argentinas y las batallas emancipatorias por la soberanía. Otros lo vieron como un sucedáneo del resonante default de la deuda externa a fines del 2001 e incluso recordaron aquel otro abril de hace treinta años, el de Malvinas 1982.

Entre la gesta del nacionalismo popular y el gesto del arrebato nacionalista, con una Presidenta que puede colocarse delante del panteón nacional junto a Yrigoyen y Perón y, al mismo tiempo, evocar con su anuncio intempestivo a Galtieri y Rodríguez Saá, habrá que dejar correr un tiempo para calibrar el lugar que tendrá el lunes 16 de abril de 2012 en las páginas de los libros de historia.

¿Reencuentro con una tradición ligada a la defensa del patrimonio nacional o nueva muestra de que el pasado se reescribe a conveniencia de las necesidades y urgencias de la coyuntura? ¿Un paso más en la recuperación de la gobernabilidad de la economía argentina o una fuga hacia adelante que acentúa la crisis de la matriz energética? ¿Acto de fortaleza política o reconocimiento de una fragilidad estructural y confesión de un fracaso? ¿Una decisión estratégica que coloca al país en posición de liderazgo regional y afirmación de un camino de vanguardia, desmarcado de la crisis del modelo neoliberal frente a las corporaciones transnacionales, o una operación de distracción tan osada como improvisada, que profundiza el aislamiento externo y marcha a contramano de la creciente interdependencia? ¿Golpe maestro o manotazo de ahogado? ¿Más cerca de Brasil y China o de Venezuela y Bolivia? ¿Cambio fundamental en el modelo de negocios o renovación del “capitalismo de amigos”?

Todo eso se escribió en las últimas semanas, y así de inmenso es el carácter bifronte y polar del acontecimiento; según el andarivel que se decida recorrer –y esto es algo más profundo que el diario que se decida leer o el relato al que se adscriba– dará para verlo de uno u otro modo y estaremos yendo hacia el mejor o el peor de los escenarios posibles. En ocho años de gobierno, el kirchnerismo –principal movimiento político de las primeras dos décadas del Siglo XXI– no ha logrado sacar el petróleo de las napas y mover con él las palancas del desarrollo nacional, pero no caben dudas de que ha hecho gala de su notable capacidad para despertar las pasiones de la Argentina subterránea, instalar las agendas y recrear los debates históricos que siguen moviendo la política nacional. Hay quienes creen que así se escribe y se cambia la Historia, a favor de las mayorías populares y con una orientación progresista.

Que esta decisión marca el punto más alto de las políticas públicas de transformación y recuperación de la soberanía nacional y la divisoria de aguas entre quienes están con un proyecto de país nacional y popular y quienes continúan bajo las recetas neoliberales y el Consenso de Washington. Las comparaciones con Malvinas pueden resultar temerarias y tramposas, pero también aleccionan sobre los riesgos de obnubilarse con una manifestación voluntarista y declamatoria de poder nacional que puede resultar un espejismo, redundando en momentáneos beneficios internos pero contraproducente al fin si no se la acompaña con una hábil negociación diplomática, adecuada articulación de intereses y construcción de capacidades estatales.

Lo que no ha sido, precisamente, algo de lo que hayan hecho gala los pasos tomados por el Gobierno con Repsol e YPF en los últimos años y las últimas semanas. Es cierto que la reestatización de la empresa petrolera nacional, luego de tantos desaguisados, ha suscitado un alto respaldo en la opinión pública, ya que puso en movimiento el debate parlamentario y dejó a la oposición nuevamente cautiva de sus propias contradicciones y limitaciones. ¿Costaba mucho anunciar el envío del proyecto de ley, proponer el debate y buscar los consensos e incluso convocar a un referéndum, tratándose de un tema de capital importancia, en lugar de hacerlo a la mejor manera decisionista y discrecional, con decretos y alegaciones de excepcionalidad?

Pero se hizo como se hizo, con el estilo característico que resignifica y envuelve la profundización del ajuste con una combinación prodigiosa de “sintonía fina” y “vamos por todo”; porque como dijo la Presidenta, “la Historia no se construye como uno quiere sino como uno puede”. Encontró para ello a una nueva espada con grandes ambiciones, exponente de la renovación generacional en la élite gobernante: Axel Kicillof, esa mezcla de Ernesto Guevara y Domingo Cavallo, que parece haber deslumbrado a Cristina como aquellos a Fidel y Menem.

Mientras tanto, cabe preguntarse en qué quedarán las denuncias y sospechas sobre las redes de negocios y arreglos que tienen al vicepresidente Boudou como uno de los principales gestores o partes; cuánto del caso Ciccone se trata de un caso más de irregularidades y desvíos y cuánto del modo en que funciona “normalmente” el proceso de toma de decisiones en los más diversos niveles y temas: las concesiones y regulaciones en el funcionamiento del transporte público, la explotación minera y la producción de hidrocarburos. Nos obsesionamos con los fines que se pretenden alcanzar o las causas que creemos defender, nos despreocupamos del “cómo” y así nos perdemos en la maraña de justificaciones, atajos y transgresiones.

La expropiación de YPF también será mirada con ese prisma: las inversiones que requiera el Estado para recuperar el autoabastecimiento reclamarán la seguridad jurídica que evite lo que ocurrió con Repsol y el Grupo Eskenazi, ese vaciamiento ocurrido en los últimos años del que el kirchnerismo no quiere hacerse cargo. Oponer el nacionalismo popular al republicanismo democrático es una muestra de debilidad y no de fortaleza. Por eso no sorprende que la Argentina figure en el lote entre los países más corruptos de América Latina, según el ranking de Transparencia Internacional, en el puesto 100 sobre un total de 183.

Que existan esos niveles de corrupción e inseguridad jurídica ya es un problema serio. Que se los niegue o, más grave aún, se los exhiba como un atributo de poder, lo es aún más. Muestra que seguimos más cerca de los gestos e imposturas que de las gestas que creemos y queremos protagonizar, como país que construya una real y efectiva autodeterminación nacional, sin ofensas ni embauques.

(De la edición impresa)